Fiscalía de la Nación abrió investigación a ministro del Interior por intervención en San Marcos

El ministro del Interior, Vicente Romero, afrontará una investigación en su contra como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales por la intervención policial realizada el pasado 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a casi 200 personas, entre alumnos y manifestantes provenientes del sur del país.

El Ministerio Público lo informó a través de su cuenta oficial de Twitter: “La Fiscal de la Nación (Patricia Benavides) abre investigación preliminar contra Vicente Romero, ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de la UNMSM”.

Durante los últimos días, la mayoría de críticas por este operativo de la Policía Nacional estuvieron dirigidas contra el titular de este sector, quien -en una de las tantas entrevistas que brindó para dar sus descargos sobre el hecho- aseguró que se había enterado del mismo “por televisión”.

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“No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, manifestó a radio Exitosa, la mañana del 23 de enero.

Instituciones y gremios que defienden los derechos humanos, así como reconocidos abogados, catalogaron la intervención policial de “ilegal”, argumentando que “no se respetaron” los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, más allá del estado de emergencia en Lima.

En un comunicado del 22 de enero, San Marcos calificó el ingreso de las fuerzas del orden, quienes iban a bordo de tanquetas y disparaban gases lacrimógenos, como un “abuso de autoridad”. La casa de estudios precisó que se solicitó “únicamente” la liberación de las “puertas tomadas”.

“Sin embargo, el 21 de enero, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, señaló.

En otro punto del comunicado, San Marcos rechazó la intervención de la Dircote (Dirección contra el Terrorismo) en la residencia universitaria, que tuvo como perjuicio “el daño material de la infraestructura” y “el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.

Las imágenes de los alumnos y manifestantes del interior del país, echados bocabajo en el suelo del campus universitario y con las manos en las espaldas, visiblemente enmarrocados, dieron la vuelta al mundo. Al punto que motivaron el pronunciamiento de autoridades internacionales, como el del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Allanar universidades. Gritar: ‘¡Muera la inteligencia!’. El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”, tuiteó el mandatario del país vecino.

El resultado de la intervención fueron casi 200 personas detenidas, quienes recuperaron su libertad después de más de 24 horas. A su salida de las dependencias policiales, los manifestantes denunciaron haber sido maltratados y discriminados.

Una de las detenidas fue Yolanda Enríquez Vargas, quien aseguró que estuvo en una “celda llena de oscuridad” sin la posibilidad de poder ir al baño por varias horas, y que pudo ingerir sus alimentos solo “gracias al pueblo” que les dejaba comida y víveres.

Ella recordó que cuando llegó la Policía a San Marcos estaba bañándose y su grupo estaba terminando de desayunar. “Como a terroristas nos han tratado, nos han arrastrado y nos han enmarrocado en el suelo. Gracias a la población que me cubrió. Yo estaba desnuda, solamente con un justancito”, denunció.

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