Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU), se pronunció este jueves sobre la crisis social y política que atraviesa el Perú desde hace seis semanas, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo.
En un mensaje emitido por su portavoz, Guterres se declaró “consternado por el número de muertes registradas en el contexto de las protestas e instó a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales sobre las mismas, y a que se evite la estigmatización de las víctimas”.
En 50 días de la administración de Boluarte, se ha producido una ola de protestas, varias de ellas violentas, sobre todo en el sur, que han dejado 46 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Frente a ello, el político invocó “a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia” y reiteró “su llamamiento a las autoridades para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
También subrayó que “las protestas deben desarrollarse de forma pacífica, respetando el derecho a la vida y la propiedad”, y “que es fundamental generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo que permita abordar la crisis actual”.
“Responsabilidad directa del Estado”
En la víspera, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que “se está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza” contras las movilizaciones, y se está construyendo una “arquitectura de impunidad” para las fuerzas del orden.
“En la historia de la democracia del Perú, no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”, dijo la responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDHH, Mar Pérez.
La activista recordó que de los 63 fallecidos en las protestas, según distintas fuentes, “46 son responsabilidad directa del Estado”.
“No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena y todavía no hay ninguna muerte en Lima, donde ahora mismo, en este momento, las movilizaciones son masivas”, destacó al considerar que existe racismo en la actuación policial.
Afirmó que las fuerzas del orden “disparan contra personas que se manifiestan pacíficamente e incluso contra personas incluso que no participan en las movilizaciones”.
Las protestas se reanudaron el 4 de enero, tras una pausa por las fiestas de fin de año y los reclamos se enfocaron en derechos sociales, desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas, de mayoría indígena.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que el país fue escenario de “violencia” tanto por parte de fuerzas de seguridad como contra bienes públicos y privados.
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