El Ministerio Público informó que abrió, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, ocho investigaciones fiscales por las muertes a consecuencia de las últimas manifestaciones, con lo cual se determinará a los responsables de la pérdida de más de 40 vidas humanas.
Se cuenta con 17 carpetas fiscales por los ciudadanos lesionados o heridos, 80 para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; así como 3 carpetas fiscales por los ataques a las sedes del Ministerio Público.
La institución informó que, en total, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima.
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42 fallecidos
Según las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías Penales, Prevención del Delito, y Contra la Criminalidad Organizada se conoció que debido a los enfrentamientos producidos durante las protestas, se tienen 42 fallecidos, 41 civiles y un efectivo policial; así como 531 heridos de los cuales 355 son civiles y 176 agentes de la Policía Nacional.
Además, se ha registrado la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Así, el Ministerio Público busca garantizar que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes que rigen en el país y la defensa de los derechos humanos con orden, firmeza y celeridad.
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CIDH en Lima
Por otro lado, Walter Martínez, el director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), participó en la reunión que los integrantes de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron con autoridades y organizaciones sociales de Arequipa, en el marco de las protestas sociales.
Walter Martínez informó a los comisionados de la CIDH las acciones que efectuó para la defensa de las personas que participan en las manifestaciones. Además, detalló las atenciones gratuitas que en materia legal se brindan tanto a ciudadanos como al personal policial.
También dijo que se trasladó a las regiones en las que se registran movilizaciones para supervisar personalmente la labor que realizan las defensoras y defensores públicos, quienes han asumido el patrocinio legal de casos en el marco de sus funciones.
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