Quiénes serían los supuestos azuzadores identificados por la DINI en las protestas en Perú para crear caos y violencia

La violencia desatada en las protestas en el Perú, además del bloqueo de carreteras que ha dejado al borde del colapso a diversas regiones del sur y centro del país, estaría azuzada por dirigentes con vínculos relacionados al tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. Además, la inteligencia peruana tendría identificado a integrantes del Movadef, Fenate y facciones de Sendero Luminoso que estarían sembrando miedo con amenazas a pobladores de zonas en donde el Estado tiene poca presencia.

Juan Gonzales Loayza, dirigente en el sector de Barrio Chino, en Ica, donde hace unos días se mantuvo bloqueada la Panamericana Sur, registra nueve investigaciones las cuales tiene la condición de imputado o denunciado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas en la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo, en Ucayali.

Presvítero Ocupa Ocupa, presidente en Tocache (San Martín), de la Central Única de Rondas Campesinas, fue intervenido en el 2009 por agentes antidrogas en el aeropuerto Jorge Chávez cuando iba a viajar a Sao Paulo llevando cápsulas de cocaína en su estómago. Pasó seis años en prisión, pero salió en el 2011 y empezó a integrar gremios cocaleros.

Héctor Miranda Sánchez, dirigente de la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente, tambien tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que no hay duda que detrás de la violencia desatada en las protestas en Puno, Arequipa y Cusco son por azuzadores financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Asimismo, advirtió que hay indicios y pruebas que ingresaron al Perú proyectiles desde Bolivia, por lo que el Gobierno de Dina Boluarte decidió impedir el ingreso de Evo Morales y ocho exdirigentes bolivianos a territorio peruano.

“Existen indicios y pruebas de que así ha sido, y no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia a acá (al Perú), sino un trabajo sistemático y permanente de algunos expresidentes, no solamente para azuzar a la población sino de hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país”, expresó.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, recalcó que el diputado boliviano Erwin Bazán y la congresista chilena Chiara Barchiesi informaron sobre el presunto contrabando de municiones por parte de Bolivia y que han hecho las corroboraciones que llevarán a tomar las acciones correspondientes para limitar este ingreso ilegal a territorio peruano.

Incluso, señaló que las autoridades tenían información del presunto financiamiento ilícito de las movilizaciones en determinadas regiones donde la violencia desmedida ha dejado casi 50 muertos.

“Se ha identificado a aquellos que puedan financiar estas actividades, procedentes del narcotráfico y la minería ilegal”, sostuvo Chávez.

Precisamente, un informe del Ministerio del Interior, señaló que dirigentes de organizaciones que promueven las movilizaciones en las diferentes regiones del Perú tienen antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos.

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Puno es una de las regiones sitiadas y centrales de las protestas. El intento de toma del aeropuerto de Juliaca dejó cerca de 20 muertos, pero tras esa violencia provocada y azuzamiento se encuentran otros dirigentes que aún mantienen el control del bloqueo de carreteras de toda la zona sur del país.

De acuerdo al reporte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), fue el 31 de diciembre donde se acordó reiniciar las protestas en esta región sureña.

Durante esta reunión participaron además dirigentes del Sutep, ronderos y comerciantes de Juliaca y en él acordaron que las autoridades regionales que asumían sus cargos el 1 de enero, se “abstuvieran de cualquier tipo de diálogo o de recibir a ministros, congresistas enviados por Dina Boluarte”.

Los dirigentes indentificados por Inteligencia fueron: Pedro Quispe Quisocala, subsecretario de prensa y propaganda del Sutep Puno; y Amador Núñez Díaz, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno; fueron los que exigieron que las próximas reuniones sean reservadas y que la estrategia no sea divulgada a la policía o funcionarios del gobierno.

Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unifiado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca, propuso que la marcha de los 4 suyos y envió a Lima a representantes para exigir la liberación de Pedro Castillo, además de la renuncia de Dina Boluarte.

Otro dirigente identificado por la DINI es Pedro Alejandrino Jallurana Jiménez, excandidato al Congreso, quien a través de mensajes y audios incitaba a atacar a los penales, porque “no logramos nada atacando aeropuertos”.

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De acuerdo a investigaciones y datos revelados por el servicio de inteligencia peruano, doce operadores políticos de Evo Morales han ingredaro al Perú en, al menos, 27 ocasiones entre el 2021 y 2022.

Una de los últimos ingresos fue el de un diputado actual e integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), partido del expresidente boliviano.

Felix Cárdenas Aguilar, exviceministro de Descolonización de Bolivia, ingresó al Perú en julio y septiembre de 2021. Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, excoordinador internacional del Viceministerio de Descolonización, tuvo seis ingresos al país entre los meses de mayo de 202 y diciembre de 2022, incluso tras la caída del gobierno de Pedro Castillo.

Fernando Huanacuno Mamani, excanciller de Bolivia, de acuerdo al registro de Migraciones, tuvo varios ingresos al país entre julio del 2021 hasta noviembre de 2022.

Héctor Arce Rodríguez, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), también estuvo en el país, pero no hay registros en el sistema migratorio peruano.

César Luis Dockweiler Suárez (excandidato a la alcaldía de La Paz), Oscar Javier Barriga Arteaga (expresidente de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos), Cesia Vargas Águila (Radio Kawsachun Coca), Ibeth Cinthia Parra Villa Conde (comitiva del MAS-IPSP), Sandrs Mabel Mariscal (comitiva del MAS-IPSP), Sebastián Felipe Gabriel (Kuraj Mallku del norte de Potosí), Dionicio Núñez Tangara (exviceministro de Coca en Bolivia) y Delina Chile Mamani (exmiembro de la Federación Sindical de Campesinos del Norte Potosí); registran, en su mayoría, ingresos al Perú sin registros ante Migraciones, según la Dirección Nacional de Inteligencia.

Es por ello que el Gobierno peruano, al identificar las sospechosas formas y accionar de Evo Morales y sus allegados ordenó el impedimento de ingreso al Perú y con ello parar las ‘coordinaciones’ con dirigentes de Puno y Cusco que buscaba perpetuar la tensión y violencia.

Sobre el expresidente boliviano y sus operadores políticos pesa una investigación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por el presunto delito contra la seguridad nacional - traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.

El Servicio de Inteligencia Nacional también ha logrado identificar a los que serían los principales financistas en la contratación de buses, minivans, camiones y vehículos que traslada a miles de manifestantes de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho.

Desde el domingo miles de personas están viajando a Lima para la llamada ‘Toma de Lima’. La Policía Nacional mantiene operativos en las carreteras de acceso a Lima y ha detenido a varios choferes y unidades que portaban placas falsas y no registraban requisitoria.

A la capital ya llegó un contingente de 400 personas, que desde esta mañana se mantiene en la zona 3 de la Universidad Mayor de San Marcos y se sabe que en total serán unas 10 mil personas que arribarán a la capital para la marcha que se realizará mañana jueves 19 de enero.

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