La congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi Quispe, empezó a recolectar firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente debido a las numerosas muertes durante las protestas en contra de su gobierno.
Entre los firmantes del documento figuran los parlamentarios de izquierda como Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Ruth Luque, Guillermo Bermejo, entre otros. La propuesta también lleva la rúbrica de la congresista Betssy Chávez, ex primer ministra del gobierno de Pedro Castillo.
“Que nuestro país está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte Zegarra, puesto que hasta la fecha ya van 44 personas fallecidas como consecuencia del uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano”, se lee en el texto de la moción.
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En su propuesta, Limachi Quispe considera que el Congreso de la República, “como primer poder del Estado”, tiene que “ponerse al altura” de las circunstancias, a la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, pero “principalmente” a la defensa de la vida de la población.
“A la defensa de la integridad personal, y disponer sancionar a las principales culpables, como es el caso de la Presidenta del Perú, quien a ojos del mundo ha demostrado no tener ningún ápice de sensibilidad humana con los pueblos de nuestro país”, agrega en el documento.
Entre los fundamentos, la legisladora menciona los sesenta días calendario de Estado de Emergencia impuesto para las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Antabamba y Aymaraes, lo que permitió que los militares salgan a las calles.
Necropsia
En videos compartidos en las redes sociales, se observa a uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas disparar directamente con sus armas de reglamento a los protestantes.
Además, al culminar la necropsia de al cadáver de los fallecidos en las protestas en Juliaca, Puno, el Instituto de Medicina Legal reportó el hallazgo de proyectiles de armas de fuego alojados en los cuerpos de nueve de las 17 víctimas.
Guido Pilco Delgado, fiscal asignado al caso, ha solicitado un peritaje balístico para determinar la procedencia de los proyectiles con el propósito de identificar a los autores de los disparos.
Los 17 fueron abatidos por armas de fuego durante las manifestaciones del lunes 9 de enero, cuando la Policía Nacional rechazó el intento de asalto del aeropuerto de Juliaca.
De acuerdo con la información de los protocolos de necropsia elaborados por los especialistas, en seis cuerpos se encontraron fragmentos de proyectiles de fusil de 7.62 mm, en dos había restos de perdigones de metal y en uno lo que sería una bala de pistola.
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