Manuel Calloquispe, periodista especializado en temas de minería ilegal establecido en Madre de Dios, fue amenazado de muerte este viernes tras informar sobre las violentas protestas que mantienen aislada esta región de la Amazonía, según una denuncia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Corresponsal de Latina TV y El Comercio, Calloquispe se disponía a transmitir en vivo cuando tomó conocimiento de una captura de pantalla del grupo de WhatsApp de los manifestantes, donde se solicitaba desaparecerlo. Previamente, había recibido insultos y ataques por sus diversas redes sociales.
blockquote class="twitter-tweet">🚨 #ALERTA 🇵🇪 El periodista Manuel @Calloquispe, corresponsal de @Latina_Noticias en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, fue amenazado de muerte por informar sobre las violentas protestas que mantienen aislada esa parte del país.
— IPYS (@IPYS) January 27, 2023
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De momento, se encuentra confinado en su vivienda “porque camionetas le hacen seguimiento con el fin de amedrentarlo”, mencionó el IPYS en un comunicado donde “condena estos hechos y exige protección para el periodista”.
Calloquispe ya ha sido amenazado por mineros ilegales que dominan esta región como consecuencia de sus informes sobre depredación, trata de personas, minería ilegal y crimen organizado. “Las organizaciones criminales de la zona de minería ilegal de la Pampa son quienes financian y mantienen el bloqueo de 24 días y el ingreso a la ciudad de Puerto Maldonado”, señaló.
Se trata de una de las zonas más afectadas por los bloqueos de carreteras en medio de las protestas que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo que permitirá alimentos para paliar el desabastecimiento en esta zona fronteriza con Brasil.
En su último reporte para El Comercio, Calloquispe describió a Madre de Dios como una “ciudad fantasma”: hay pocos vehículos circulando por las calles debido a la falta de combustible (”el último balón de gas llegó a tener un precio de 250 soles”), los alimentos se pudren y escasean, y la economía pende de un hilo.
blockquote class="twitter-tweet">Las organizaciones criminales de la zona de minería ilegal de la Pampa, son quienes financian y mantienen el bloqueo de 24 días, del ingreso a la ciudad de Puerto Maldonado. https://t.co/SmTgfgEd8p
— Manuel Calloquispe (@Calloquispe) January 27, 2023
Solo este fin de semana unos 30 galpones con una producción de 100.000 pollos semanales y 250 toneladas de carne blanca se quedaron sin alimentos por los bloqueos.
¿Quiénes están detrás?
Según un informe de El Comercio, la localidad de Santo Domingo, entrada a Puerto Maldonado, está cerrada por allegados a la minería ilegal de La Pampa y de Laberinto. Además, productores agrarios bloquean la ruta de Puerto Maldonado-Iñapari, en las localidades de Mavila e Iberia. Desde el 4 de enero, la vía interoceánica presenta 21 días de bloqueo.
De acuerdo con el reportaje firmado por Calloquispe, el presidente del comité de Lucha, Brussi Elwis Apaza Vilcapaza, apoyado por la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa, solicita financiamiento de 500 soles a cada motor que ingresa a trabajar a la zona de amortiguamiento y zona de reserva Tambopata para viajar a Lima o continuar con el paro.
“Cada minero ilegal en esta zona puede tener entre 5 a 10 motores. Por otro lado, se acercan a las tiendas o negocios y piden 300 soles de financiamiento. Si se niegan, los amenazan con pistola”, describe.
Disparos del gobernador
Ese es el panorama de una región donde su gobernador, Luis Otzuka, se defendió este viernes con un arma de fuego cuando un grupo de manifestantes atacó su vivienda con piedras y palos.
La turba se apostó en la casa, quebró los vidrios de las ventanas al lanzar piedras y trató de echar abajo la puerta, según el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Otzuka se asomó a las ventanas exteriores de su casa con un arma en mano y disparó al aire para disuadir a los manifestantes. En declaraciones a Canal N, señaló que no tuvo otra alternativa y que trató de defenderse porque querían incendiar su casa con su familia dentro.
La autoridad regional dijo que más de 1.000 personas llegaron para atacar su casa. “Si yo no tengo el arma para defenderme, esto hubiera sido peor”, zanjó.