PNP elimina mensaje donde exponía “operaciones psicológicas contraterroristas” a menores

La Policía Nacional del Perú (PNP) borró este martes un mensaje en Twitter donde expuso la ejecución de “operaciones psicológicas contraterroristas” para el Club de Menores de la Comisaría de Tacalá, en la región norteña de Piura.

El mensaje informaba que el trabajo fue liderado por efectivos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en la I.E. José Carlos Mariátegui; sin embargo, fue retirado de la plataforma social tras una ola de críticas a la que se sumó Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros.

Las fuerzas policiales irrumpieron en el campus y embistieron la puerta con un vehículo blindado. Tras reducirlos en el suelo, salieron con 193 personas en un polémico operativo criticado por organizaciones de derechos humanos. Ahora la institución vuelve al centro de la polémica por la reciente publicación.

“¿Está autorizada para hacer operaciones psicológicas contraterroristas en la niñez? ¿Hay guía aprobada?”, cuestionó la expremier Mirtha Vásquez al notificar la acción al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El mensaje de la PNP, denunciada por represión en las movilizaciones antigubernamentales, llega después de que el Ministerio del Interior habilitara un canal de atención para recibir denuncias de apología al terrorismo, mientras que las autoridades judiciales investigan más de 600 casos, uno de ellos atribuido al líder etnocacerista Antauro Humala.

El letrado especificó que 546 de los casos son por la modalidad de apología al terrorismo en redes sociales, que semanas atrás tuvo sus primeras condenas en el país contra tres personas que recibieron ocho años de cárcel.

“Los sentenciados incurrieron en apología a favor de una persona condenada por el delito de terrorismo”, señaló Ruiz antes de indicar que enaltecieron la figura del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Ruiz explicó que la modalidad de apología al terrorismo en redes sociales se estableció en el país en 2017, ante el avance de internet y las redes sociales, que trasladó hacia esas plataformas las publicaciones que antes se podían hacer en panfletos, boletines, semanarios o movilizaciones de organizaciones.

Si este delito se comete “de manera pública”, a través de redes sociales, libros u otras publicaciones, la pena es no menor de 8 años ni mayor a 15 años de cárcel, mientras que si no es de manera pública recibe de 4 años a 8 años de prisión.

Desde el inicio del estallido social, 47 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Juliaca y las calles del centro de Lima han sido testigos de una enorme presencia policial y de una represión que organizaciones de derechos humanos han definido como “indiscriminada” y con un claro componente “racista”.

Las críticas se han multiplicado con los ataques indiscriminados contra la prensa, más de 150, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la mayoría protagonizados por agentes policiales.

Hasta el momento, ni la presidenta Dina Boluarte ni el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ni ninguno de los ministros responsables de las carteras de Interior o Defensa, han criticado en público estos ataques.