Kelly Portalatino presenta denuncia constitucional contra gabinete ministerial de Alberto Otárola

La denuncia por lesiones graves y homicidio calificado, presentada por la congresista perulibrista, se basa en los 17 fallecidos ocurridos en las protestas de Puno el 9 de enero.

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Esta denuncia constitucional se produce después de que en la víspera presentara su dimisión el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa.
Esta denuncia constitucional se produce después de que en la víspera presentara su dimisión el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa.

La parlamentaria de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, presentó este viernes una denuncia constitucional contra el premier Alberto Otárola y todo su Gabinete Ministerial por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en el marco de las protestas en Puno.

En las manifestaciones ocurridas en dicha región del sur peruano llevó al enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los protestantes que dejó como saldo 17 civiles fallecidos por proyectil de arma de fuego y más de 50 heridos. También, se reportó la muerte de un efectivo de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo al documento presentado por la parlamentaria perulibrista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que preside la congresista Lady Camones, se fundamenta que “mediante proceso parlamentario especial, se debe determinar las eventuales responsabilidades que pudieran haber incurrido dichos funcionarios”.

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En la la denuncia, además del primer ministro, aparecen todos los integrantes de su gabinete, acusados de violar el artículo 1 de la Constitución Política peruana, que hace referencia a la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, según refiere el texto del documento obtenido por el diario La República.

Renuncia de ministro de Trabajo

Esta denuncia constitucional se produce después de que en la víspera presentara su dimisión el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, tras los últimos enfrentamientos que han tenido lugar entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que han dejado en total al menos 49 muertos.

Cabe señalar que, producto de las muertes en dicha región sureña del país, el Consejo Regional de Puno declaró personas no gratas a la jefa de Estado, el premier, y los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez Cresta (Defensa).

En tanto, según la Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2022 hasta enero 2023, registró 49 muertes entre los cuales 41 son civiles, uno es policía y siete son civiles en accidentes de tránsito y hechos vinculados a las protestas. Por otro lado, se da cuenta de 668 heridos, de los cuales 290 son efectivos de la PNP.

La Fiscalía de la Nación viene investigando las muertes ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año.
La Fiscalía de la Nación viene investigando las muertes ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año.

Investigación

La Fiscalía de la Nación informó el miércoles que ha solicitado información a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Defensa (Mindef) y Ministerio del Interior (Mininter) sobre los hechos de violencia ocurridos en las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año.

La solicitud de información se da en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros funcionarios, informó el Ministerio Público a través de Twitter.

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Precisamente, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llegó a Perú a fin de observar la situación política del país y sostener reuniones con altos funcionarios y miembros de la sociedad civil para verificar el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseveró que el Gobierno está apoyando firmemente las investigaciones de los hechos trágicos ocurridos en las últimas semanas. En este contexto, el Ejecutivo oficializó la declaratoria de duelo nacional para el 11 de enero con motivo del deceso de ciudadanos peruanos y personal policial.

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