¿Qué sucedería si el gobierno decide decretar un estado de sitio por las protestas en Lima y regiones?

La convocatoria de cientos de manifestantes del sur del país y otras regiones para la llamada ‘Toma de Lima’ del 19 de enero originó que diversos congresistas de la República recomienden al Ejecutivo que se declare el estado de sitio en la capital y otros departamentos, para frenar los hechos de violencia entre civiles y policías que se vienen desencadenando durante te las movilizaciones sociales a nivel nacional. Las protestas no han cesado desde que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y Dina Boluarte a sumió la presidencia.

“El gobierno debe declarar estado de sitio en Puno de inmediato. Las consecuencias de no hacerlo serán muy lamentables. Esto ya no es protesta, esto es terrorismo: incendiar instalaciones públicas y comisarías”, escribió el legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, en su cuenta de Twitter.

Su colega María del Carmen Alva, de Acción Popular, coincidió: “Si la situación sigue y se empora, sobre todo que ya están (los manifestantes) en la Universidad de San Marcos, creo que se tiene que evaluar el estado de sitio. No queremos más problemas ni una muerte más”.

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Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, se sumó al pedido: “Sabemos que el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer un estado de sitio. No se puede protestar violentando la propiedad privada, arriesgando la vida y extorsionando a la gente”.

Al escuchar a los parlamentarios y algunos opinólogos, a través de sus redes sociales, ciudadanos se han mostrado a favor de la propuesta. Ciertamente, otros lo han rechazado por considerar que solo “avivaría la violencia” entre los civiles y las fuerzas del orden.

De acuerdo a juristas consultados por Infobae, el estado de sitio es un tipo de “régimen de excepción” al que puede recurrir un gobierno “en casos muy extremos”, “muy graves” y “extraordinarios”, cuando se busca “suspender muchos derechos constitucionales” y entregar “mayor poder y protagonismo a las Fuerzas Armadas”.

Los mismos expertos señalan “no recordar” que en el Perú se haya dictado, por lo menos en las últimas tres décadas, algún estado de sitio ni siquiera del 80 al 90 con el terrorismo desatado por el grupo armado Sendero Luminoso.

De acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el estado de sitio debe ser dictado por el presidente de la República, en este caso por la mandataria Dina Boluarte, pero previo acuerdo en el Consejo de Ministros y posterior notificación al Congreso de la República.

Según ese mismo artículo, el estado de sitio no podrá durar más de 45 días continuos y se justifica “en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende”.

Además, se precisa que la prórroga del estado de sitio requiere de la aprobación del Congreso, que a esas instancias deberá reunirse de pleno derecho, pero no se detalla que tenga un límite de tiempo en cuanto a los días que se desee prorrogar.

Dentro del artículo 137 se indica que un estado de sitio es un estado de excepción, al igual que el estado de emergencia, que ya fue decretado por el gobierno en Lima y otros departamentos del país.

La consecuencias del estado sitio dependerán del gobierno, pues en este recaerá la posibilidad de hacer mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio quedará suspendido.

Es decir, podría suspender muchos derechos, más que en el estado de emergencia que ya se decretó en Lima y otros departamentos, en el que apenas se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

Lo que no puede sobrepasar el gobierno es lo estipulado en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica:

- Reconocimiento a la personalidad jurídica.

- Vida.

- Integridad personal.

- Prohibición de esclavitud y servidumbre.

- Principio de legalidad y retroactividad.

- Libertad de conciencia y religión.

- Protección de la familia.

- Derecho al nombre.

- Derechos del niño.

- Derecho a la nacionalidad.

- Derechos políticos y garantías que le son correspondientes

Estado de sitio en Chile. Es el más reciente a nivel de Sudamérica, y ocurrió en el año 2021, cuando el entonces presidente de ese país, Sebastián Piñera, lo ordenó en 72 comunas sureñas. Fue como respuesta a a la violencia y los atentados de diversos grupos extremistas mapuches que reclamaban la devolución de sus tierras ancestrales.

Estado de sitio en Argentina. Sucedió en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en medio de un contexto de crisis económica, política y social agudizado por la amenaza de bombas en diferentes colegios de la capital y atentados violentos contra la sede del Comando en Jefe del Ejército.

Estado de sitio en Colombia. Aunque fue de manera no continúa, entre los años 1970 y 1991, este vecino país atravesó por conflictos sociales en lo civil y militar, lo cual justificó el decreto del estado sitio por al menos 17 años.

La disposición de un estado de sitio no trae consigo la inmovilización social obligatoria o toque de queda. Para que se aplique este tipo de medida en una provincia o departamento, el gobierno debe hacerlo efectivo mediante un decreto supremo.

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