Congreso cita a ministros investigados por genocidio para declarar sobre muertes en protestas

La citación fue programada para esta tarde por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. También está convocado el titular de Justicia, José Tello, quien lidera una comisión multisectorial para atender a los deudos de las movilizaciones

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De manera puntual, Rojas deberá abundar sobre la convocatoria de la PNP para participar en la denominada “Marcha por la paz”, a inicios de enero.
De manera puntual, Rojas deberá abundar sobre la convocatoria de la PNP para participar en la denominada “Marcha por la paz”, a inicios de enero.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso citó para este viernes, a partir de las 3.00 p. m., a los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa), a quienes la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 42 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.

La convocatoria también fue cursada a José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien lidera una comisión multisectorial para atender a los deudos de las movilizaciones.

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Los ministros deberán informar “sobre las circunstancias de las muertes, heridos y detenciones en contexto de las protestas ciudadanas realizadas a nivel nacional”, de acuerdo con la Comisión.

De manera puntual, a Rojas se le pedirá abundar sobre la convocatoria de la PNP para participar en la denominada ‘Marcha por la paz’, a inicios de enero, que finalmente no contó con la participación de la institución.

“Nuestra intención fue llegar, no con un tinte político. Jamás una marcha por la paz va a tener tinte político. Que le den esa interpretación algunos juristas, están en su libre derecho de hacerlo, pero que no se malinterprete que pedir marchar por la paz sea algo para enfrentar”, justificó entonces el ministro.

Multitudinaria manifestación en Juliaca para despedir a los fallecidos en las protestas del día lunes. TikTok

La Fiscalía confirmó que 42 personas han muerto, 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales que se desataron en el país en diciembre pasado.

El Ministerio Público detalló que entre los fallecidos hay 41 manifestantes y un policía, mientras que otros 355 civiles y 176 agentes fueron heridos, y que entre los 329 detenidos hay un menor de edad. También detalló el hallazgo de proyectiles de armas de fuego alojados en los cuerpos de nueve de los 17 fallecidos el último lunes Juliaca, en Puno.

La información fue obtenida a partir de las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías penales, de prevención del delito y contra la criminalidad organizada.

La jornada de represión más violenta ocurrió el 9 de enero en el que fallecieron 17 civiles y un policía en Juliaca, Puno. (AP)
La jornada de represión más violenta ocurrió el 9 de enero en el que fallecieron 17 civiles y un policía en Juliaca, Puno. (AP)

“En total, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima”, detalló.

Capturas en Ayacucho

Durante la noche del jueves, un equipo de la Policía Nacional y de fiscales detuvo a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro Melgar, junto con la vicepresidenta Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de esa organización Alejandro Manay Pillaca.

La PNP capturó a la 'camarada Cusi', vinculada a Sendero Luminoso y acusado de azuzar las protestas. Video: PNP

Mientras que los detenidos ya fueron trasladados a Lima, el Ministerio del Interior aseguró que Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’, fue parte “de la organización terrorista Sendero Luminoso, y detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90″.

En el caso de Ayacucho, la Fiscalía investiga los violentos sucesos que llevaron a que el 15 y 16 de diciembre se presentaran saqueos y se quemen las oficinas del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y otras oficinas estatales.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

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