Un mes y días desde que Dina Boluarte asumió la presidencia: 2 presidentes del Consejos de Ministros, 3 ministros del Interior y 2 ministros de Defensa lleva la jefa de Estado. Hay un mayúsculo rechazo a la mandataria como se conoció en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IPE), pues el 71% rechaza su mandato.
Más de 45 fallecidos, civiles y policías heridos y muertos, las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial incendiadas, comisarías y aeropuertos tomados, centros comerciales saqueados, casas de políticos destruidas han dejado las manifestaciones en el sur del Perú desde que la presidenta llegó al poder.
Una represión policial que la Fiscalía debe investigar con profunda minuciosidad para establecer las responsabilidad y la confirmación, a través del general PNP, Óscar Arriola, de la presencia del grupo terrorista más sanguinario de la historia peruana, Sendero Luminoso, el cual se ha infiltrado entre las voces de quienes hacen valer su legítimo derecho de protestar en contra de quien hoy dirige el Ejecutivo.
Hubo comisiones que llegaron a las regiones que se desangran por las protestas para entablar un diálogo, pero no se logró nada. Esto es un punto de referencia para argumentar la carente inventiva del vigente Gobierno para poder intentar darle un alto a la violencia entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
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Infobae conversó con dos analistas políticos para que puedan contemplar las posibles soluciones que podría encontrar el territorio nacional y su convulsionante crisis que mantiene en luto y desesperanzador porvenir.
El abogado constitucionalista Rafael Gertin señala que estas expresiones sociales en las diferentes regiones —en su mayoría zona sur— del Perú no son pedidos para que se realicen obras, carreteras o temas afines, sino que, gran parte de las exigencias de quienes han salido a protestar se encuentran dentro del ideario de Perú Libre. El especialista argumenta que, el Gobierno tiene la importante tarea de encontrar entablar un diálogo y ponerle fin a este conflicto entre un sector considerable de la población y la gestión de turno.
“Lo que tiene ver el Gobierno es identificar quiénes realmente son los actores sociales y, sobre todo, que quieran dialogar para llegar a una solución de las demandas que son justas y de índole social y en el caso de los que están solicitando situaciones que van en contra de lo que establece la Constitución hacer las denuncias correspondientes como ya lo está haciendo la Fiscalía”, precisó.
En esa misma línea, el analista menciona que, entre las exigencias que han vertido los manifestantes en diferentes puntos del país es que se pueda dar el adelanto de elecciones y esta sería una de las alternativas más viables dentro de un potencial diálogo que se pudiese desarrollar.
“Creo que uno de los principales pedidos que es el adelanto de elecciones es algo que, en cierta manera, es lo más negociable dado que todos los sectores del Perú están de acuerdo, pero debe ser un adelanto consensuado. Ya se ha dado un primer paso en el Congreso y debe haber elecciones con ciertas condiciones que son las reformas electorales y políticas”, apunta.
En ese mismo contexto, Gertin menciona que, si bien una alternativa apunta a una aproximación de los comicios generales, argumenta que, una posible renuncia de Dina Boluarte no debería consumar esta opción, ya que, correspondería que sea el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José William, quien asuma el Gobierno de Transición y Emergencia, así como sucedió con Francisco Sagasti hace poco menos de tres años.
El abogado enfatiza, en cuanto a la diferencia de panoramas que se tendría con Williams Zapata y Boluarte Zegarra en el sillón presidencial, ya que, el primero no forma parte de la agrupación política que hoy rechaza a la mandataria y que sumado a esa enemistad está el refuerzo de no querer que la jefa de Estado se mantenga en su cargo. El parlamentario no tiene ningún vínculo con la izquierda o con las bancadas fragmentadas de Perú Libre, por lo que mantener distancias con estas agrupaciones políticas tanto en el hemiciclo como en las calles no sería difícil para quien hoy preside el Legislativo.
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Por su lado, la politóloga María Paula Távara entiende que, las autoridades electorales han asegurado que los comicios generales podrían darse este año y que, por tal motivo y dentro del adverso contexto embarrado de sangre en el que el país se ve inmerso, sería idóneo para poder escapar de la crisis y darle un alto a los actos de violencia.
“Hay que reconocer que esta crisis es bastante más profunda que el Gobierno de Boluarte y la solución a la crisis no la vamos a encontrar en el inmediato, pero sí creo que podemos hallar las condiciones para un diálogo más adecuado que nos permita ser más ecuánimes a largo plazo y para alcanzar esa posibilidad creo que lo que necesitamos es que las elecciones sean lo antes posible”, detalló.
En tanto, la analista sugiere que, no habría mayor diferencia entre si Boluarte renunciara y que Williams asuma la presidencia interina porque el presidente del Congreso tendría que plantear el adelanto de elecciones, incluso en un plazo aún más breve.
Es en esa misma línea que Távara reitera que el adelanto de los comicios no puede darse en abril del 2024, sino que en su defecto, debe ser a más tardar en los próximos 6 meses del 2023.
En un eventual caso —como ya expresó la presidente— que Boluarte no sea vacada o que no renuncie, la politóloga no prevé que haya un cambio o una salida del agobiante contexto actual, pero se debe intentar buscar la menor afectación, con el control del accionar de las fuerzas del orden que será fundamental.
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