Fiscalía abre investigación por muerte de manifestante en Lima por el presunto delito de homicidio

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que Víctor Santisteban Yacsavilca falleció por un “elemento contundente duro”.

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Demonstrators take part in a protest to demand Peru's President Dina Boluarte to step down, in Lima, Peru, January 28, 2023. REUTERS/Sebastian Castaneda
Demonstrators take part in a protest to demand Peru's President Dina Boluarte to step down, in Lima, Peru, January 28, 2023. REUTERS/Sebastian Castaneda

El Ministerio Público se pronunció sobre el primer fallecido, Víctor Santisteban Yacsavilca, durante las manifestaciones que se realizaron el día de ayer, 28 de enero, en el Centro de Lima. A través de un comunicado, anunciaron el inicio de una investigación preliminar contra las personas que resulten responsables.

“La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, ha dispuesto abrir investigación preliminar en sede fiscal, por la presunta comisión del delito de homicidio en el contexto de violación de los derechos humanos, en protestas sociales, en contra de los que resulten responsables”, se lee en la misiva.

Esta investigación se abre luego del resultado de necropsia del médico legalista que realizó la Unidad de Tanatología Forense de Lima. De acuerdo con el informe, Santisteban Yacsavilca falleció a causa de un “elemento contundente duro” que impactó en el cráneo, por lo cual le ocasionó “contusión, laceración encefálica, fractura craneal, y traumatismo craneoencefálico severo”.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación
Comunicado de la Fiscalía de la Nación

Heridos

Asimismo, reportaron que existe un total de 57 ciudadanos heridos en las protestas, 17 civiles y 40 efectivos. Ninguna de las personas que heridas han sido reportadas por impacto de “proyectiles de armas de fuego”, aseguraron.

En medio de los enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes, fueron detenidos 18 personas. Ante ello, el Primer despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima - Breña- Rímac - Jesús María, abrió investigación preliminar por el presunto delito contra la tranquilidad pública “en la modalidad de disturbios en agravio del Estado”.

Además, informaron que se les realizará exámenes médicos legales y también se han dispuesto fiscales penales para que recojan los testimonios de cada uno. En las próximas horas, se determinará la situación legal de los detenidos a base de las investigaciones.

“Por último, se reitera que el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir los delitos se realiza con el respeto de la objetividad e independencia de criterio de los fiscales penales”, finalizó.
Varios manifestantes antigubernamentales recogen cartuchos de gas lacrimógeno que les lanzó la policía para disolverlos en Lima, Perú, el sábado 28 de enero de 2023. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, el adelanto de elecciones, la convocatoria a una constituyente, justicia para los fallecidos en las protstas y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Varios manifestantes antigubernamentales recogen cartuchos de gas lacrimógeno que les lanzó la policía para disolverlos en Lima, Perú, el sábado 28 de enero de 2023. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, el adelanto de elecciones, la convocatoria a una constituyente, justicia para los fallecidos en las protstas y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Defensoría pidió tomar otro rumbo

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, solicitó al Ejecutivo y Legislativo a tomar acciones refiriéndose a un adelanto de elecciones. La entidad también aseguró que cada día, la vida de las personas se encuentran en peligro.

También, rechazó los ataques entre ambas partes, porque “se expone o se ataca sin considerar su condición de única e irreparable”. Además, los representantes de la institución continuarán acompañando las movilizaciones, centros de salud y comisarías para las personas que se encuentran detenidas y no se vulneren sus derechos.

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