Fiscalía inició 11 investigaciones por 54 muertes en protestas antigubernamentales

La Fiscalía también ordenó el inicio de 18 investigaciones por lesiones de personas, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad

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El Ministerio Público garantizó que
El Ministerio Público garantizó que las investigaciones se realizarán con “estricto respeto a las leyes” y la defensa de los derechos humanos con “orden, firmeza y celeridad”

El Ministerio Público informó este jueves que inició 11 investigaciones fiscales desde diciembre del 2022 por las 54 muertes ocurridas en las movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, con la finalidad de determinar a los responsables.

La Fiscalía detalló que, producto de los enfrentamientos en las protestas, hubo 47 fallecidos, 46 manifestantes y un policía, así como 793 heridos, de los cuales 435 son civiles y 358 agentes de la Policía Nacional.

Además, otras 16 personas han perdido la vida en distintos incidentes vinculados a los bloqueos de carreteras, el principal medio de protesta, según anunció la cartera en Twitter.

La cartera también emprendió 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad, disturbios, contra la tranquilidad pública, entre otros.

En el marco de las protestas, la Fiscalía registró 639 detenidos, de los cuales 53 cumplen detención preliminar y ocho se encuentran con prisión preventiva.

Fuente: TV Perú

Según el comunicado, el Ministerio Público garantizó que las investigaciones se realizarán con “estricto respeto a las leyes” y la defensa de los derechos humanos con “orden, firmeza y celeridad”.

Boluarte, investigada por genocidio

Las protestas estallaron luego que Pedro Castillo fue destituido de la presidencia por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto.

Lo reemplazó Boluarte, su vicepresidenta, investigada por la fiscalía por genocidio. Gobernadores regionales y varios colegios profesionales se han sumado a las voces que piden su renuncia, cuando el país vive su décimo día consecutivo de protestas después de la tregua de fin de año.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

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