Desde que inició el gobierno de Dina Boluarte, 48 personas que participaban de las manifestaciones sociales en contra de la crisis política han perdido la vida. De acuerdo a las investigaciones correspondientes, gran parte de las víctimas fue impactada por un proyectil y muchos de ellos tenían entre 14 y 18 años de edad. La presidenta de la República ha mostrado sus “condolencias” con los familiares de estas personas pero, a su vez, ha permitido —y continúa permitiendo— el uso de la fuerza excesiva de las fuerzas del orden.
El titular de la PCM, Alberto Otárola, también se ha mostrado a favor de este tipo de manejo de la crisis y ha dispuesto el Estado de Emergencia en las zonas donde se han registrado las movilizaciones. Estas localidades han quedado bajo la custodia de personal militar, quienes ha sido denunciados de atentar contra los derechos humanos al hacer uso de armas de fuego y violencia física para reprimir a los protestantes.
La expresidenta del Congreso y expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, conversó con Infobae acerca del manejo de la actual crisis de parte del Ejecutivo y afirmó que la jefa de Estado, Dina Boluarte, y su gabinete ministerial deben hacerse cargo de la responsabilidad política en las casi 50 muertes registradas. La también abogada y defensora de derechos humanos explicó que es necesario que el Poder Ejecutivo fomente el diálogo entre las autoridades y los manifestantes.
— La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola han lamentado las muertes de los manifestantes desde los primeros días de movilizaciones sociales. También solicitaban el cese de la violencia en las calles. Sin embargo, la represión y respuesta violenta de parte de las fuerzas del orden continuaba —y continúa—. ¿Considera que el discurso del Ejecutivo y sus decisiones para controlar las protestas son incoherentes?
Por supuesto que sí. Uno no puede pedir que haya paz si lo que ha incitado es violencia. Desde mi punto de vista, es este mal tratamiento del conflicto social. No estamos en una guerra, pero creo que el premier y la presidenta parecen haberlo asumido así cuando usan la fuerza pública, declaran Estado de Emergencia y no acuden a un mecanismo de diálogo. La intervención de las fuerzas del orden genera un tratamiento equivocado del conflicto social donde todo se policializa, se militariza. Si tú pones a militares al frente de un conflicto social, es porque tienes la concepción de que estás luchando contra un enemigo.
Creo que hay un discurso totalmente incoherente, pero también un discurso desafiante que, además, se afianza en el uso de la mano dura y, bajo esas condiciones, de ninguna manera vamos a retornar a un clima de entendimiento, siquiera de parte de reencuentro. También hay un discurso muy fuerte de estigmatización de que son terroristas, de que son violentistas. Es un discurso que promueve odio. Yo creo que el primer responsable de la violencia es el Estado.
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— La posición del Ejecutivo hace referencia a la violencia desencadenada de parte de personal militar y policial como un hecho ajeno a este poder del Estado, como si no fuese posible intervenir en el tipo de respuesta que ofrece a la población. En su opinión, ¿por qué Dina Boluarte no detiene el uso excesivo de la fuerza?
Cuando hay un muerto en intento de control de protesta de un disturbio, uno puede tener la duda de si algún miembro de la policía o de las fuerzas del orden se excedieron o desarrollaron mal su función. Pero cuando ya son decenas de muertos, no se trata de un miembro de la Policía o del ejército que se excedió, se trata de una orden, porque uno da la orden de detener el uso excesivo de la fuerza al primer muerto, adviertes a las fuerzas del orden, corriges, sacas a los ministros como una señal política. Pero eso me ha sucedido aquí. Entonces, a mí me queda claro que hay una decisión por una actuación de esta manera, por la mano dura.
Boluarte dice que se va a investigar para encontrar responsables, pero tiene a un premier empoderado que sale a ratificar que esta es la manera correcta de afrontar el conflicto. En una actitud desafiante ha dicho que no va a retroceder, por el contrario, ha declarado un toque de queda, que es muy simbólico, porque afianza su política de ataque contra la población. Me parece que para ellos esta es una decisión. Aquí no cabe el discurso de que ellos van a intentar controlar a las fuerzas del orden, porque ellos tienen el poder para hacerlo. Si no lo hace, es porque no han emitido esa orden.
— ¿La jefa de Estado, Dina Boluarte, y el gabinete Otárola tienen responsabilidad política en las muertes registradas?
Sí. Y respecto a eso, hay mucha jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado tiene el deber de cautelar en la vida, los derechos y las libertades de su población. El Estado en estos escenarios puede cometer dos tipos de infracciones, una es haber dado la orden para que ataquen a la población, donde su responsabilidad es plena, no hay discusión. Se trata de una responsabilidad no solamente política, sino penal. La otra responsabilidad en la que pueden incurrir es en la omisión. En este caso, si no se lograran comprobar de que hubo una orden directa desde el gobierno, la sola omisión, el no haber hecho algo para parar esas muertes, les genera responsabilidad de orden político y probablemente también de orden penal.
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— Pero, hasta el momento, ellos niegan cualquier tipo de implicancia...
Ellos pueden negarlo y, seguramente, esa va a ser su estrategia siempre: denegar la responsabilidad política o legal que exista sobre ellos. Pero, frente a eso, tenemos la evidencia. Por más que digan “yo no vi la orden”, “yo no me enteré”, como decía Fujimori. Él es el mejor ejemplo. En su caso, él decía que no se enteró de que se estaba dando una orden de esa naturaleza [violencia estatal], pero se llega a probar que el Estado tenía una responsabilidad directa porque ellos son los que tienen el poder de mando. La Presidenta de la República es la jefa de las fuerzas del orden, es la jefa de las Fuerzas Armadas. Por más que ella sustente que no tiene ninguna responsabilidad, la tiene. Y es una responsabilidad muy seria. Yo creo que en adelante tarde o temprano va a tener que generar sus consecuencias.
— El primer ministro, Alberto Otárola, en un pronunciamiento en señal abierta afirmó que las muertes son “responsabilidad directa” de quienes intentan dar un “golpe de Estado”. ¿A qué personas o entidades se refiere?
Es una declaración sin sustento. No tiene el menor sentido porque un golpe de Estado la da a alguien que tiene la posibilidad y el poder por medio ilegítimo de hacerse del gobierno. La gente no está pidiendo hacerse del gobierno, no tiene ningún tipo de poder bélico como para lograr esto. Por ello, no hay ningún golpe que se pueda haber configurado. La protesta social es eso, una protesta social y no se puede confundir con un golpe de Estado y no tendrá ningún tipo de asidero en ningún tribunal. La responsabilidad va a recaer sobre Otárola y sobre la señora Boluarte.
Además, ellos han ido dejando varias pruebas que ellos mismos han generado sobre su responsabilidad. Por ejemplo, cuando la señora Boluarte sale a decir que ella ha autorizado que la policía utilice todas las armas que la ley les permita, está aceptando que le ha dado orden de atacar. También cuando el señor Otárola dice que el Poder Ejecutivo están con las fuerzas del orden tratando de detener una sonada, está admitiendo que detrás de eso hay una decisión que ellos han tomado. Cosas como esas van a constituir los elementos de prueba más adelante, que por supuesto los van a terminar responsabilizando por lo que ha pasado.
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— ¿Esta búsqueda de culpables correspondería a una estrategia para evadir responsabilidades?
Sí. Y es una estrategia mal estructurada porque ellos han ido ensayando varios responsables. Hay que recordar que primero sacaron de los cargos a los prefectos porque decían que son ellos los que mueven estas protestas. Los sacaron y las protestas seguían. Luego dijeron que es el terrorismo; sin embargo, hasta ahora no han logrado probar que ninguna de las personas, ni siquiera las intervenidas o peor aún las que han matado, están vinculadas a un grupo terrorista. Ahora salen con el asunto de que es Evo Morales el que está detrás de esto. Toda esta suerte de argumentaciones diversas y en distintos momentos también es una prueba para decir de que ellos están buscando un responsable para evadir su responsabilidad.
— ¿El Estado de Emergencia ha dado espacio a la vulneración de derechos humanos en las calles?
Sí. Tenemos mucha evidencia de que el Estado de Emergencia ha sido un mecanismo que se está utilizando para vulnerar derechos. Desde el punto de vista legal, me da la impresión de la emergencia nacional tiene serios problemas porque las protestas se estaban suscitando en la zona sur del país, sobre todo en algunas regiones, cuando se aprobó un Estado de Emergencia para todo el país. Entonces, me parece que esto tiene un problema de esta declaratoria, un problema de legalidad, que luego se puede discutir y que más adelante se puede utilizar para establecer responsabilidades.
Asimismo, fíjense todo lo que ha sucedido en el marco del estado de emergencia. Cito algunos ejemplos: se intervino sin ningún motivo el local de la Confederación de campesinos, se llevaron detenidos a más de 25 campesinos y sembraron armas. A pesar de que estamos en Estado de Emergencia y de que se puede producir alguna intervención porque tenemos suspendido el derecho de inviolabilidad de domicilio, lo que pasó aquí es que en ese momento no había ningún indicio de que algo había generado esa detención, y eso es un requisito. No puedes meterte a un domicilio solo porque estamos en Estado de Emergencia. Hay jurisprudencia donde dice que se tiene que acreditar algún motivo relacionado con la declaratoria de Estado de Emergencia para que se suspenda ese derecho.
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— ¿Cómo esta situación perjudica a nuestro sistema democrático?
Afecta directamente. La democracia garantiza el ejercicio de libertades, el ejercicio de derechos. La democracia tiene sus límites, por ejemplo, en algún estado de convulsión se pueden dictar este tipo de medidas, pero eso no significa que las personas pueden ser atacadas o vulneradas en su vida, en su integridad, en sus libertades. No pueden ser perseguidas. En este caso, con todo lo que ha sucedido ya se está lesionando el sistema democrático.
— De continuar en un período de caos y violencia, ¿Qué soluciones podemos considerar para salir de esta crisis?
La salida más sensata es que la señora Boluarte renuncie. porque Algunas personas se preguntan el porqué va a renunciar si luego tendrá que asumir el presidente del Congreso, que también está deslegitimado, sí, pero en este momento de duelo muy fuerte de la población sería, por lo menos, una medida moral que podría ayudar a distensionar las cosas. Si eso no pasa, tendremos que afrontar este año sabiendo que va a habrá mucha resistencia de la gente, además de la preocupación de que el propio Gobierno y el Congreso seguirán actuando de manera no solo irresponsable, sino poco empática con la situación.
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Si la presidenta no piensa en renunciar, se debe evaluar la posibilidad de que los propios actores nombren a una misión independiente que pueda establecer establecer el diálogo con diversas personas de del interior del país. Eso debería intentar este gobierno si es que en algo se quiere ratificar, pero me da la impresión que nada de eso se quiere hacer.
— Usted trabajó con la presidenta Boluarte cuando ella era titular del Midis, ¿Qué percepción tenía de ella en ese entonces?
Yo he conocido a Dina Boluarte y me da la impresión de que es una persona que siempre ha querido mantener un perfil en el que no se comprometía mucho con el mismo de gobierno. Ella declaraba muy poco, parecía que quería mantener su estatus dentro de el Midis como ministra. Por eso me da la impresión de que nunca ha tenido un real liderazgo.
— ¿Mantiene esa percepción?
Ahora en la presidencia, creo que le cuesta tomar decisiones, involucrarse ella misma y ser que la persona que dirige esto. Me da la impresión de que ella, por sus temores, ha delegado esto a otras personas como Otárola, como los militares. Finalmente, este gesto de no salir a dar la cara me hace ratificar esa percepción que tenía de ella: una mujer con poco liderazgo que ha puesto siempre el cargo o el estatus por encima. Pero a mí me da la impresión de que Dina Boluarte no está dirigiendo esto.
— La señora Boluarte ha señalado que ella es una “mujer de izquierda”. Usted, como integrante de la izquierda peruana, ¿La identifica como tal?
Creo que las personas de izquierda tenemos dos características concretas: siempre peleamos para que las decisiones, las políticas, sean a favor de sobre todo de las clases más olvidadas. Pero me da la impresión de que la señora Boluarte está lejos de hacer eso. Sobre todo ahora, cuando está gobernando con este sector, que pregona todo lo contrario. Ser de izquierda implica un compromiso muy fuerte y empático con las clases postergadas históricamente. La presidenta Boluarte ni siquiera tiene sintonía con eso al dejar pasar que todo esto suceda. Me parece muy raro que una izquierdista diga que no entienda lo que la gente está pidiendo, como ella comenta, porque esos son reclamos que no son de este momento, no coyunturales, son reclamos históricos. Eso a mí me hace dudar de que ella realmente entienda a alguien comprometido con la izquierda.
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— Alberto Otárola fue nombrado como primer ministro pese a que tenía como antecedente liderar el Ministerio de Defensa cuando se registraron los primeros casos de represión militar. ¿Qué mensaje dio Dina Boluarte con este nombramiento?
Una de las estrategias y de las apuestas de la derecha más ultra es que el método de gobernar es bajo el autoritarismo, el uso de la mano dura y la fuerza pública. Cuando Dina Boluarte procede a utilizar estos instrumentos considero que gira rápidamente hacia los métodos de la derecha para gobernar; pero, además, ese es el mensaje de poner a quién genera esta estrategia: Poner a Otárola como ministro de Defensa, ya responsable de varias muertes, y luego ponerlo como premier, el mensaje que da es que ella está de acuerdo con el manejo autoritario militarista.
Ella da a entender que aprueba el manejo represivo en contra de las poblaciones, sobre todo, las más olvidadas y imaginadas. No estamos hablando de cualquier población, no se está levantando Miraflores o San Isidro, se están levantando como siempre lo han hecho las poblaciones históricamente excluidas, como los aimaras, los quechuas. Además, poblaciones de donde ella proviene. El mensaje es muy duro, es como darle la propia clase que creyó en ti.
— ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del Alberto Otárola en la presidencia de Consejo de Ministros?
Me parece una de las gestiones más nefastas. Así de claro. Es un premier que lejos de generar consensos, porque esa es la labor principal de un primer ministro, no ha servido de bisagra para la gobernabilidad, sino de bisagra para afianzar un orden en donde el autoritarismo y la visión de la derechas sea la que prime. Por eso, me parece que él es el responsable de esta política de agresión contra la población.
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— ¿Y sobre su discurso para sustentar la cuestión de confianza?
Es algo totalmente irrealizable que, además, en medio año no se va a poder concretar. No está pensando en el Proyecto País, en la gobernabilidad, de pensar en cómo doblegar a un sector muy grueso de la población que lo que está haciendo es protestar legítimamente, que tiene el deber de tratar de controlar. El primer ministro es el encargado de resolver los conflictos, debería buscar mecanismos para dialogar y no solo reprimir y callar las voces de la gente, como ha hecho.
— La cuestión de confianza para el gabinete liderado por Alberto Otárola fue aprobado. ¿Cuál es el mensaje que da el Legislativo con esta decisión?
El mensaje es que el Congreso está dando su respaldo a la política represiva del gobierno porque yo no escuché ni siquiera un debate sobre cuáles son las perspectivas de gobernanza de la señora Boluarte. En el tiempo que permaneció en el poder solamente ha aprobado el respaldo a ese mecanismo autoritarista y represivo que está utilizando contra la población. Yo creo que el mensaje que le dan a la gente es ese: acá se pone orden con balas y no nos importa. Creo que ha sido un mensaje muy duro contra los derechos humanos y contra el respeto por la dignidad y la vida de la gente más pobre.
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