Mientras las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se intensifican en varias ciudades del país, en el Congreso de la República trabajan en una agenda paralela que tiene como objetivo apuntar a las autoridades electorales cuando aún falta la segunda votación del adelanto de los comicios generales para abril del 2024.
La Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, tiene listo un predictamen que busca cambiar la composición del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En concreto, el documento recomienda que se eleve de cinco a siete los integrantes de esta institución.
De los siete miembros del JNE se apunta a que tres provengan de los colegios de abogados de las regiones del país. Además, el presidente de la institución -que es elegido entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia- quedaría sin función jurisdiccional, por lo que no podría tomar decisiones.
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De esta manera, la propuesta apunta a debilitar más la autonomía del JNE. De hecho, la agenda de la Comisión de Constitución ha estado centrado en la reorganización de los organismos electorales.
Este punto resulta controversial ya que Renovación Popular de Rafael López Aliaga es la bancada que propuso cambiar a las cabezas no solo del JNE, sino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Como es público, Renovación Popular fue uno de los partidos que alegó un inexistente fraude en la pasada campaña electoral que tuvo como ganador al expresidente Pedro Castillo.
Jorge Luis Salas Arenas
Dentro de la estrategia para debilitar el sistema electoral esté el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones.
La bancada de Avanza País propuso que Salas Arenas culmine con su gestión en abril del presente año. La medida también alcanza al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
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“El presidente del JNE y el Jefe de la ONPE concluyen su mandato en abril del 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 180 y 182 respectivamente de la Constitución Política del Estado”, se lee en el documento.
Al respecto, Salas Arenas alertó que con dicha iniciativa se atenta contra los “principios básicos” de la Constitución, entre ellos, la autonomía de los organismos electorales.
“[Se vulnera] lo que la Sala Plena ha decidido, respecto a su elegido que soy yo, y en lo decidido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la persona que, tras un concurso público, fue designado jefe de la ONPE”, comentó diálogo con RPP.
El magistrado también rechazó que el grupo parlamentario, integrado por Norma Yarrow, Patricia Chirinos, Adriana Tudela, María Córdova y la autora del PL, alegara una cierta “desconfianza” a las entidades electorales para remover a dichas autoridades de sus cargos.
“No existe motivo para tal planteamiento. La desconfianza que pudiera sentir alguien no es suficiente motivo para remover a autoridades constitucionalmente establecidas (…) Todo ha sido transparente, así que no sé qué otra transparencia pueden estar exigiendo”, aseguró.