El primer ministro, Alberto Otárola, emitió este jueves un discurso negacionista, sin mea culpa y, por momentos, desafiante. Fue después del Consejo de Ministros, mientras aumentan las protestas antigubernamentales en el sur.
Desde que estalló la crisis social, en diciembre, se han reportado 49 fallecidos. Además, diversos colectivos anunciaron movilizaciones en Lima con la consigna de “ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”.
“Pero la señora presidenta no va a renunciar. No porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance”, fue una de las primeras expresiones del jefe del Gabinete Ministerial.
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Pese a que el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó que todos los 17 civiles fallecidos el último lunes fueron impactadas por un proyectil de arma de fuego (PAF), Otárola insistió en que no fue una “matanza”.
“Se dice que hubo una matanza, pero lo único que ha pasado es que miles de personas han querido tomar aeropuertos. La Policía no ha reprimido a la gente en las calles, y en este contexto se han producido estas lamentables muertes”, dijo.
Otra frase polémica de la conferencia saltó cuando el premier justificó la acción de las fuerzas del orden: “Quien ha sido agredida es la Policía y el Estado, no se han tratado de marchas pacíficas, por eso debe haber un redimensionamiento”, anotó.
A continuación, Otárola se dirigió a la Fiscalía de la Nación, que lo investiga por genocidio junto con la jefa de Estado y el ministro del Interior, Víctor Rojas, así como el de Defensa, Jorge Chávez.
“Quisiéramos que, con la misma premura, la Fiscalía nos diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú”, matizó y añadió que está en manos del Congreso “la salida constitucional a la crisis”, en alusión al proyecto de ley para adelantar las elecciones para abril de 2024, iniciativa que presentó el Gobierno ante los reiterados reclamos ciudadanos.
Movilizaciones
Las protestas ciudadanas, que se reiniciaron a partir del 4 de enero tras una tregua navideña, exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
El país vivió el último lunes la jornada de protestas más mortífera, ya que en Juliaca, Puno, fallecieron 17 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas el orden cerca del aeropuerto.
“No queremos ni una muerte más”, aseguró Otárola antes de agregar que “lo único que ha pasado aquí (...) es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos” y “la Policía no ha reprimido a la gente en las calles, (sino que) se ha defendido y ha defendido los aeropuertos”.
Quien todavía no se ha pronunciado sobre estas muertes es Boluarte, pues su última aparición pública fue el lunes, cuando se confirmaba el primer fallecido en Juliaca y, desde Lima, la presidenta apostilló que “no se está entendiendo claro qué están pidiendo” los manifestantes.
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