Perú registra 22 civiles heridos por día desde que empezaron las protestas

El reporte de la Defensoría del Pueblo de este jueves 26 de enero, actualizado hasta las 13:00 horas, da cuenta que el total de civiles heridos por los enfrentamientos en las movilizaciones sociales con la Policía Nacional asciende a 1078, basados en datos del Ministerio de Salud (Minsa).

La cifra revela que desde que iniciaron las protestas en Lima y regiones, el pasado 07 de diciembre de 2022, tras la vacancia por incapacidad moral permanente de Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado, el promedio de personas lesionadas cada día es de al menos 22.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, solo del 01 al 25 de enero de este año se registraron 685 personas heridas, mientras que del 07 al 31 de diciembre de 2022 la cifra reportada fue de 393.

El número total de personas heridas sería mayor si se le suma los 580 policías que resultaron con alguna lesión durante las manifestaciones, de acuerdo información de las fuerzas del orden actualizado hasta el 20 de enero de este año.

Respecto a la cifra acumulada de personas fallecidas, la institución informó que 46 murieron en medio de los enfrentamientos con la Policía, 10 por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos y un efectivo del orden por hechos de violencia en el contexto de conflicto.

Los ministerios de Defensa e Interior anunciaron que la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, “efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia” y tomadas por los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Las carteras pidieron a los protestantes a que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución”.

Ambas carteras señalaron que se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (...) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.

“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, señalan en el comunicado conjunto.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) informó, en su último reporte, que hay 88 puntos con tránsito vehicular interrumpido en ocho regiones, lo que incluye 16 vías nacionales afectadas.

Para el politólogo José Alejandro Godoy, la respuesta del gobierno no solamente ha sido “torpe y desacertada”, sino que además tiene fuertes “visos autoritarios”.

“Creemos que, en lo personal, es el peor ejemplo de renuncia a la política. Porque cuando tú tienes un conjunto de demandas que son prácticamente políticas, precisamente, el tipo de respuesta que se esperaría frente a ello sería un planteamiento político. Tratar de convencer la idea de dialogar y finalmente decir: ‘oye, está pasando esto que hay un conjunto de demandas posibles, otras que no’”, afirmó.