La legisladora Paredes afirmó que el exmandatario Pedro Castillo cambió “muchas veces de abogado”, por ello, se generó algunas interferencias en el debido proceso.
“El viernes a las diez de la mañana el expresidente debe venir [al Pleno] o transmitirse una [videollamada], desde el penal donde se encuentra, y hacer su audiencia”, manifestó.
El congresista Diego Bazán, en declaraciones a los medios de comunicación, señala que “ya no debería existir ninguna reprogramación” del debate de la Comisión Permanente.
“Tenemos que dar por zanjado el asunto y, en dos semanas máximo, sin ningún problema, se puede estar determinando el antejuicio político para el Sr. Castillo (...) Si es que finalmente el tema se determina, Castillo debería estar pasando entre veinte y 25 años de cárcel que es lo que corresponde; no por dictador, sino por delincuente”, indicó.
Agregó que los elementos de convicción en este caso son contundentes, por ello, aseguró esperar que la citada comisión apruebe dicho informe.
El titular del Congreso, José Williams, reprograma el debate del informe final para el viernes a las diez de la mañana. Asegura que se realizará el debate con o sin la presencia de las partes denunciadas. El exmandatario será citado a declarar en el hemiciclo.
La presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea que el debate se realice, a más tardar, el jueves nueve. Además, sugiere que tanto Pachas como su patrocinado, el expresidente Castillo, participen en la SAC este martes siete de enero.
La congresista Susel Paredes, también integrante de la SAC, respaldó las declaraciones de Camones Soriano y pidió celeridad en el caso.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, rechaza las afirmaciones del abogado Eduardo Pachas. Señala que sí se le notificó a la defensa legal del exmandatario hasta en dos ocasiones, oficios que no fueron respondidos en su momento.
La legisladora de Alianza para el Progreso asegura que Pachas nunca se acreditó como abogado defensor.
El congresista encargado de la elaboración del informe final, Diego Bazán (Avanza País), pide que la posibilidad de la reprogramación sea sometida al voto. Destaca que en la última sesión, la defensa legal no advirtió de esta presunta falta, por ello, denuncia que se busca dilatar el proceso. Plantea que, de suscitarse la reprogramación, la audiencia se realice el jueves nueve del presente mes.
La Comisión Permanente del Congreso, presidido por José Williams, anunció la reprogramación del debate sobre el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal Barbadillo, de al menos tres delitos presuntamente cometidos durante su exgestión.
La Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, extendió dicho recurso al Congreso en octubre del año pasado. En el documento se le atribuyen al exmandatario los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
La sesión iniciará a las diez de la mañana y, tras su evaluación, el expediente deberá ser enviado al Pleno. Este también incluye a los exministros Geiner Alvarado, extitular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y al hoy prófugo Juan Silva, quien presidió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El treinta de diciembre del año pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), aprobó el informe final con 16 votos a favor, seis en contra y una abstención.
En dicha sesión, al menos seis legisladores oficialistas votaron en contra de la acusación contra Castillo Terrones. Estos fueron los parlamentarios José Balcázar, de la bancada Perú Bicentenario; Hamlet Echevarría, de Perú Democrático; y Segundo Montalvo, Flavio Cruz y Margot Palacios, de Perú Libre; grupo parlamentario que se subdividió en los dos primeros grupos parlamentarios y otros.
El informe de la denuncia constitucional N° 307, a cargo del legislador Diego Bazán (Avanza País), concluye acusar al profesor cajamarquino por los supuestos que se detallan a continuación:
A las mencionadas denuncias se suman otros tres, también extendidos por el Ministerio Público, en torno al autogolpe de Estado realizado por Pedro Castillo. Esta acción, perpetrada el pasado siete de diciembre del 2022, llevó a que el juez Juan Carlos Checkley dictara 18 meses de prisión preventiva contra el maestro rural.
El magistrado dispuso dicha medida al encontrar fundados los elementos de convicción de la Fiscalía, las mismas que pueden llevar a una eventual condena superior a cuatro años de pena privativa de la libertad.
A Castillo Terrones, junto a su expremier Aníbal Torres, se les invesiga por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
La congresista Betssy Chávez, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros (PCM) en la citada fecha, también tiene una investigación abierta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por este tema. La denuncia fiscal también comprende al congresista Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo y el exministro Willy Huerta, quien lideró la cartera del Interior.