Hasta 15 años de prisión puede enfrentar policía que disparó lacrimógena contra Víctor Santisteban

—Le volaron los sesos, lo siento mucho.

La sangre de Víctor Santisteban Yacasavilca quedó grabada como una gran mancha sobre el asfalto en el Centro Histórico de Lima. A sus 55 años iba a ser abuelo, pero en cambio se convirtió en la víctima mortal número 58 de -aparentemente- la represión policial. Su infortunio inició cuando transitaba por la cuadra 9 de la avenida Abancay junto a un numeroso grupo de personas y se encontraron con dos policías, uniformados y con escudos, que se habían separado de su contingente. De pronto, uno de los agentes dispara a una distancia muy corta un cartucho de bomba lacrimógena que avanza con un destello fulminante y este objeto contundente impacta contra el hombre de 55 años que se desploma contra el piso para morir poco después. No hubo enfrentamientos ni ataques en ese momento por lo que la actuación policial fue sorpresiva.

Así lo muestran las imágenes de cámaras de seguridad de la zona que difundió Canal N y el testimonio de los brigadistas que socorrieron a Víctor, pero antes de que saliera a la luz una segunda grabación de seguridad de un local contiguo a la zona de la tragedia, la información oficial insistía en que la víctima había sido ultimada por una piedra y para este fin tanto el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio del Interior cambiaron la versión del diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) por la de una “herida contuso cortante (detrás de la oreja)”, a través de una seguidilla de comunicados oficiales que causaron confusión.

—Le volaron los sesos, lo siento mucho— con estas palabras del médico Antonio Quispe y brigadista durante las marchas, Lima se enteraba del primer fallecido en la capital. Él señaló que la víctima tenía exposición de masa encefálica, lo cual fue ratificado por un comunicado posterior del grupo de Brigadas Médicas, quienes asistieron al herido cuando aún estaba con vida y lo trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Grau, lugar donde falleció. En su comunicado, ellos especificaron que también diagnosticaron “in situ” al herido con TEC grave “con fractura en la region occipital derecha”.

Con estos indicios, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) precisa que el oficial que hizo el uso indebido de la lacrimógena debería responder ante la justicia por el presunto delito de homicidio calificado, luego de que las investigaciones fiscales avancen.

Además, detalló que si las pesquisas de la Policía identifican faltas graves contra la vida podría ser separado de la institución, aunque la especialista señala que este es un camino más improbable debido al halo de impunidad que rodean a las fuerzas del orden en el país. Prueba de ello es que uno de los oficiales investigado por los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurrido en el 2020, estuvo a cargo del brutal operativo contra campesinos y estudiantes que se alojaban en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el mayor PNP José Luis Solari Chillcce, jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) de la División de Servicios Especiales (DIVSEESP) de Lima.

“No tenemos ninguna expectativa, ninguna confianza en estos procedimientos. Vemos que a dos años de los asesinatos de Inti y Bryan, muchos de los efectivos que actuaron en ese momento siguen en actividad. Una muestra de ello es el mayor José Luis Solari, que fue sindicado en ese momento como parte de la guardia pretoriana de Manuel Merino, que estuvo participando en las operaciones del 14 de noviembre, y que luego se le ha identificado como uno de los responsables de la violenta incursión en San Marcos. Y acá estamos hablando de un oficial que no es de bajo rango, que es del rango intermedio, así como él, muchos de los efectivos que en estos días están haciendo uso arbitrario de la fuerza han participado también en las represiones del noviembre de 2020. Y eso es responsabilidad directa de la Policía que no actúa adecuadamente en el marco de sus funciones disciplinarias, porque lo que es la investigación penal tiene otros plazos, sigue otros procedimientos, y por la complejidad del caso es comprensible que todavía no se cuente con una sentencia, pero al menos a nivel administrativo, a nivel disciplinario, muchos de los efectivos que ahora están en las calles disparando contra los ciudadanos debieron ser separados en noviembre del 2020″, añadió la letrada.

Para la abogada penalista Romy Chang primero se debe identificar si el agente actuó con la intención de matar o mas bien fue una acción imprudente, es decir un homicidio imprudente, delito que puede ser castigado entre dos a seis años de cárcel. “Resulta difícil pensar que él haya querido matar a una persona porque si hubiera sido así, no solo hubiera matado a la víctima, hubiera matado a un montón de otras personas, porque hubiera tirado varias bombas lacrimógenas con el mismo sistema, directamente al cuerpo”, indica.

Ante la escalada de represión policial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado para condenar “el uso excesivo de la fuerza” por parte del Estado en las protestas sociales, luego de que la jornada más sangrienta desde que inició el estallido social dejase 18 muertes en Juliaca, Puno, el pasado 9 de enero. Ya la gestión de Dina Boluarte cuenta con más muertes a cuestas que días de gobierno.

El certificado de necropsia indica que Víctor Santisteban falleció por un objeto contundente duro, sin detallar cuál, pero sí señala que este le produjo “contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo”. Esta falta de especificación ha servido para que altas autoridades enuncien que lo que lo ultimó fue una piedra, otros fueron más allá y, en línea a lo que antes declaró también la presidenta Dina Boluarte, señalaron que los manifestantes se están matando entre ellos.

El caso más relevante fue el de la ministra de Salud, quien dijo con total seguridad que un “objeto contuso” solo podía ser una piedra.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se sumó a este coro de posverdad para afirmar que no había sido un agente PNP el que lanzó el “objeto contundente” hacia el ciudadano. “Muere un señor que lamento muchísimo que haya muerto, de una pedrada. Y esa pedrada no la lanza la policía”, dijo el burgomaestre.

Al respecto, la familia de la víctima ha declarado que lo que mató a Víctor definitivamente no fue una piedra. Tanto por redes sociales como por declaraciones ante medios extranjeros sostienen que van a pelear por justicia para él. Y sus afirmaciones fueron respaldadas por la publicación de un segundo bloque de imágenes de seguridad en el que se ve que un policía dispara contra un grupo, lo que lamentablemente termina con una muerte tras minutos de agonía.

Además, al día siguiente de la muerte de Víctor se hizo pública el acta del Ministerio Público del lugar donde fue herido mortalmente. Allí encontraron restos de cartucho de bomba lacrimógena, como componentes de aluminio y plástico, además de rastros de casquillos de escopeta, según el documento realizado por el fiscal Jonas Padilla.

Asimismo, el antropólogo forense José Pablo Baraybar descartó que una piedra haya causado la rotura del cráneo de Víctor y especificó que por el diámetro de la lesión “es el mismo que el de una granada (cartucho de triple carga de gas lacrimógeno)”.

Pese a la existencia de estas imágenes, las investigaciones oficiales no señalan aún que Víctor murió por el impacto de la lacrimógena.

Así, aún después de la divulgación del clarificador video y el hallazgo de restos de lacrimógena en la zona donde cayó herido Santisteban, el general de la Policía, Víctor Sanabria, no ha anunciado investigaciones dentro del fuero policial y mas bien indicó que aún se debe determinar a qué distancia se lanzó el “objeto contundente”, sin aceptar que fue un efectivo que disparó contra un ciudadano desarmado, lo que contraviene a sus propios reglamentos y recomendaciones internacionales del uso de la fuerza por parte de agentes del orden.

“Lo que nosotros vemos es una situación en la que la persona cae y todavía no se determina de dónde viene el objeto duro contundente que le genera un TEC grave con fractura de parietal. Para que ese impacto se haya generado ha tenido que ser con tanta fuerza porque los huesos de la cabeza son los más duros del cuerpo, inclusive cuando se dispara con arma de fuego, el proyectil no logra entrar al parietal. Entonces, ya criminalística con la investigación primero tienen que determinar la distancia del objeto duro para haber causado esa fractura y en base a ello vamos a determinar quiénes estuvieron alrededor de la persona caída y con eso identificar a los responsables de este hecho”, dijo ante la prensa.

A estos argumentos imprecisos se le sumó el del ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien insiste en deslizar la idea de que fue otro manifestante quien hirió al hombre abatido. “Hay otros videos donde se lanzan piedras y una le cae a un ciudadano. Estos videos tienen que ser evaluados por la Fiscalía; pido celeridad en el caso e individualizar cada hecho”, dijo el funcionario.

Pese a la negativa del gobierno para reconocer responsabilidades, desde la CNDDHH indican que aquel desafortunado 28 de enero, en Lima hubo un patrón de disparos a la cabeza contra los manifestantes. “Además de Víctor hemos identificado a cuatro ciudadanos más que recibieron disparos en la cabeza. Uno de ellos recibió también el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y ha perdido un ojo. Y luego tres fotoperiodistas, todos ellos con disparos en la cabeza. No se trata de un acto aislado, sino que hay un patrón de disparos a la cabeza que evidencian que existieron órdenes”, alerta la abogada Mar Pérez.

Ante la posibilidad de la existencia de órdenes para reprimir violentamente a los manifestantes, Mar Pérez precisa que los altos mandos policiales también pueden ser investigados y procesados, bien por la figura de autoría mediata, que es más difícil de demostrar, o por comisión por omisión.

En este último caso se sustentaría que los mandos altos e intermedios tienen rol de garantes de la correcta ejecución de funciones de sus subordinados. “Es decir, ellos tienen la obligación de garantizar que sus subordinados actúan conforme a las leyes y conforme a los principios de uso de la fuerza. Entonces, es suficiente con demostrar que ellos tenían la capacidad de controlar a sus subordinados, lo que se llama alcance de control, y no lo hicieron para que ellos también sean responsables”, indicó la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Ante el clima de imprecisiones y cambio de versiones, la familia de Víctor Santisteban insiste en que lo que mató al hombre no fue una piedra.

“Hoy día no murió una persona, sino toda una familia. Los sentidos pésames de la presidenta, del Congreso, de los policías no me va a devolver a mi hermano. Tengo a mi padre de 74 años que se está muriendo del dolor. Ha sido un artefacto contundente y duro. Si ustedes ven todos los videos que a mi hermano lo mató, le destrozó el cráneo un objeto contundente duro, no una piedra. Desmiento a los que están diciendo que es una piedra. Digan la verdad, es lo único que pido, por respeto a mi familia”, pidió indignada la hermana al salir de la morgue.