Más movilizaciones. Mientras la presidenta Dina Boluarte intenta aplacar las violentas manifestaciones suscitadas a nivel nacional contra de su gestión, diversos gremios y organizaciones sociales anunciaron que se trasladarán a Lima para continuar con las protestas.
El sábado por la noche, un amplio número de manifestantes se concentró en el distrito limeño de Miraflores. Las avenidas Pardo, Larco y otras fueron escenario del desplazamiento del grupo, por ello, se contó con la supervisión de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El municipio de la localidad emitió un comunicado en el que expresaron su respeto por el derecho a la protesta ciudadana, sin embargo, comentaron que dispusieron medidas de seguridad en conjunto con la PNP.
Por otro lado, también se reportó del traslado de decenas de personas en vehículos provenientes de distintas regiones. El lunes, en el km. 31 de la vía Los Libertadores (Ica), la PNP impidió que una caravana de autos que transportaban a manifestantes, llegados de Andahuaylas, continuaran con su camino a Lima para protestar.
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En este procedimiento, tres choferes fueron conducidos a Pisco para revisar sus documentos y verificar que los vehículos cuenten con los requisitos necesarios para circular, es decir, SOAT, revisión técnica, entre otros. Al lugar también llegaron los representantes del Ministerio Público.
Según los manifestantes, otros grupos de Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho también llegarán a Lima en los próximos días.
Las organizaciones de estas provincias, a excepción de Huancavelica, forman parte del “Primer Encuentro Macroregional del Sur”, realizado el pasado 28 de diciembre, donde se anunció la “Marcha de los Cuatro Suyos” en alusión a la masiva movilización de tres días que, en julio de 2000, desembocó en la caída del régimen autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000) en noviembre de ese año.
“Se coordinará con los frentes regionales, frentes de Defensa, Asamblea Nacional de los Pueblos y otras organizaciones que deseen unirse a nuestra lucha, conformándose comité de lucha por provincias, distritos con todas las organizaciones sociales. Preparar la Marcha de los 4 suyos en fecha próxima a consulta para la fecha del viaje masivo a Lima. Coordinar nuevas formas de lucha a nivel nacional”, se lee en el documento firmado por los respectivos líderes sindicales.
Por ahora, las regiones de Lima, Callao, Cusco y Puno permanecen bajo un estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. La medida regirá hasta el quince de febrero.
“Vamos para hacer escuchar nuestra voz de protesta”, dijo a la AFP Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara de la región de Puno, fronteriza con Bolivia.
Mamani, alcalde del poblado de San Isidro, es uno de los centenares de campesinos que recorrerán desde el lunes los 1.350 km que separan su comunidad de la capital.
“Vamos a ingresar por los cuatro conos de Lima (norte, sur, este, oeste). Queremos hacer una movilización pacífica sin inconvenientes”, agregó.
En el pliego de reclamos, que se promueve desde el inicio de la primera ola de protesta en contra de Boluarte, también se exige una convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular.
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Además, se exige la liberación del expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal Barbadillo, tras la disposición del Poder Judicial en su contra para cumplir 18 meses de prisión preventiva.
El exjefe de Estado agudizó las tensiones sociales tras dar un autogolpe de Estado, el pasado siete de diciembre, e intentar “disolver” el Congreso, así como “reordenar” el Ministerio Público, entidad que continúa investigándolo por presuntos actos de corrupción durante su gestión.
Durante esta jornada no se han producido enfrentamientos o actos de violencia en las marchas, pero sí se confirmó la paralización de actividades en las provincias de Chincheros y Espinar en Cusco, Virú y Sánchez Carrión en La Libertad, y en Tambopata en la región de Madre de Dios, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo.
Las protestas han dejado 50 muertos desde diciembre pasado, así como 698 civiles heridos y 442 policías lesionados. Boluarte, abogada de 60 años, era vicepresidenta hasta el 7 de diciembre cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo por su fallido autogolpe.
La presidenta pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis e instó a los legisladores a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.
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