La exministra de la Mujer, Grecia Rojas, que elevó este viernes su renuncia a la presidenta Dina Boluarte, propuso el adelanto de elecciones para este año en su carta de dimisión compartida en su cuenta de Twitter.
El país requiere acciones que “devuelvan la confianza en la institucionalidad” y en los “valores democráticos y constitucionales” como el adelanto de comicios para 2023 y “que el Gobierno identifica de forma célere a las personas responsables de los actos de violencia producidos en las movilizaciones ciudadanas, acciones que veo distantes en el actual gabinete”, se lee en el documento.
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Rojas, segunda renunciante de la plancha ministerial en respuesta a las protestas antigubernamentales que suman casi medio centenar de fallecidos desde diciembre, 21 de ellos en los últimos cuatro días, indicó que “no puede desconocer la indignación popular” a raíz de un “sistema de discriminación estructural aún existente”.
“Todos los análisis que se realicen desde una Lima que es percibida como lejana al resto del país carecen de un elemento que resulta esencial: escuchar y entender el proyecto del otro y la otra cara”, continuó.
Poco después de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno anunció la renuncia del ministro del Interior, Víctor Rojas, cuestionado por el desempeño de la unidad antimotines de la Policía.
Fue reemplazado inmediatamente por el general de la Policía en retiro, Vicente Romero, en una ceremonia por la noche en la que Boluarte también tomó juramento a Nancy Tolentino en la cartera de la Mujer ante la sorpresiva dimisión de Grecia Rojas, y Luis Alfonso Adrianzén en Trabajo, tras la renuncia el jueves de Eduardo García.
Demandas políticas
El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, también se han extendido a zonas de la selva.
“Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución”, “Dina, asesina, renuncia enemiga”, son las consignas estampadas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos, que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.
Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.
A ello se suman la exigencia de justicia y sanción para los responsables de las 42 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde el inicio de las protestas hace cinco semanas.
Además, hay 531 heridos —355 civiles y 176 agentes de la policía— y 329 detenidos, según la Fiscalía, que abrió una investigación por genocidio contra Boluarte.
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