El ministro del Interior, Vicente Romero, informó este sábado que la intervención en el campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima fue ejecutada en “flagrancia delictiva y motivada por el requerimiento de la rectora de dicha casa de estudios”, Jerí Ramón.
En diálogo con Canal N, el ministro detalló que la diligencia “fue por la comisión de los delitos contra el patrimonio, usurpación agravada, contra la paz pública, disturbios y violación de domicilio, además de considerar el Estado de Emergencia”.
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Según Romero, en la víspera su cartera recibió una denuncia respecto a la irrupción ilegal de al menos 300 personas, algunos “con pasamontañas”, quienes “retiraron y agredieron a miembros de seguridad”, y destruyeron las cámaras de videovigilancia de San Marcos. En el lugar, cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales en la capital.
Canal N también mostró un oficio enviado por la casa de estudios, a través de su procurador, al coronel Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima, para que libere las puertas de la decana de América.
“Siendo las 09:00 p.m. aproximadamente, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y personas no identificadas han procedido ilegalmente a la toma de todas las puertas del recinto, usando violencia contra el personal de vigilancia”, se lee en el documento.
“Frente a un hecho delictivo flagrante en contra de la propiedad de nuestro claustro universitario y encontrándonos en estado de emergencia, se solicita, con carácter de urgente, que el personal policial a su cargo proceda a la liberación de las puertas tomadas ilegalmente, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, con el objeto de recuperar el recinto universitario de la UNMSM”, continúa.
Sin heridos
Pese a que el desalojo de San Marcos suscitó críticas de activistas, políticos y otras universidades, el ministro Romero resaltó que se respetaron los derechos humanos de todas las personas.
“No ha habido ningún herido, todo ha sido de acuerdo a ley y respetando los derechos humanos. Una de las principales preocupaciones de la presidenta Dina Boluarte y del premier, Alberto Otárola, es su cumplimiento irrestricto”, informó.
También se refirió a la denuncia de la congresista Ruth Luque, quien exigía a la Policía poder entrar a la instalación universitaria para conocer las circunstancias y el estado de salud de los manifestantes detenidos.
“Somos respetuosos de la labor que hacen los señores congresistas. Por supuesto que ya pueden ingresar, se les puede dar acceso porque la situación está controlada y se procede a la participación de cualquier actor”, señaló el titular de Interior.
Por su parte, la UNMSM emitió un comunicado en el que afirmó que la Policía actuó “de oficio” en el marco del Estado de emergencia decretado por el Gobierno y, según sus palabras, las instalaciones universitarias “se encontraban tomadas y violentadas por manifestantes”.
”En sesión extraordinaria del Consejo Universitario del 18 de enero, se acordó establecer un diálogo entre una comisión de decanos y estudiantes de la UNMSM y representantes de los manifestantes; donde se acordó que tenían un plazo de retirarse de manera ordenada del campus universitario hasta el jueves 19, a las 12:00 horas, acuerdo que no se cumplió”, dijo la institución, que en una información anterior denunció el robo y saqueo por parte de protestantes.
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