Mientras el Gobierno de la presidente Dina Boluarte atraviesa una crisis por las diferentes protestas a nivel nacional, distintas bancadas en el Congreso de la República presentaron un grupo de proyectos de ley que conciernen a diversas instituciones autónomas.
Las propuestas atañen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo.
Estas fueron presentadas entre los días cuatro y once de enero del presente mes, es decir, en solo una semana y en medio de las violentas protestas, reiniciadas días atrás, en contra del mandato constitucional de Boluarte Zegarra.
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La primera iniciativa (N° 3889) propone recortar por única vez el mandato de los actuales titulares del JNE y la ONPE, presididos por Jorge Luis Salas Arenas y Piero Corvetto, respectivamente. El proyecto, que sugiere el cese de labores para abril del 2023, alega que se “construirá confianza en el país” con la medida.
Otro proyecto (N° 3952) plantea la modificación de los artículos 150°; 179° y 180° de la Constitución para cambiar la conformación del Pleno de la JNE. En el documento se propone que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) elija a tres de los miembros de este grupo así como a los integrantes de los Jurado Electoral Especial (JEE).
Además, se plantea que el Colegio de Abogados de Lima no designe solo a uno de sus miembros, sino que, en este apartado, sean dos los elegidos “mediante un sufragio (…) por los miembros hábiles de todos los Colegios de Abogados del Perú”. Esta votación estaría a cargo de la ONPE.
Entre estas y otras modificaciones, la composición del Pleno del JNE, que también deberá respetar la cuota de género según el proyecto, ya no albergaría a cinco miembros sino a siete.
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En este marco, el Proyecto de Ley N° 3961 “Ley de Reforma Constitucional que otorga transparencia y neutralidad al JNE” pretende modificar los artículos 179° y 180 de la Constitución, apartado que recoge normas sobre la conformación del Pleno de la entidad electoral.
El texto establece que cada miembro elegido por la Corte Suprema (CS) y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, no se encuentren en actividad al momento de ser designados como representantes de estas instituciones. Estos, además, deberán elegirse entre los magistrados del CS y los Fiscales Supremos jubilados.
Más propuestas
Por otro lado, la iniciativa N° 3955 plantea la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones en los apartados 291 y 300. De esta manera, los ejemplares del Acta Electoral, enviados a diferentes instituciones, podrá remitirse al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a través del oficial o personal responsable designado para tal fin.
También se propuso el Proyecto de Ley N° 3894, para modificar los artículos 157°, 161° y 201° de la Constitución, que busca reducir el número de votos para la remoción de los miembros de la JNJ, elección y remoción del Defensor del Pueblo y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
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Según el documento, los integrantes de la JNJ podrán ser removidos por causa grave, mediante acuerdo del Congreso con el voto favorable de los tres quintos del número legal de sus miembros, es decir, 78 votos.
De la misma manera, el Defensor del Pueblo podrá ser elegido y removido por el Parlamento con igual cantidad de votos. Similar situación se estipula para los miembros del TC.
Finalmente, entre los grupos parlamentarios que elaboraron dichas propuestas se encuentran Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Algunas bancadas aparecen en más de un proyecto de ley.
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