Trabajadores despedidos de la Municipalidad de Lima respondieron a Rafael López Aliaga: “Me gané mi convocatoria limpiamente”

Han pasado 14 días desde que Nerida Valle Bravo y Miguel Angel Lagos Estabridis se enteraron de que ya no trabajaban en la Municipalidad de Lima Metropolitana. El pasado 2 de enero fueron notificados sobre la finalización de sus contratos, pero no eran los únicos. Ante la nueva gestión del alcalde Rafael López Aliaga, se denunciaba que más de 500 personas eran despedidas de “manera arbitraria”.

De acuerdo con la carta de despido, se finalizó su vínculo laboral porque “no cuenta con adendas respectivas”, por lo que al no haber firmado ello su contrato es “determinado”. Sin embargo, ambos se encuentran bajo la Ley Nº 31131, en el cual refiere que “los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada”. En el artículo también se precisa que quedan exceptuados todos los trabajadores que fueron contratos bajo CAS de confianza.

Infobae conversó con ambos extrabajadores, quienes expresaron su desacuerdo y sienten que han vulnerado sus derechos. Asimismo, Nerida Valle es una de las 10 madres gestantes que fueron despedidas, pese al estado que se encuentran. Hoy alza su voz en representación de sus compañeras.

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Nerida tiene cinco meses de embarazo y un menor de 5 años. Ella comenzó a trabajar desde el 2019 en la gestión del entonces alcalde Jorge Muñoz, pero a través de un concurso obtuvo su puesto. Asimismo, relata de qué manera fue despedida junto a sus compañeros, quienes aún tienen esperanzas de que su derecho no será vulnerado.

La especialista en administración también indicó que no le dejaron ingresar a retirar sus cosas luego de brindar su fotocheck. “Yo me veía perdida, era una trabajadora que no se encontraba en una situación, que no tenía mapeado qué iba a pasar. (...) He hablado a seis congresistas, solo tres me han apoyado”, reveló.

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Ante ello, algunos extrabajadores fueron citados en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República el viernes 13 de enero. En su intervención, donde no pudo contener las lágrimas, Valle Bravo recalcó que no pertenece a ningún partido político y rechazó las declaraciones del nuevo alcalde de Lima.

Asimismo, lamentó que algunos parlamentarios hayan calificado como un tema político sus despidos. En sus declaraciones, la legisladora Norma Yarrow rechazó que el alcalde López Aliaga cometa un “abuso”. Sin embargo, indicó que no permitirá que se realice pagos sin tener un “logro”.

Por su parte, la parlamentaria Tania Ramírez (Fuerza Popular) pidió a Servir a que emitan el informe que determinará lo que sucedió, pero indicó que el Congreso no va a reponer los puestos. “No vamos a reponer el trabajo a nadie, que sí podemos exhortar, fiscalizar, porque es nuestra función, pero de ahí a reponer un puesto de trabajo, no”, sostuvo.

Lagos trabajaba en la Gerencia de Desarrollo Económico desde el 2 de diciembre de 2019. Sin embargo, el 2 de enero del presente año no le permitieron ingresar a las instalaciones del municipio. Además, confía en que las autoridades y el fallo saldrá a favor de ellos, pero en caso haya una indemnización lo tendrá que pagar “los ciudadanos” con los arbitrios.

El extrabajador también aclaró que a través de correo electrónico se envió una citación para la firma de adendas que se desarrollaría en el Teatro Municipal. Sin embargo, esta convocatoria se habría suspendido con la información de qué más adelante se iba a mandar a cada área, pero nunca llegó; a pesar de ello, revela que también existen colaboradores que firmaron, pero fueron despedidos.

Ambos compañeros no pierden la esperanza que sus casos serán resultados a favor de ellos. Asimismo, esperan el informe de Servir, pero primero la Municipalidad de Lima tiene que enviar la documentación hasta este miércoles 18 de enero. De la misma manera, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la información de la situación de las personas que fueron despedidas.

El nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó que el entonces burgomaestre Miguel Romero había convocado a trabajadores para firmar contratos indefinidos, el mismo día que se realizaba la transferencia.

La situación también deberá ser investigada en ambas gestiones, por lo que, se espera el pronunciamiento e informe final de Servir con los detalles de lo que habría sucedido en ese entonces.

El día de ayer, 16 de enero, la Defensoría del Pueblo volvió a remitir un oficio, donde solicita al gerente municipal, Oscar Lozán, una reunión con “carácter de urgencia” para que puedan informarle la situación. Cabe recordar que, 150 trabajadores municipales solicitaron el apoyo a esta institución.

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