La Comisión Permanente del Congreso se dispone a votar, el próximo martes 7 de febrero, el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda denunciar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El texto será sustentado por el congresista Diego Bazán (Avanza País) y es el penúltimo peldaño antes de que llegue al pleno, si es aprobado. El documento contra Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado —de Transportes y Vivienda, respectivamente— fue presentado en octubre de 2022 por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Para el Ministerio Público, Castillo lidera una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada, además, por su entorno familiar y político. La imputación, la primera a un presidente en funciones, se basa en más de 190 elementos probatorios.
Con la denuncia de organización criminal, suman dos imputaciones en el Congreso contra Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por intentar un golpe de Estado. Una previa lo acusaba por traición a la patria, tras declarar la posibilidad de un referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia.
Hace unos días, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada una “cuestión previa” planteada por el exjefe de Estado para que se anule su investigación por rebelión y, alternativamente, conspiración.
Durante la audiencia del caso, Castillo afirmó ante el juez Juan Carlos Checkley que no había renunciado a su derecho al antejuicio y afirmó que se había vulnerado su derecho a la defensa. También rechazó que exista el riesgo de que pueda fugarse del país si es liberado, ya que, según dijo, no ha “violado, robado, ni matado a nadie”.
Acusación contra Silva y Alvarado
Al prófugo exministro Juan Silva, quien presidió la cartera de Transportes y Comunicaciones, se le acusa del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y contra la administración pública (colusión). En tanto, a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se le imputa solo el primer delito (organización criminal).
Ambos eran parte del círculo más cercano del exmandatario, destituido el 7 de diciembre pasado por el Congreso poco después de su anuncio de disolver el Legislativo, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.
Desde entonces arrancaron las movilizaciones sociales en las que 66 personas han perdido la vida en enfrentamientos directos entre manifestantes con las fuerzas del orden o por hechos vinculados a los actos de protesta.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, un adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
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