El 88% de peruanos rechaza la actuación del Congreso de la República en medio de la crisis política

En medio de la grave crisis política, que alcanza al régimen de Dina Boluarte con casi cincuenta fallecidos durante las masivas protestas en el sur del país, el Congreso de la República no se queda atrás. A este poder del Estado también se le atañe responsabilidad que se refleja en la poca legitimidad social que cuentan por estos días.

Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Congreso de la República registra un 88 por ciento de desaprobación ciudadana a lo largo del territorio nacional. Si se realiza una comparación con el mes pasado, la cifra es por un aumento de ocho puntos porcentuales. Situación contraria con el respaldo.

Solo el nueve por ciento muestra su apoyo a los 130 parlamentarios. Finalmente, el tres por ciento no tiene una opinión formada sobre el papel que el Legislativo desempeña en medio de esta situación.

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El desprestigio es tal que alcanza a José Williams, quien lidera la Mesa Directiva desde el año pasado. El militar en retiro cuenta con un 72 por ciento de rechazo a su gestión. Por lo pronto, se mantiene en este punto.

Sin embargo, el panorama cambia cuando vamos a su aprobación que tuvo un bajón de 18 a 16 por ciento. Igualmente, el 12 por ciento no cuenta con una posición definida frente al rol de Williams Zapata.

Hay que recordar que si la presidenta Boluarte deja su cargo, el encargado de asumir constitucionalmente sería Williams. Pero, con las cifras registradas, la situación política podría agudizarse más.

Esta semana, el Parlamento fue protagonista de dos decisiones cuestionables. La primera es que el martes pasado blindaron a Freddy Díaz de la un pedido de inhabilitación por 10 años de la función pública.

Como es público, Díaz es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho. Mañana se definirá el pedido de prisión preventiva por nueve meses respecto a este caso.

Congresistas de Perú Libre, el Bloque Magisterial entre otros votaron en abstención para blindar a Díaz. Frente a la indignación generalizada, el jueves pasado hubo una reconsideración y allí se aprobó el desafuero del mencionado parlamentario.

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Por otro lado, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País mostraron su notoria oposición a la idea de crear una una comisión que investigue y halle a los responsables políticos de las 47 muertes dejadas durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en el sur del país.

Estas fuerzas políticas recalcaron que el Ministerio Público debía ser la encargada de realizar las diligencias. Además, rechazaron la tesis de que se cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos.

Un detalle que ha quedado pendiente es el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad que será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

La propuesta nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien planteó que este grupo de trabajo esté integrado por todas las bancadas de la representación nacional y tenga un plazo de 90 días calendarios.