La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará un informe sobre la situación que atraviesa el sur peruano en relación a las protestas registradas contra el gobierno de Dina Boluarte. La comitiva que llegó al Perú entre el 11 y 13 de enero recogió los descargos del Gobierno peruano y de otras fuentes sobre el contexto de crisis política.
Según se informó, la delegación de la CIDH fue presidida por Stuardo Ralón, relator para el Perú y vicepresidente de la citada instancia. La visita estuvo precedida por una misión técnica que llegó al Perú a los pocos días de asumir la administración Boluarte. Ambas se realizaron por invitación del Poder Ejecutivo como parte del compromiso del Estado por la promoción y la protección de derechos humanos.
Asimismo se conoció que el grupo tuvo las facilidades para concretar sus actividades. En su diálogo con las autoridades peruanas, la CIDH escuchó en detalle las iniciativas desplegadas para hacer frente a la compleja coyuntura, con un enfoque de derechos humanos:
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1. Instalación de una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas y a quienes sufrieron lesiones de gravedad durante las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022. Dicha Comisión ha avanzado en la preparación de un listado preliminar de las personas que podrían recibir asistencia y apoyo.
2. Compromiso del Ejecutivo para brindar facilidades al Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones que conduzcan a identificar y, de ser el caso, procesar y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida, integridad y la propiedad pública y privada como consecuencia de las protestas y actos vandálicos ocurridos de diciembre a la fecha.
3. Articulación de los distintos sectores del Ejecutivo para hacer frente de manera inmediata a las movilizaciones y protestas ocurridas los primeros días del año en curso.
En dicho contexto, el Estado peruano lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas producida en el marco de las manifestaciones y actos de violencia, coincidiendo con la CIDH en la necesidad de prevenir cualquier violación a los derechos humanos, garantizar el derecho a la protesta pacífica, diferenciándola de actos de violencia o vandálicos con el fin de atentar contra el orden democrático y el Estado de Derecho, así como evitar un uso desproporcionado de la fuerza.
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La visita de trabajo de la CIDH contempló una recargada agenda, tanto en Lima como Ica, Arequipa y Juliaca, donde se reunieron con autoridades y representantes de la sociedad civil, incluidos los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron en Puno.
Al término de la visita la delegación de la Comisión dio a conocer, de manera preliminar, sus apreciaciones respecto a la situación en el país, incluidos aspectos considerados de especial preocupación, los mismos que, conjuntamente con las recomendaciones formuladas, serán analizados por los distintos sectores en el marco de sus competencias.
¿Cuándo revelarán el informe?
La entidad sostuvo que dentro 30 días dará a conocer de su informe sobre la actual situación política del Perú. “Estamos a la espera de información que nos tienen que entregar y que hemos requerido en terreno, y estamos por solicitar por escrito alguna información complementaria para tener mayor precisiones, datos y cifras”, manifestó.
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