El 69% de peruanos estaría de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 40 por ciento desea un cambio total de la Carta Magna. Por su parte, el 45 por ciento considera que deben realizarse algunas modificaciones al texto constitucional.

Manifestantes detrás de una pancarta que pide el adelanto electoral en Perú y que llama a convocar una asamblea constituyente, mientras bloquean la autopista Panamericana durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso en Ica, Perú, el viernes 6 de enero de 2023. Las protestas se mantienen despué de la destitución del predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso. (AP Foto/Martin Mejía)

La renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales para este año no son las únicas demandas que se visualizan en las protestas del sur del país. Además, un sector pide la instalación de una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la de 1993. Este tema, sin duda, parece que está cobrando mayor acogida en la población.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aparecida este lunes en el diario La República, el 69 por ciento de encuestados está a favor de una constituyente como primer paso para cambiar la Carta Magna. Contrariamente al 29 por ciento que no está de acuerdo.

Ahora, hay opiniones diferentes de lo que debe pasar. El 40 por ciento estima que debe existir un cambio total del texto constitucional. Por su parte, un 45 por ciento de los ciudadanos considera que conviene más hacer algunas modificaciones y el 12 por ciento cree que no se debe alterar nada.

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Los temas

Otro aspecto clave que IEP consulta es sobre los temas que podrían ir en una nueva Carta Magna. Así, los respaldos a restablecer el servicio militar obligatorio (un 74% lo incluiría) y que haya pena de muerte para delitos muy graves (un 72%).

Resultado de la encuesta del IEP.

Más de la mitad de la ciudadanía (un 51% en el sondeo) establecería que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país.

Despenalizar el aborto en primeros meses de embarazo (un 32%), legalizar el matrimonio homosexual (un 22%) y que las empresas privadas puedan contratar y despedir empleados con más facilidad (un 20%) se encuentran entre los temas menos prioritarios.

No es el momento

Sobre este tema, la presidenta Dina Boluarte ya se ha pronunciado al respecto.

“Llamo a la reflexión a aquellas personas, en menor cantidad, que están saliendo a protestar sinceren cuál es su plataforma de lucha social; las luchas políticas, como el cierre del Congreso o el tema de la Asamblea Constituyente, creo en este Gobierno de transición no es el momento para abordar esos temas políticos”, expresó en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

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“No estoy negando a la población la posibilidad de que, con tiempo y con calma, pero en un diálogo abierto y sincero puedan ver el tema de la Asamblea Constituyente, correcto, y el camino es por el Congreso, no por el Ejecutivo, el Ejecutivo está ejecutar tareas de carácter social”, agregó.

Lo cierto es que la última iniciativa fue la presentada por la legisladora Sigrid Bazán con el respaldo de los miembros de su bancada Juntos por el Perú - Cambio Democrático, la misma que integra el exministro de Pedro Castillo, Roberto Sánchez.

El artículo dos del texto señala que la ciudadanía sería consultada si “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?” y tendría la opción de marcar Sí o No. Bazán asegura que la medida “busca brindar una solución a la crisis política y concretar el pedido de Nueva Constitución impulsado por la ciudadanía”.

Además, se señala que la eventual aprobación de la Asamblea Constituyente es una expresión de la participación directa de los ciudadanos en la política nacional. Esta postura se vería respaldada por las políticas del Acuerdo nacional que menciona que la “democracia representativa es la base de la organización del Estado de derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y responsable”.

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