Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y jefe de la misión que llegó al país para “observar la situación de derechos humanos” en un momento de profunda crisis institucional y política, expresó su preocupación por la escalada de actos de violencia, que “no representan a la mayoría de las personas que están protestando”.
En una extensa entrevista con el diario El País de España publicada el miércoles, el abogado guatemalteco señaló que “la manera de salir de esta crisis es una ruta donde haya un diálogo amplio donde se escuchen todas las voces” de quienes se movilizan contra la administración de Dina Boluarte y el Parlamento.
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“El producto de ese diálogo tiene que ser algún tipo de acuerdo. Acuerdos jurídicos, políticos. Y siempre debe respetarse el Estado de Derecho. Esas salidas de diálogo son una fórmula para que la violencia termine, para que las propuestas se abran paso. (...) De no darse ese diálogo, lo que se ve venir son más escenarios de violencia y enfrentamiento”, remarcó.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Pedro Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima. Frente a ello, el relator de la CIDH indicó que, “en ese diálogo amplio, se debe saber escuchar y respetar”.
“La escucha debe ser sincera, de buena fe, que finalice con acuerdos que permitan descompresionar la alta tensión y clima de posibles hechos de violencia. (...) Los familiares [de los fallecidos] nos dijeron: en Lima dicen que todos somos terrucos, violentistas. Eso no es cierto. Queremos que nuestra voz se escuche. Ese fue el tipo de testimonios que recibimos”, señaló.
También se dirigió a la jefa de Estado, a quien pidió empatía hacia las víctimas y un acto de disculpas, lo cual “no es aceptar una responsabilidad directa como tal, pero sí establecer los lazos de empatía básicos para un posterior diálogo”.
“La presidenta nos aseguró que ella no había dado ninguna orden de disparar armas de fuego. Y lo otro es que las fuerzas de seguridad actuarían en el marco de los estándares interamericanos. Es decir, legalidad y proporcionalidad”, añadió.
Sobre el déficit de fiscales especializados en Derechos Humanos, Ralón expresó que “serán fundamentales las investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido. Y son investigaciones que deben hacerse con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, no existe una cobertura nacional de fiscalías con enfoque de derechos humanos. Hay una deficiencia de cobertura de personal especializado”.
“Las autoridades nacionales deberán hacer cumplir protocolos en la toma de testimonios. Verificar que los protocolos fueron respetados al realizar las necropsias. Además, viene una etapa muy importante que son los protocolos de las tomas de pruebas balísticas para establecer de qué armas salieron los proyectiles”, manifestó.
Escenario
Las protestas que piden la dimisión de Boluarte y el cierre del Congreso se han cobrado 46 vidas -45 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención de Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
El Gobierno amplió el domingo el Estado de Emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, de modo que habilitó a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
Las regiones Amazonas y La Libertad, ambas en el norte, y Tacna, esta última en la frontera con Chile, fueron incluidas en el estado de emergencia. Con ello, casi un tercio del país, que tiene 25 regiones, está afectado por ese régimen hasta mediados de febrero.
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