El Poder Judicial postergó la audiencia de prisión preventiva contra el excongresista Freddy Díaz para este viernes 13 de enero a las 8.30 a. m. La sesión estaba prevista para hoy al mediodía, pero entonces el Congreso debatía reconsiderar la habitación del exlegislador por 10 años, la cual finalmente fue aprobada.
El juez supremo Juan Carlos Checkley decidirá si dispone la medida cautelar contra el investigado por violación sexual contra una extrabajadora de su despacho.
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El requerimiento fue elevado al Poder Judicial por Zoraida Ávalos, titular en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, quien alertó de la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”, como videos, testimonios, el acta policial y las pericias ordenadas posteriormente por la Fiscalía.
Ávalos también sostiene que la prognosis de pena privativa de la libertad contra Freddy Díaz es superior a los cuatro años por el delito de ultraje en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, como para el de violación sexual agravada, que alternativamente se le imputa.
En el último punto, la magistrada calcula una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación, de acuerdo con la resolución publicada por Epicentro TV.
Inhabilitado
Con 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la cámara dio luz verde en esta jornada al informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento y que acusa a Freddy Díaz de realizar un “mal uso del poder” para “sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo”.
La votación se realizó luego de que el hemiciclo aprobara reconsiderar la decisión previa, cuando los votos a favor del informe sumaron 60, quedándose a seis de alcanzar los 66 necesarios para su aprobación.
El caso se conoció a finales de julio de 2022, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación, tras haber consumido bebidas alcohólicas.
El congresista, quien fue expulsado de Alianza para el Progreso, negó las acusaciones y siguió acudiendo con normalidad a las sesiones parlamentarias hasta septiembre, cuando el pleno aprobó su suspensión por 120 días.
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