La Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca (Puno), informó este martes que su cámara de seguridad no tiene registro gráfico del pasado 9 de enero, cuando 17 personas fallecieron por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Fue el día más mortífero desde que comenzó el estallido social en el Perú.
Las violentas acciones ocurrieron cuando una turba de unas dos mil personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad, donde una cámara de seguridad municipal, ubicada justo al frente, dejó de funcionar tres días antes y, a la fecha, se encuentra inoperativa, según un documento del Departamento de Vigilancia Remota de la comuna publicado por Ojo Público.
Rosa Luque, madre de uno de los fallecidos, denunció al portal periodístico que la ausencia de este material clave nubla las investigaciones del Ministerio Público, sobre todo tras los resultados de las necropsias, que confirmaron impactos de proyectiles de armas de fuego en todos los cuerpos, tal como informó el jefe de Medicina Legal de Juliaca, Edward Mena.
“Nos dicen que solamente se grabó hasta el 6 [de enero]. Es horrible todo lo que estamos viviendo acá. Mi hijo acababa de cumplir 18 años, no participaba de las protestas, de casualidad [pasó por ahí] y nunca más volvió”, dijo Luque, aferrada a un cartel en la que exige justicia por Helioth Christian.
“No sabemos quiénes son los policías que han venido ese día, pero por comentarios sabemos que han venido de Lima. Se ha hecho una masacre acá en Juliaca“, añadió.
Según su relato, Helioth planeaba ir a Bolivia a estudiar Medicina. “Sus amigos ya están allá. También quería ser militar, servir a su patria, defender a su pueblo, no como los militares de acá. A eso no se llama héroes”, señaló la madre al ratificar la responsabilidad política de la presidenta Dina Boluarte sobre las muertes.
Pesquisas
Tras la “masacre en Juliaca”, donde también un policía quemado vivo, la Fiscalía de la Nación anunció entonces una investigación preliminar contra Boluarte y una serie de ministros y exministros por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las movilizaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Estas regiones han sido testigos de una enorme presencia policial y de una represión que organizaciones de derechos humanos han definido como “indiscriminada” y con un claro componente “racista”.
Boluarte, en tanto, permaneció durante más de cuatro días en el silencio, hasta que emitió un mensaje a la nación en el que atribuyó el “desorden y el caos” a “sectores extremistas” con “claros intereses subalternos” para “destruir la institucionalidad y la democracia”.
También ha defendido la “conducta inmaculada” de las fuerzas del orden y reiterado que, detrás de las “justas demandas” de los manifestantes, se esconden intereses de grupos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Las críticas contra su administración se han multiplicado con los ataques contra la prensa, más de 150, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la mayoría protagonizados por agentes policiales.
Hasta el momento, ni la presidenta ni el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ni ninguno de los ministros responsables de las carteras de Interior o Defensa, han criticado estos ataques.
El oscuro panorama del país, cuyo Congreso rechazó cuatro iniciativas para efectuar comicios este 2023 —una de las principales demandas de las protestas—, lo completa la muerte de otras 14 personas que han fallecido en sucesos relacionados con los paros y bloqueos.
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