Legisladores, organizaciones feministas y defensoras de derechos sexuales replicaron este jueves a la decisión del pleno del Congreso, que aprobó inhabilitar en el ejercicio de funciones públicas durante 10 años al congresista Freddy Díaz, acusado de violar sexualmente a una extrabajadora en su despacho.
La decisión fue aprobada con 77 votos a favor. Un parlamentario se manifestó en contra y cuatro se abstuvieron. “Muchos cambiaron su voto sin entender cuán grave es la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones”, señaló Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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“Pese a los vergonzosos argumentos de algunos colegas [que defendieron al denunciado], se impuso la consciencia y respeto a las mujeres de nuestro país”, matizó la legisladora no agrupada Flor Pablo, en clara referencia a intervenciones como la de su colega Enrique Wong (Podemos Perú), quien llamó “amigo” al presunto violador y pidió que le rebajen los años de inhabilitación “porque es mucho”.
“Si quieren saber lo que es el pacto patriarcal, escuchen al congresista Wong. Vergüenza congresal”, tuiteó el portal Maldito Feminismo.
Para el congresista no agrupado, Carlos Anderson, se trata de “una sanción política, y es parte de la necesidad de rescatar el espíritu ético de la política en el Perú”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, dijo: “En nuestra propia casa, el Congreso, no podemos sentirnos amenazadas las mujeres”.
Bajo la etiqueta ‘Blindaje no es chantaje’, la organización Promsex indicó que “es urgente y necesario que las instancias del Estado sean espacios libres de todo tipo de violencia”.
A Freddy Díaz se le imputa la violación de los artículos 1, 2 y 39 de la Constitución, supuestamente infringidos al usar las instalaciones del Parlamento para ingerir licor y mantener relaciones sexuales.
Ante el desafuero de Díaz, ingresará su accesitaria, Nelcy Heidinger. El martes, el pleno rechazó el informe final de la subcomisión que preside la conservadora Lady Camones. Posteriormente, se propuso una reconsideración.
El caso
El caso de Díaz se conoció a finales de julio, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación sexual en un acto que habría cometido en las oficinas parlamentarias.
El congresista, quien fue expulsado del partido Alianza para el Progreso, negó las acusaciones y siguió acudiendo con normalidad a las sesiones parlamentarias hasta septiembre, cuando el pleno aprobó su suspensión por 120 días.
En aquella ocasión, el propio Díaz, sobre quien pesa una orden judicial de impedimento de salida del país, votó a favor de su suspensión por considerar que cometió “un hecho lamentable” al ingerir alcohol en el Congreso.
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