Canciller peruana reconoce que “no hay ninguna evidencia” que la minería ilegal y el narcotráfico financian protestas

Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores del Perú, brindó una declaraciones para The New York Times que contradicen a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien aseguró que las protestas sociales en el país estaban siendo generadas por personas vinculadas a grupos delictivos.

“No es una protesta pacífica, eso es una acción violenta, generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando. Por eso, geográficamente se ha ubicado estas protestas en Puno y Apurímac”, dijo la mandataria, el pasado 24 de enero, en conferencia de prensa.

En entrevista con el citado medio, la canciller peruana admitió que el gobierno de Boluarte no cuenta con evidencia de que esas movilizaciones sociales a nivel nacional sean financiadas y promovidas por estas facciones que operan al margen de la ley.

“No tenemos ninguna evidencia”, señaló Gervasi, quien con su frase contradijo lo expresado hace algunos días por la jefa de Estado, aunque remarcó, como para suavizar sus dichos, que se hallarán las pruebas. “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, acotó.

Siguiendo con el discurso del gobierno, la diplomática reiteró que los manifestantes “definitivamente” estaban siendo financiados “por alguien” y que los grupos criminales “son los que se benefician del caos que hay en el país”.

Este jueves 2 de febrero, desde Piura, Boluarte brindó unas nuevas declaraciones a la prensa, que visibilizan la línea ya marcada del gobierno respecto a las protestas en Perú.

“Mi renuncia no está en juego. Yo sé que hay un grupo mínimo que está generando la violencia y caos que, a manera de chantaje, solicita mi renuncia. Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político y anárquico que quiere llevar al país a la crisis”, comentó.

“A los que están liderando estos movimientos violentistas, calma, basta. Los peruanos somos pacíficos. Ya hemos aprendido de los 20 años de violencia que Sendero Luminoso nos dejó en el país. No retrocedamos a esa historia negra” agregó.

Lo manifestado por la mandataria, respecto a que el pedido de su renuncia, se contradice con la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que revela que el 74 % de la población cree que debería dar un paso al costado.

De acuerdo a un reciente informe de The Economist, una prestigiosa revista inglesa, al Perú se le calificó como un “régimen híbrido”, después del fallido autogolpe de Pedro Castillo y la actual gestión de Dina Boluarte.

“Más al sur, un golpe fallido del presidente de Perú (después derrocado), Pedro Castillo, debilitó una democracia ya inestable. El índice ahora clasifica al gobierno de Perú como un ‘régimen híbrido’ en lugar de democrático”, señala la publicación, que pone al país en el puesto 75 con una puntuación de 5.92.

El informe también menciona que hubo un descenso modesto (-0,17) en la restricción de las libertades civiles en Perú.

Además, la revista hizo un recuento de los hechos al recordar que Castillo “anunció inesperadamente que tenía la intención de cerrar el Congreso, convocar elecciones legislativas anticipadas, gobernar por decreto, reestructurar el poder judicial e imponer un toque de queda”; y lo comparó con lo sucedido con el sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-200), quien cerró el Parlamento en los 90.