Universitario, Alianza Lima y Cienciano denunciaron penalmente a juez que otorgó la medida cautelar a la Federación

La Federación Peruana de Fútbol solicitó al Poder Judicial una variación en la medida cautelar sobre los derechos de transmisión de la Liga 1 2023 de los clubes que renovaron con el Consorcio Fútbol Perú el pasado viernes 20 de enero, dejando en claro que esos acuerdos no cuentan con la aprobación o autorización de la FPF.

Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano decidieron realizar una denuncia penal contra el juez Juan Gustavo Varillas Solano, quien otorgó la medida cautelar a la Federación. Los tres clubes aseguran que se habría cometido una serie de irregularidades y se estaría favoreciendo a Agustín Lozano, el presidente del máximo ente del fútbol peruano.

“Procedemos a denunciarlo debido a que habrían realizado actos dolosos encaminados a favorecer los intereses de Agustín Lozano en detrimento y perjuicio de loa clubes de fútbol profesional y el fútbol peruano en su conjunto. Sustenta nuestra denuncia la célere e inusitada tramitación que se le viene dando al expediente N° 23494-2022, habiendo otorgado de forma automática una medida cautelar exprés”, dice una parte de la denuncia.

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Otro de los fundamentos de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano en contra de Juan Varillas Solano es que ponen en tela de juicio su honorabilidad debido a que el juez fue vinculado a uno de los casos de corrupción más sonados del Perú como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, incluso habría sido uno de sus integrantes, el 8 de marzo del año pasado.

El fiscal superior especializado en Corrupción de Funcionarios, Óscar Miranda Orillo, investigó a Varillas porque habría favorecido a la empresa Consorcio Salud Tacna, quien dispuso una medida cautelar para evitar que el Gobierno Regional de Tacna resuelva un contrato por 265.3 millones de soles para la edificación de un hospital en esa región. Esa empresa incumplió el contrato y buscaba aumentar los costos de dicha obra.

Además, en 2018, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Oracio Pacori Mamani, acusó a Varillas de tener comunicación con César Hinostroza Pariachi. “Está acreditado que César Hinostroza llamó al juez Juan Varillas Solano para que reciba de manera irregular, y le ofreció apoyarlo en su carrera de ascenso en la magistratura”, indicó el excongresista en aquella oportunidad.

Así es como el juez, que resolvió la medida cautelar que favorece a la FPF, estuvo siendo investigado por corrupción de funcionarios en agravio del Estado.

Con todo ese antecedente, el Consorcio Fútbol Perú advirtió sobre “la celeridad con la que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha conseguido esta desproporcionada medida cautelar que afecta a todo el ecosistema del fútbol peruano”.

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Julio García, abogado especializado en derecho deportivo, le explicó a Infobae qué tipo de variación sufrió la medida cautelar que favorece a la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos televisivos de la Liga 1 2023. Muchos pensaron que la FPF había levantado el mandato judicial, sin embargo, no fue así.

“Esta aclaración no se necesitaba, no cambia nada, es más mediático. Esta es una posición de dos partes que están en disputa y cada una trata de posicionar lo que le conviene. Estamos hablando de contratos firmados con 8 clubes, y son 19 clubes, o sea, hay 11 clubes que le reconocen a la FPF el derecho, sería absurdo que ellos estén afectados y no puedan transmitir sus partidos de local”, recalcó García.

El abogado aseguró que Alianza Lima, Cienciano, Deportivo Binacional, Melgar y Cusco FC son los únicos equipos que no podrán seguir con GOLPERU a pesar de que renovaron con ese operador.

“Como la FPF no ha tenido éxito en posicionar su postura, ahora busca aclarar, porque el Consorcio ha posicionado el concepto de que la medida cautelar estaba mal, porque alcanzaba a todos y nadie podía transmitir sus partidos. Yo no creo que haya estado mal, no era aplicable para cualquiera, sino solo a los que tuvieran que ver con el contrato firmado con el Consorcio, porque lo que buscaba la demanda era dejar sin efecto esos contratos que no los firmó la FPF”, afirmó.

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