El ministro del Interior, Vicente Romero, descartó este sábado una posible intervención en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que desde el último miércoles devino en albergue de diversas delegaciones de manifestantes que llegaron a la capital de distintas regiones para participar de la marcha que pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
“De ninguna manera, no hay ninguna intervención que esté planificada, ninguna. No me han dado información. Probablemente, las tanquetas estén ahí por un tema estratégico para apoyar a los policías que siguen las protestas sociales”, dijo a Canal N.
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Romero remarcó que ha pedido información al comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, de por qué se han desplazado estos vehículos en las inmediaciones de la casa de estudios.
La fila de camiones militares y unidades policiales ha tomado posición en el frontis del campus, reportó la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), cuyos voluntarios brindan ayuda a alumnos y dirigentes llegados de regiones.
La alerta de una potencial “represión policial en la UNI” llegó en la misma jornada en que la Policía detuvo a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales.
La mayoría arribó de Puno, Arequipa y Cuzco para participar en las movilizaciones convocadas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.
Critican intervención policial
El desalojo en San Marcos, ocurrido esta mañana, suscitó críticas de activistas, políticos y otras universidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Transparencia pidieron al Estado rendir cuentas por “incursión policial, desalojo y detenciones masivas”.
La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió proporcionalidad a las autoridades. Además, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, consideró “oportuno coordinar con la Fiscalía el operativo en la universidad” para que la Policía interviniera.
”En Estado de emergencia se debe garantizar los derechos humanos e intervenciones de instituciones. Estamos atentos hasta que concluya el operativo en el campus universitario”, señaló Revollar en RPP.
Denunció que en un momento posterior al desalojo, parte del personal de la Defensoría fue impedida de ingresar a la universidad “para verificar condiciones de personas en el lugar.
Por su parte, la UNMSM emitió un comunicado en el que afirmó que la Policía actuó “de oficio” en el marco del Estado de emergencia decretado por el Gobierno y, según sus palabras, las instalaciones universitarias “se encontraban tomadas y violentadas por manifestantes”.
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