Entre el derecho a la protesta y las violentas movilizaciones: ¿tenemos una respuesta del Estado basada en derechos humanos?

“Dina asesina, Juliaca ya está aquí”, vociferó uno de los protestantes el pasado jueves al salir de la UNMSM, casa de estudios que albergó a cientos de peruanos que llegaron a Lima de distintas provincias para reclamar por los 52 muertos que dejó los enfrentamientos entre autoridades y manifestantes al interior del país. La región Puno fue una de las zonas del país más golpeadas por la actual crisis política y social. En apenas un día, 17 personas perdieron la vida mientras participaban de las movilizaciones sociales.

Los puneños han denunciado que las fuerzan del orden atentaron contra los derechos humanos de los protestantes e hicieron uso de armas letales que acabaron con la vida de 20 ciudadanos de la región en general. Tres víctimas eran menores de edad, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo. Una situación similar se registró en Ayacucho, donde fallecieron 10 personas durante el primer día de Estado de Emergencia. Otras más de 10 personas fallecieron en Cusco, La Libertad, Arequipa y Apurímac.

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La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) accedió a las necropsias y pericias realizadas a los fallecidos en Ayacucho y Andahuaulas, cuyos exámenes evidenciaron que existió un patrón para disparar a los manifestantes: se encontraron impactos de bala en cabeza, tórax y abdomen. “Han disparado a matar. No necesitamos ser médicos para saber que si se dispara al estómago o al pecho, lo más probable es que fallezcas. Se trata de tiros para ejecutar a una persona. Eso en el derecho internacional se le conoce como ejecución extrajudicial”, explicó la abogada Gloria Cano, de Aprodeh, a Infobae.

De acuerdo a la experta, la violencia en las últimas semanas ha incrementado junto a la respuesta excesiva de parte del Estado. Si bien se han registrado focos de personas que generaron daños durante las protestas, la policía tenía la obligación de emplear estrategias para controlar estos hechos sin atentar en contra de los derechos humanos.

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“Si hay personas o un grupo de personas que se salen de ese cauce pacífico, el Estado a través de la Policía tiene las herramientas necesarias para poder detenerlos y realizar las acciones necesarias para evitar esos esos desmanes, pero eso no implica el uso de la fuerza letal de ninguna manera. Y se ha señalado claramente que su uso está autorizado solo si peligro en la vida de la persona que está ejerciendo la fuerza o de una tercera”, precisó.

Pese a ello, el primer ministro, Alberto Otárola, ha reafirmado su posición ante la “mano dura” de las fuerzas del orden para controlar los hechos violentos en las manifestaciones. Estas declaraciones han sido registradas por Aprodeh y muestra la aprobación del Estado ante el uso de armas letales contra los protestantes. “Eso implica una responsabilidad penal. Él [Alberto Otárola] va a tener que responder en algún momento sobre ello”, resaltó.

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Durante la declaratoria de emergencia, también se denunciaron otros hechos de abuso de autoridad como la intervención del local de la Confederación Peruana de Campesinos y del partido Nuevo Perú. De acuerdo a las personas que fueron parte de este acontecimiento, se produjeron detenciones arbitrarias y uso de fuerza excesiva de parte de las autoridades presentes.

De igual manera, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó que tres dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho fueron detenidos mientras participaban de una actividad cultural. El evento se desarrollaba de forma pacífica a mediados de enero. Según dijo la CNDDHH, las fuerzas del orden que se encargaron de la medida no presentaron ninguna orden de detención en contra de los ayacuchanos.

Para Amnistía Internacional, durante muchos años en Perú se han construido campañas de estigmatización en contra de las personas que participan de manifestaciones sociales. Estas estrategias para desprestigiar las movilizaciones tienen una serie de patrones, una de ellas es acusar de “terroristas”, “vándalos” o “delincuentes” a las personas que forman parte de una marcha. Otro patrón empleado es la muestra de detenciones arbitrarias. Todas estas características forman parte de la criminalización de una protesta.

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La experta explicó que en la mayoría de casos se criminaliza la protesta hacia dirigentes o personas que han participado activamente en la protesta, aunque no exista ningún tipo de evidencia en su contra. “Criminalizar la protesta es que por el hecho de protestar, por el hecho de ejercer tu derecho a la protesta, se te imputan unos cargos que intimidan a más personas”, dijo.

Navarro se refirió también a lo sucedido el día sábado con la Universidad San Marcos. La casa de estudios fue testigo de una entrada violenta de parte de la policía, quien ingresó al campus universitario con un vehículo blindado tumbando la reja que impedía su pase. Muchas organizaciones de derechos humanos como Transparencia, CIDH y Amnistía denunciaron detenciones arbitrarias masivas, incursión policial y desalojo.

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Al respecto, el Ministerio del Interior indicó que la intervención fue realizada como respuesta a una solicitud de la misma UNMSM y toda actuación se realizó en el marco de la ley. Sin embargo, muchos abogados reportaron a través de redes sociales que en un primer momento se les negó el acceso a la defensa legal a las personas que se encontraban dentro del campus universitario, incluso, se denunció un caso de violencia física hacia una letrada de IDL. “A una de las abogadas se le ha golpeado, pese a que esta se identificó como abogada. No permitieron el ingreso a la Defensoría del Pueblo, tampoco a los congresistas. Eso representa un abuso y está fuera del debido proceso”, añadió.

La declaratoria innecesaria de emergencia en ciertas regiones también corresponde a un patrón de intimidación y forma parte de la criminalización de la protesta, según Amnistía. “El Estado de Emergencia está siendo totalmente inadecuado. Vemos que 24 horas después de declararse esto se han duplicado el número de personas que han muerto. Eso nos da una clarísima indicación de que lo que está fomentando es una escalada de violencia, que también pretende ser intimidatoria”, aseguró Navarro.

La abogada Dina Boluarte asumió el mando presidencial en medio de una crisis política que golpeaba fuertemente al país. Sin embargo, muchas de sus decisiones han sido sumamente cuestionadas por la ciudadanía. Durante las movilizaciones sociales, la jefa de Estado ha mostrado una postura “empática” con los protestantes, se ha solidarizado con las víctimas y ha solicitado el cese de la violencia en las calles. No obstante, la represión policial y el uso excesivo de la fuerza policial y militar continuaba en distintas provincias del país.

Para el experto en Ciencias Políticas del equipo de investigación Wiñaq, Fernando Tincopa, la postura de la presidenta Dina Boluarte ha cambiado a lo largo de su mandato y se dividen en etapas. “Los primeros mensajes de la presidenta dejaban en claro que ella quería manifestarse como alguien que apoyaba a los manifestantes provenientes del pueblo y que no tenía acciones de la policía y del gobierno en general”, acotó.

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Semanas después de estos mensajes, la cabeza del Ejecutivo decidió dar un giro a esta postura. Su apoyo se convirtió en crítica hacia los manifestantes. “En uno de sus últimos mensajes lo que hizo fue responder criticando a las movilizaciones, criticando la lista de seguidores que la rechazaban, criticando también los excesos y la violencia. Esto refuerza un poco el mensaje que hizo el 13 de enero diciendo que no iba a renunciar y que condenaba los actos de violencia”, dijo.

El politólogo también refirió que las últimas decisiones del gobierno como el ingreso violento a San Marcos —donde se alojaban manifestantes de otras provincias— pretende demostrar que se recibirá con violencia a las personas que apoyen estas iniciativas. “Mandan un mensaje aún más poderoso”, dijo.

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“El mensaje del gobierno es que ellos no van a ceder, dado que esta es una batalla de resistencia. Los mensajes que ofrece el Ejecutivo es que la lucha contra el gobierno es mucho más difícil de lo que se esperaban y la expectativa de victoria es cada vez mejor porque no solamente el gobierno está resistiendo, sino que está resistiendo a no dejar el poder y está contraatacando. Está haciendo acciones que desmovilizan muchísimo más”, aseveró.

Un reciente mensaje de Dina Boluarte en conferencia junto a la prensa extranjera hizo referencia a la responsabilidad de Pedro Castillo en la actual crisis que enfrenta el país. “Aquí no hay ninguna víctima señor Castillo, aquí lo que hay un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y su venganza, acá está una mujer al igual que usted provinciana que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela humilde no me da la prerrogativa para hacer corrupta y robarle al pueblo peruano”, aseveró.

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