Denuncian graves agresiones de la PNP contra mujeres manifestantes

Hace exactamente una semana casi 70 jóvenes y mujeres adultas fueron detenidas tras la violenta intervención de la Policía Nacional al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Todas ellas —entre estudiantes universitarias, campesinas, indígenas y quechuahablantes del sur del Perú que llegaron a Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República— fueron humilladas y criminalizadas al ser obligadas a tirarse al piso en filas mientras los agentes revisaban sus pertenencias, pese a que según las imágenes captadas no ofrecieron resistencia. Entre este numeroso grupo había una joven madre embarazada que recibió el mismo trato, sin tomar en consideración su avanzado estado de gestación.

El desconcierto se incrementó cuando M.O. fue trasladada hasta la sede de la Dirincri, junto a su pequeña hija de ocho años. Los gritos de algunos ciudadanos en el exterior de la institución increpaban a los agentes PNP sobre el porqué una menor era ingresada a las instalaciones policiales. Una imagen que ayuda a graficar la ferocidad de la represión, incluso contra los niños y adolescentes. No es casualidad que hasta la fecha, entre las más de 55 muertes durante las protestas ya se cuenten siete adolescentes fallecidos por impactos de bala. Los menores tenían apenas entre 15 a 17 años.

Con el paso de las horas un contingente de abogados llegó hasta la sede de la Dirincri y la Dirección contra el Terrorismo de la PNP, adonde también fueron trasladados los detenidos, pero denunciaron que inicialmente se les negó el ingreso, lo cual también transgredió los derechos de todos los ciudadanos, muchos de ellos quechuahablantes que no podían defenderse por falta de letrados y especialistas que dominen su lengua materna, entre estos mujeres de avanzada edad.

Al llegar la tarde, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que algunas manifestantes estaban siendo forzadas a desnudarse para ser revisadas en sus zonas íntimas en búsqueda de drogas en la Dircote, lo cual resultaba inexplicable por la carga violenta del hecho y porque las acusaciones no iban por ese terreno.

“A mí quien me comunica de esto es un funcionario, que me dice que las mujeres adentro se están quejando de que las están tocando indebidamente con el cuento de las revisiones. No tengo el dato de cuántas son ni de quiénes son, pero yo tenía que hacer pública la denuncia para de alguna manera parar lo que estaba ocurriendo adentro”, precisa a Infobae la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador Tozzini.

En cuanto a la madre gestante, de acuerdo a nuestras fuentes no fue liberada sino hasta el filo de medianoche. Incluso, una publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirma esta afirmación, aunque el Ministerio Público afirmó que había sido liberada “inmediatamente” tras conocerse su estado, lo cual no se ajusta a la verdad.

La actuación del MIMP también fue tardía porque se sabía que en la Dirincri estaban detenidas una madre y su niña desde las primeras horas de aquel sábado, pero la institución no se hizo presente sino hasta la tarde, varias horas después. Luego confirmó que la menor estaba siendo atendida por la Unidad de Protección Especial (UPE) y también apoyaron a la madre a trasladarse hacia el domicilio de su familia, luego de que realizara su declaración ante la Fiscalía.

Jennie Dador Tozzini también señala que varias mujeres estaban en periodo de menstruación y se les negó implementos para su higiene e inclusive algunas alumnas universitarias denunciaron que no se les permitía ir al baño durante su detención.

“Había varias mujeres que estaban menstruando y no pudieron acceder a estos dispositivos, lo cual también es otra forma de tratos humillantes. Y vulnera, obviamente, sus derechos”, dijo la abogada y especialista en estudios de género.

Debido a este rosario de denuncias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció específicamente sobre las agresiones que sufrieron las mujeres en el marco de la intervención a la Decana de América.

Estos episodios de violencia tienen su origen en la intervención del sábado 21 de enero. Apenas eran las 7:00 de la mañana cuando un gran contigente policial, con tanque incluido, ingresó a la Universidad San Marcos, luego de que su rectora, Jerí Ramón, solicitara la intervención de las fuerzas del orden. En total detuvieron a 192 ciudadanos por el presunto delito de usurpación agravada al permanecer en el recinto universitario tras su llegada de las regiones del sur del país, además cuatro estudiantes fueron inculpados por pertenecer presuntamente a una organización terrorista.

Salvo un requisitoriado, todos fueron puestos en libertad hasta la mañana del domingo, lo que según especialistas demuestra la arbitrariedad y abuso de estas detenciones, realizadas con suma agresividad, violencia y sin presencia del Ministerio Público, ya que la institución indicó que no conocía del operativo hasta que ocurrió.

“Ha quedado claro que estuvimos ante una detención irregular, desproporcional, inconstitucional, que fue confirmada, además, por el hecho de haberse ordenado la liberación de todos los detenidos al día siguiente. Lo único que hace es confirmar que la detención fue irregular y abusiva. Y que se han producido graves vulneraciones a derechos de todas estas personas, incluidos estudiantes, incluidos campesinos. Se les ha vulnerado el derecho a la defensa, porque muchos se han mantenido incomunicados, no se les ha permitido ingresar los abogados en las primeras horas de la detención, y además se ha vulnerado el trato digno, que es justamente uno de los principios, y yo diría el principio pilar fundamental, la base de la Constitución”, dijo al respecto el abogado Jimmy Sotomayor, quien estuvo representando la defensa de varios detenidos.

El letrado explica que aunque fueron liberados los cerca de 200 ciudadanos aún se hallan dentro de una investigación penal, entre ellos cerca de 40 estudiantes sanmarquinos. Y en el caso de los universitarios acusados de afiliación a una organización terrorista detalla que la tipificación es sobredimensionada y no corresponde, ya que la base de esta acusación es el hallazgo de notas personales que aluden a la revolución y publicaciones de Karl Marx.

“No son notas que hayan trascendido a otras personas, y por ende no puede ser motivo para que se le vincule a una organización terrorista. Más aún, si es que partimos de una premisa que el pensamiento no delinque, y lo segundo es que además ellos no han reconocido en ningún momento que esas notas les pertenezcan, pueden haber sembrado este tipo de notas, no sabemos quién, yo no voy a decir que ha sido Policía ni nada, pero no han aceptado que son de ellos. Además, una persona puede simpatizar con ciertas ideas y no lo afilia necesariamente a una organización terrorista”, explicó el abogado.

La violencia del operativo fue de tal magnitud que fue condenada por la propia UNMSM, cuyas autoridades pidieron la intervención. Presidentes extranjeros, universidades del exterior y organismos internacionales aunaron sus voces para condenar el grado de represión y humillación contra campesinos quechuahablantes y estudiantes. Incluso, la presidenta Dina Boluarte pidió perdón por el hecho, pero luego continuó criminalizando a los manifestantes.

La CIDH también se expresó sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos de los detenidos.

“Recordamos a Perú que toda persona privada de libertad bajo su jurisdicción tiene derecho a recibir un trato humano, con estricto respeto a su dignidad e integridad personal, el acceso a las garantías judiciales y demás derechos fundamentales. Adicionalmente reafirma que, si bien los Estados pueden intervenir en instituciones académicas en casos de extrema excepcionalidad, dicha acción debe darse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar la seguridad pública y los derechos humanos”, dijo el organismo internacional.

Ya existen evidencias del marcado uso de la violencia de las fuerzas del orden contra manifestantes en general, y también formas específicas y degradantes contra las mujeres.

En este contexto, desde que ocurrieron las primeras muertes durante las manifestaciones en el sur del Perú, la presidenta Dina Boluarte alude al machismo como causa de las manifestaciones y ha señalado que se siente “maltratada como mujer” pese a que las demandas han sido establecidas claramente desde el día uno: adelanto de elecciones generales, cierre del Congreso actual y su pronta salida para responder por las decenas de muertes que ya se cuentan en casi dos meses que asumió como presidenta. Ninguno alude a violencia de género.

A mediados de diciembre, cuando en el sur ya se contaban 26 fallecimientos la jefa de Estado continuaba señalando que las exigencias de su renuncia eran consecuencia de que ella es mujer, cuando en todas las protestas no se han evidenciado mensajes misóginos ni machistas, solo arengas políticas.

“Quiero decirle a mis hermanos varones, no al machismo, ¿acaso porque soy mujer, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis, acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?”, sostuvo en una rueda de prensa acompañada por todo su gabinete, pero no se refirió a los fallecidos ni pidió disculpas a sus familias.

Nuevamente, luego de la escandalosa intervención en San Marcos y cuando ya la cifra de fallecidos asciende a más de 55, la mandataria nuevamente se escudó tras el machismo para evadir su responsabilidad política en una de las mayores crisis nacionales que vive el país.

“No creo ser una mujer que sea también violencia contra la mujer (sic) Soy la primera mujer que asume la Presidencia de la República que asume la presidencia en 201 años de historia republicana. No creo ser victima del machismo y por eso está la violencia en la calle. A ti mujer, a ti hermana, unámonos en un solo corazón y podamos demostrar que las mujeres sí tenemos la capacidad y las decisiones para gobernar el país”, dijo el pasado 24 de enero.

Estas constantes declaraciones han sido rechazadas por colectivos de mujeres y grupos feministas, ya que consideran que instrumentaliza la lucha contra el machismo por beneficios políticos y para evadir responsabilidad penal por las numerosas muertes producto de la represión policial y militar.

Lo que sí se ha evidenciado son los graves maltratos a los que son sometidas las manifestantes. Y es que en contextos de crisis los derechos humanos y el de las mujeres son puestos en riesgo.

“Una de las vulneraciones contra las mujeres tiene que ver con las connotaciones de violencia sexual. Ojo, que no es que no le ocurra a los hombres, también puede ocurrir, pero este tipo de prácticas están generalizadas históricamente respecto a las mujeres, el tema de los tocamientos, el tema de la violación sexual. Además, hay jurisprudencia de la CIDH, hay razonamientos de que hay afectaciones diferenciadas por género, por ejemplo colocar a mujeres embarazadas contra el suelo, como también ocurrió en este caso cuando se les detuvo, privarlas de posibilidades de higiene menstrual, etc”, explicó Dador.

Finalmente, para Liz Meléndez, Dina Boluarte continúa en una fase negacionista que impide tender verdaderos puentes de diálogo y detener las matanzas que vienen ocurriendo desde diciembre del año pasado.

“Estamos ante un escenario de mucha irresponsabilidad. Es penoso oír cuando ella decía que no comprendía las demandas de la crisis. Creo que hay una responsabilidad de entender el momento histórico cuando ella asumió el cargo y hoy hay una responsabilidad de atender esta crisis y, desde nuestro punto de vista, es dar un paso al costado. Es muy difícil seguir al mando cuando hay más de cincuenta muertes. Las posibilidades de diálogo son nulas, no se dialoga en el marco de una masacre”, concluyó.