Congreso aprueba la conformación de una comisión que investigue las 47 muertes de las violentas protestas en Perú

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención la conformación de una comisión que investigue y halle a los responsables políticos de las 47 muertes dejadas durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en el sur del país.

La propuesta nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien planteó que este grupo de trabajo esté integrado por todas las bancadas de la representación nacional y tenga un plazo de 90 días calendarios.

Durante el debate, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular mostraron su notoria oposición a la idea y recalcaron que el Ministerio Público debía ser la encargada de realizar las diligencias. Además, rechazaron la tesis de que se cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos.

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Las posturas de estos grupos políticos se trasladaron al resultado de la votación cuando marcaron rojo contra la creación de la comisión investigadora. La bancada de Avanza País, los parlamentarios María del Carmen Alva (Acción Popular), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), Ángel Azurín y Esdras Medina (Somos Perú) también acompañaron este rechazo.

De igual manera, los parlamentarios José Balcazar (Perú Bicentenario), Kira Alcarraz y José Elías (Podemos) y el no agrupado Juan Burgos también se alinearon a no respaldar las causas de las muertes durante las protestas que llevan más de un mes.

Un detalle que ha quedado pendiente es el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad que será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

A la indagación en el fuero parlamentario, hay que señalar que la Fiscalía de la Nación dispuso este martes iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez.

La medida, que también alcanza al expremier Pedro Ángulo y al exministro del Interior César Cervantes, se basa en las muertes de manifestaciones cometidas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, que de momento suman 47.

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El viernes pasado, el Ministerio Público dispuso realizar diligencias previas —primer paso a una eventual investigación preparatoria— sobre las denuncias contra la jefa de Estado y el premier, entre otros, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado. Sin embargo, ahora se han añadido los 17 decesos registrados en la última jornada en Juliaca (Puno).

Las protestas arrancaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia, tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple 18 meses de prisión preventiva por rebelión.

Las manifestaciones, que reclaman la renuncia de la mandataria, un adelanto de elecciones y una nueva constitución, fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.

Boluarte había expresado que daría “todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.