La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, aclaró este viernes las declaraciones que brindó al New York Times, donde admitió que la administración de Dina Boluarte no tiene evidencia de que las protestas sean impulsadas por grupos criminales, aunque insistió en que se hallarían las pruebas.
Sus expresiones significaron una contradicción a la jefa de Estado, quien aseguró que las movilizaciones son generadas por personas vinculadas a grupos delictivos y “radicales, que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”.
Mediante un pronunciamiento de la cartera, Gervasi especificó “que las investigaciones en curso permitirán contar con las evidencias respecto al origen de los fondos con los que se están financiando a grupos violentistas que se desplazan por distintas zonas del país”.
Según la Defensoría del Pueblo, 47 personas que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. A esta cifra se suman otros decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras.
En total, son 69 muertes en las protestas antigubernamentales que piden la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones.
Frente a este panorama, la canciller detalló que la acción policial y del Ministerio Público “ha permitido que el Poder Judicial disponga la detención preliminar de dos personas que estarían vinculadas al financiamiento de las marchas”.
“Seguiremos con atención el resultado de las investigaciones”, finalizó el comunicado de la diplomática.
En su visita a Washington, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien habló sobre la “importancia de continuar impulsando la cooperación” binacional. También habló con funcionarios del Gobierno de Joe Bien y líderes demócratas del Congreso.
La visita ocurrió en medio de críticas a la gestión de su gobierno desde EE. UU., donde una veintena de congresistas demócratas y diversas organizaciones de derechos humanos reclamaron al presidente estadounidense restringir la asistencia de seguridad al Perú.
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