El 7 de diciembre de 2022, a vísperas de fiestas de fin de año, Dina Boluarte juró como la nueva presidenta de la República tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Desde esa fecha, las movilizaciones continuaron y se reiniciaron en este 2023; un panorama incierto que ha llevado al Perú ante los ojos del mundo
A pocos días que se cumpla dos meses del actual Gobierno, no se ha llegado a tener un puente de diálogo entre el Ejecutivo y la población, tal y como lo han sugerido muchos especialistas. Sin embargo, esta situación ha dejado a más de 55 muertos y decenas de heridos durante las protestas, pero también ha colocado a los diferentes sectores en la cuerda floja.
Ante ello, los mensajes y declaraciones de la presidenta Boluarte no se habrían acercado a los ciudadanos. Un proyecto de adelanto de elecciones que se estaría dilatando en el Congreso de la República, mientras que en las calles a cualquier minuto se puede reportar un fallecido por los enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes como sucedió ayer en el Centro de Lima.
Infobae conversó y analizó con dos especialistas las posibles salidas ante la crisis que atraviesa el país. En este sentido, Katherine Zegarra, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que a estas alturas ya no existiría una tregua.
“Creo que en este escenario ya no da posibilidad de diálogo con la presidenta Boluarte ni en general con el Ejecutivo. (…) El diálogo ha tenido que venir antes de todas estas fallas. Y ante eso, lo mejor creo que sería el hecho de que Dina Boluarte deje lo más pronto posible el cargo”, indicó.
Sin embargo, la mandataria ha mencionado que no dará un paso al costado y continuará frente al mando. Por ello, Zegarra pidió tener “mayor claridad” con la población, porque es complicado que se llegue a este objetivo cuando se coloca etiquetas a los manifestantes o se “ningunea las demandas”.
“Está claro que estas demandas no son homogéneas, son más bien lo opuesto: heterogéneas. Hay ciudadanos que marchan pacíficamente, otros que lo hacen de manera ilegal, llegando incluso al asesinato a un policía calcinado. Pero, no tener en cuenta que existe una complejidad dentro de estas protestas, elimina el posible diálogo. Si le quitas agencia o consideras que las personas que marchan no tienen agencia propia, pues está difícil un diálogo”, detalló.
La jefa de Estado ha ofrecido diferentes mensajes a la Nación y ha mantenido una cercanía con la prensa desde que tomó el mando. Sin embargo, algunas palabras han sido criticadas, por lo cual el Gobierno tuvo que pedir disculpas por la frase “Puno no es el Perú” señalando que fue “malinterpretada”, de acuerdo con su comunicado.
Para Zegarra, el primer error fue haber indicado que se quedaría en el cargo hasta el 2026, pero “olvidó” lo que declaró si Pedro Castillo era removido del cargo. Asimismo, indicó que no hubo “olfato político” para que se identifique las movilizaciones, especialmente, en el sur.
“En muchas ocasiones ha señalado que los que protestan son usados o que están relacionados con industrias ilegales. También, que estarían financiados por el narcotráfico. En todo caso, le ha quitado agencia a quienes han marchado. Y creo que, esto ha ahondado en esta crisis social que se está viviendo en el Perú, ya no solamente en el sur, sino también en la capital”, precisó.
Además, recalcó que uno de los últimos fallos que presentó el Ejecutivo es “la defensa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero su silencio a la cantidad de personas fallecidas”. Jornadas largas de violencia por partes de ambas partes, pero la mandataria indica que “todo está bajo control”.
Uno de los pedidos de los manifestantes es tener nuevos representantes en el Ejecutivo y Legislativo, por lo que la presidenta envió un proyecto de ley al Congreso para que se realice en abril de 2024. No obstante, la población lo rechazó buscando nuevas elecciones para este 2023.
“Incluso, viendo más allá de las protestas, las encuestas te señalan la necesidad de adelantar las elecciones. Y no existe, en estos momentos, un calendario oficial como para que la ciudadanía tenga en cuenta que esta fecha van a empezar las elecciones. Entonces, cómo no va a haber claridad, las personas pueden seguir pensando que lo que las autoridades buscan es dilatarla y mantenerse en el poder”, mencionó.
El último viernes 27 de enero se debatía una reconsideración del adelanto de elecciones para que se realice este año, oficio que fue presentado por Fuerza Popular. De acuerdo con su propuesta, se indicaba que las elecciones serían en octubre y la segunda vuelta en noviembre. Asimismo, el 31 de diciembre de 2023, Dina Boluarte dejaría de ser presidenta. Sin embargo, no fue aprobada.
En conversación con José Naupari, abogado y experto en procesos electorales, explicó que sí hubiera sido “legalmente posible” las elecciones para octubre de 2023, pero con situaciones que serán “sacrificadas” por el tiempo.
“¿Se podría? Sí, se puede hacer en octubre sin ningún problema, pero donde tendría mi reparo es si la segunda vuelta se pueda realizar en noviembre. (…) qué nos asegura que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenga todo completo para que la segunda vuelta se realice en tres semanas o cuatro”, explicó.
No obstante, al ser rechazado este proyecto indicó que “todo se cae”; es decir, “no hay nada” sobre el adelanto de elecciones en el Congreso, “(…) reconsideraste el proyecto del 2024 y ya metiste uno en el 2023. O sea, si se cae este, se cae todo”, aclaró Naupari.
Además, no respaldó la reconsideración del adelanto de elecciones, porque, según sus palabras, es un precedente para otras. Por ello, aseguró que se “abre la puerta” a proyectos de ley que aún no se publican en el diario El Peruano.
Ambos especialistas coinciden que el adelanto de elecciones no solucionará los problemas que atraviesa el Perú. Esto se trataría solo de una herida que aún no está curada por completo, sino solo estaría “tapada”.
“Esto es solamente una especie de bandita ante una herida mucho más grave. No solamente va disminuyendo la confianza de la ciudadanía a las autoridades y las instituciones”, aseveró la politóloga Zegarra.
“Ninguna ley nos puede o nos va a solucionar los problemas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad: todas y todos, la ciudadanía como electores, partidos políticos y, evidentemente, autoridades”, indicó, por su parte, Naupari.
El especialista en procesos electorales también hizo un llamado a los partidos políticos a realizar mejores filtros a cada postulante que desea ocupar un escaño, debido a que desde “ahí tiene que haber un cambio”. “Creer que estos temas van a resolver; eventualmente, va a calmar las aguas, pero vas a seguir escondiendo los problemas”, concluyó.