De respetar las manifestaciones a respaldar el uso de la fuerza excesiva: el cambio en el discurso de Dina Boluarte ante las protestas

La abogada Dina Boluarte asumió la presidencia de la República en un período de álgida crisis política, económica y social. El inicio de su mandato llegó después de un fracasado autogolpe de parte de Pedro Castillo y estuvo acompañado de un grave rechazo de parte de ciertos sectores de la sociedad peruana. En más de 50 días de gobierno, la jefa de Estado ha tenido particulares cambios en su discurso político como respuesta a las movilizaciones que se registraron en todo el país.

“Hubo una variación en el discurso desde que inició, sí. En estos 50 días de gobierno se ha intentado constantemente buscar nuevos responsables y echarle le culpa a otros de lo que sucede en el país, cuando se debería asumir una responsabilidad propia”, explicó el politólogo Alonso Cárdenas a Infobae.

Para el docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), desde que iniciaron las marchas en todo el país se han cambiado los supuestos culpables. “Primero, los culpables eran los prefectos, luego inició esta mutación y ya no eran los prefectos, sino Sendero Luminoso, pasó por Evo Morales y ahora son los vándalos y comunistas. Esta narrativa de buscar responsables afuera y no asumir responsabilidad no ha ayudado nada a bajar la tensión social, todo lo contrario. En un momento de transición se requiere mucha moderación y actores políticos que se han convocantes, que sean respetuosos y sepan escuchar”, reveló.

“Si se intenta echarle la culpa a la ciudadanía al decir que hubo una avalancha en Ayacucho, como declaró la presidenta Boluarte y no tiene ningún apego con la realidad, lo único que están haciendo es exacerbar más a la población. Y si a eso le sumamos la miopía del Congreso de querer atornillarse como sea en sus curules, pues la situación se comienza a poner al límite”, dijo.

Martes 10 de diciembre de 2022. El rechazo social hacia la crisis política iniciaba y tomaba un rumbo aún desconocido. El gabinete ministerial liderado por el cuestionado Pedro Angulo tenía pocos días de haber sido compuesto y el país aún estaba conmocionado por el fracasado autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Los ciudadanos decidieron vestir las calles peruanas con su voz de protesta. Aquellos reclamos llegaron hasta Palacio de Gobierno e invocó la respuesta de la presidenta de la República. Se trataba de una jefa de Estado preocupada, atenta y dispuesta a manejar las movilizaciones sociales con respeto a los derechos humanos y al servicio de la Policía Nacional.

“El gobierno de unidad nacional será para todas y todos los peruanos. Un gobierno de diálogo, de concertación, de crecimiento económico y de cohesión social. Esto entendiendo también el derecho de todos las ciudadanas y ciudadanos a la movilización, la misma que es aceptada dentro de la constitución respetando los derechos humanos y la integridad de las personas. La policía tiene clara estas órdenes, así como también el ejercicio legal y legítimo de la autoridad para mantener el orden público y la paz social”, expresó.

“Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales. Ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos”, mencionó.

Un día después las manifestaciones continuaron. La región de Andahuaylas fue testigo de una serie de enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades que dejó un total de dos fallecidos. Se trató de un menor de edad y un joven de 18 años. Una situación similar de desarrolló en Cusco, donde un proyectil impactó en el cuerpo de Remo Candia Guevara (50), presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana, y le produjo la muerte. “Sentimos un dolor profundo, la vida de mi hermano para Dina Boluarte no es nada. Deja de ser miserable e indolente, retírate del poder”, dijo un familiar de la víctima a Canal N.

Al día siguiente, 12 de diciembre, cinco manifestantes más perderían la vida en Arequipa, Puno y Apurímac. El clima de violencia que invadió Perú generó una nueva respuesta en la jefa de Estado. Los participantes de las marchas acumulaban una serie de pedidos: adelanto de elecciones generales, cierre del Congreso actual, renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo. La abogada reconoció la convulsión social que provocaron las decisiones políticas y ofreció un nuevo mensaje. Con un total de ocho muertos en apenas dos días, la presidenta se mostró firme en anunciar un proyecto de adelanto de elecciones generales para el año 2024.

Aquel miércoles, la gobernante también informó sobre una de las medidas más cuestionadas hasta el momento: la declaratoria del Estado de Emergencia en regiones con alto nivel de conflictividad. La medida representaba la llegada de personal militar a zonas donde se registraban constantes y violentos enfrentamientos. Sin embargo, Bolaurte afirmó que dio indicaciones para que se recobre “pacíficamente” la paz en las regiones.

“Anuncio la declaratoria del Estado de Emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, dijo.

El 13 de diciembre, en declaraciones a la prensa, Dina Boluarte se dirigió a los fallecidos en Apurímac y pidió mantener la calma. La letrada recalcó que ella dio las órdenes a la PNP de no usar armas letales “ni siquiera perdigones de goma”. Además, se mostró a favor de las manifestaciones sin cometer excesos. “Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero ¿a generar vandalismo, a quemar hospitales, ambulancias, comisarías o tomar aeropuertos? Eso no habla de ser una marcha de protesta normal. Eso está llegando a extremos”, precisó.

Durante estas fechas, muchas personas denunciaron el uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades. Los pobladores de estas regiones aseguraron que los fallecidos en las protestas fueron víctimas de represión policial, la cual habría acabado con la vida de ocho personas hasta entonces. Ante ello, la jefa de Estado pidió a los ciudadanos de todas las regiones mantener la calma y refirió que no entiende el porqué surgen estas movilizaciones.

“Quiero llamar a mis hermanos apurimeños, pero también a mis hermanos de Arequipa, de Ica, por donde se estén levantando en una situación que no entiendo por qué no entiendo por qué si estoy yo en esta situación de ser la presidenta de la República, no lo he pedido. Vengo de una formula presidencial donde fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina Boluarte como su primera vicepresidenta”, exclamó.

Además, dijo que no tenía la culpa de las decisiones que tomó Castillo Terrones y no “había hecho absolutamente nada” para que la ciudadanía se levante en contra de su nuevo gobierno. Asimismo, recalcó su disposición para atender estas demandas. “Por favor, calma. Tranquilidad. Yo he dicho que este gobierno va a ser un gobierno dialogante, un gobierno que converse, que reciba las necesidades de los pueblos para poder empezar a resolver”, aseveró.

En más de una ocasión, Boluarte resaltó que tenía poco tiempo en la presidencia y no era responsable de las malas acciones tomadas anteriormente. También se tomó el tiempo de explicar por qué algunas demandas sociales eran poco viables. La presidenta explicó que se habían instalado mesas de diálogo en las regiones de alta conflictividad para llegar a un acuerdo con los protestantes.

El 14 de diciembre, la mandataria ofreció un mensaje de contenido similar al medio TV Perú. La declaración estuvo compuesta de un pedido de calma, condolencias, importancia de diálogo y explicación detallada del adelanto de elecciones. Sin embargo, tras ser consultada sobre el accionar de la policía, la funcionaria detalló que apoyaba las decisiones que el personal tomaba —pese a las denuncias de represión policial—.

“Cuando di las instrucciones de que se usaran las bombas lacrimógenas para poder disuadir y se evitara en lo posible el uso de los perdigones de goma que podrían lastimar, era en el entendido de que no se iban a llegar a estos actos de vandalismo”, acotó.

Respecto a las armas que la policía manejaba para controlar a manifestantes, Boluarte aseguró que, debido a los actos vandálicos, se encontraba de acuerdo con el uso de todas las armas que la ley le permite a la PNP emplear. “Creo que la policía tiene que actuar en la medida de las posibilidades y con las herramientas que legalmente estén autorizados. La policía tiene que seguir actuando”, añadió.

Aquel día, la presidenta, en reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, brindó unas palabras ante la prensa y manifestó su preocupación por la PNP. Ante las cámaras, Boluarte informó que se identificaron a 200 policías víctimas de la violencia en las protestas y realizó una visita a los centros médicos donde estos se encontraban.

El 17 de diciembre, después de haberse registrado un total de 29 fallecidos en las protestas a nivel nacional, la jefa de Estado enfatizó que estas marchas no eran completamente legítimas por contar con actos vandálicos como tomas de aeropuertos, comisarías y demás. En esta conferencia de prensa, Boluarte afirmó que la situación se estaba saliendo de control por la responsabilidad de un grupo extremista.

Asimismo, la funcionaria no incluyó en su discurso la responsabilidad de las fuerzas del orden en los muertos y heridos en las movilizaciones, pese a que gran parte de las víctimas fueron impactadas por proyectiles de bala. Por el contrario, la abogada se mostró a favor del accionar del personal policial y militar en el control de las regiones.

“Las fuerzas armadas han salido para poder cuidar y proteger a ustedes, hermanas y hermanos, porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas. Y estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana. Tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Han fallecido menores de edad en el transcurso de trasladarse de su lugar de origen a la capital por un tema de salud y no los dejaron pasar en las carreteras. Es muy doloroso”, comentó.

Boluarte también saludó a las personas que participaron de la “Marcha por la Paz” —cuestionada movilización por ser promovida en un inicio por la PNP— pues serían peruanos que no se dejaron “manipular” por grupos violentistas.

Esta narrativa fue repetida por la presidenta de la República en las próximas conferencias de prensa.

El 13 de enero el Perú, Dina Boluarte en un mensaje a la Nación se pronunció sobre la violencia desencadenada a lo largo del país y cuestionó la situación que atravesaba el país preguntándose si se trataba un retorno del terrorismo. Minutos después, afirmó que se han identificado armamento y balas que no son utilizadas en el país. La jefa de Estado aseguró que habrían entrado por el sur del país.

“¿Qué pasa con los azuzadores e infiltrados extranjeros? Que se investigue todo para que se identifique a los verdaderos responsables de los actos violentos y hacer que la justicia llegue a las familias de los fallecidos”, aseveró.

Días antes de estas declaraciones, el gobierno comunicó su decisión de impedir el ingreso de Evo Morales al país por “efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”. Esta narrativa fue repetida en más de una ocasión por el primer ministro Alberto Otárola, quien acusó al expresidente boliviano de ingresar al país las balas “dum dum”.

“A los que están marchando diariamente: ¿quién los financia? Porque no están trabajando, ¿qué dinero están llevando a sus hogares? ¿Por qué están abandonando a sus familias para salir a la calle protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas, son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de derecho, ustedes quieren generar caos y desorden. Y dentro de ese caos y desorden quieren tomar el poder de la Nación. Están equivocados”, declaró Dina Boluarte el pasado 19 de enero en una conferencia de prensa.

El discurso político de la presidenta de la República dio un nuevo cambio. De mostrarse a favor de las movilizaciones sociales, pese a algunos casos de violencia en las regiones en un inicio, pasó a convertirse en una funcionaria crítica de estas marchas.

“La situación está controlada y estará controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proposito de quebrar el Estado de Derecho. También les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estaremos, y estamos, individualizando a los malos ciudadanos que están generando actos de violencia”, dijo.

La presidenta Dina Boluarte resaltó en una reciente conferencia de prensa ante medios extranjeros que la concentración de personas que generan caos se debe a la minería ilegal y el narcotráfico. La jefa de Estado precisó que estos puntos responden a Puno y Apurímac, a los cuales denominó zonas estratégicas para los extremistas.

“Geográficamente se han ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando, y en Apurímac está el VRAEM. Cerca de donde sale el tráfico de cocaína, Por esos son dos lugares estratégicamente para ellos que están generando el caos y la zozobra”, manifestó.

No obstante, Boluarte no mencionó que en estas regiones se concentran también un gran número de fallecidos por presunto uso excesivo de la fuerza de parte del personal militar y policial en el marco del Estado de Emergencia. En apenas un día, la región puneña presenció la pérdida de 17 pobladores de la zona. En total, la localidad perdió un total de 21 vidas humanas. Seis víctimas mortales se registraron en Apurímac.

Además, precisó que la PNP acompañó la marcha de cientos de manifestantes en distintos regiones para “cuidar” a la población. Según informó, el Ejecutivo cuenta con videos donde se aprecia que los protestantes reciben impactos de bala de personal ajeno a las autoridades. Por ello, destacó que las fuerzas del orden tengan responsabilidad en la cantidad de fallecidos en las movilizaciones sociales.

El periodista Diego Salazar, columnista de The Washington Post, conversó con Infobae acerca del cambio en el discurso de Dina Boluarte y precisó que una postura que exacerbó los ánimos de la población es aquella donde afirma desconocer el porqué surgen estas movilizaciones, frase que fue mencionada por la funcionaria en más de una ocasión frente a medios de comunicación.

“Cuando uno tiene un cargo de alta responsabilidad, como la presidenta de la República, no puede hacer eso. No puede decirle a la ciudadanía que no comprende lo que sucede. Uno de los trabajos fundamentales de un líder político es intentar comprender lo que los ciudadanos reclaman. Pero ella ha enunciado a eso. Dice que no entiende, que no sabe qué quieren y eso ha contribuido al rechazo en ciertas regiones”, detalló.

El autor de No hemos entendido nada también señaló que parte del discurso de Dina Boluarte pretende “tomar el parte por el todo”. Según el escritor, parte de la posición de la jefa de Estado es calificar a todos los participantes como personas manipuladas, terroristas o vándalos.

“Pintar a todos con una misma brocha, como lo ha hecho la presidenta y el primer ministro Otárola, exacerba los ánimos de las personas que participan de estas manifestaciones y no generan actos violentos y tienen razones para marchar”, expresó.

Salazar recalcó que esta situación no solo genera mayor rechazo en la sociedad peruana por la criminalización de las manifestaciones, sino que muchos de los participantes son parte de estas protestas porque desean reclamar por los más de 55 fallecidos en las marchas muertes que son resultados de un presunto abuso policial y militar.

“Pese a esto, el Estado solo les puede ofrecer a los que marchan en las calles dos cosas: estigmatización o violencia. Y eso genera que más personas se sientan defraudadas de las soluciones políticas y dialogadas”, concluyó.