Informe de la ONU recomienda “limitar el uso excesivo de la fuerza” de policías y militares en Perú

El viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó sus recomendaciones para el Estado peruano, en el marco de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado más de 50 fallecidos. El organismo realizó más de 200 sugerencias relacionadas con la situación que vive el país y hace continuas referencias a un excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Tras analizar informes elaborados por el Estado, de expertos independientes, colectivos sociales y organizaciones centradas en la defensa de los derechos humanos, la delegación, en la que han participado 93 países, ha publicado este viernes sus conclusiones.

Cerca de una veintena de propuestas se refieren a “evitar el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes responsables de la seguridad del Estado, como la Policía y el Ejército.

Los dictámenes de Argentina, Dinamarca, Italia, Australia, Finlandia o Alemania, entre otros, sugirieron que se entrene a los agentes y militares en estrategias de desescalada de conflictos “para evitar la muerte violenta de manifestantes”.

Cabe indicar que, aunque el informe se emite de manera conjunta, desde la Comisión de Derechos Humanos, las recomendaciones son emitidas por cada país.

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU), expresó el miércoles su consternación por el número de muertes producidas en el contexto de las protestas en Perú e instó a las autoridades a conducir investigaciones rápidas, efectivas e imparciales sobre estos sucesos. Asimismo, pidió que se evite “la estigmatización de las víctimas”.

Guterres instó a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia y reiteró su llamado a las autoridades para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, resaltó que las protestas deben producirse de forma pacífica y respetando el derecho a la vida y a la propiedad y que, incluso en tiempo de emergencia pública como los actuales, las medidas de suspensión del derecho a reunión pacífica “deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional”.

Resaltó que como “fundamental” que se generen “las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo que permita abordar la crisis actual”.

En una línea similar, la semana pasada, a través de un comunicado, la Unión Europea se pronunció ante las protestas en Perú y condenó los “actos de violencia” y el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de las autoridades peruanas.

“Las protestas sociales pacíficas que respeten el Estado de derecho son legítimas en una sociedad democrática. La UE reitera su condena de los numerosos actos de violencia y también del uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad”, expresó en un comunicado un portavoz del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.