La Contraloría General de la República de Panamá presentó una denuncia penal contra Panama Ports Company (PPC) y antiguos funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras identificar presuntas irregularidades en la administración de la concesión portuaria.
La acción judicial, anunciada este miércoles 18 de noviembre, comprende posibles delitos contra la Administración Pública relacionados con el contrato que permitió a la compañía operar durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal.
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La denuncia fue presentada el 17 de noviembre ante el Ministerio Público por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, que entregó documentación para determinar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter penal.
Entre los denunciados figuran quienes integraron, como principales y suplentes, la junta directiva de la AMP entre 2014 y 2023, así como los funcionarios que ocuparon el cargo de administrador general de la institución.

Los hallazgos están contenidos en un informe de auditoría financiera y de cumplimiento que examinó las operaciones de PPC entre enero de 2014 y diciembre de 2024, incluyendo sus estados financieros y las obligaciones contractuales.
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La denuncia constituye un nuevo capítulo en la controversia entre el Estado panameño y la compañía, que perdió la administración de ambas terminales tras un fallo de inconstitucionalidad y mantiene abierto un arbitraje internacional contra Panamá.
Las investigaciones de la Contraloría sobre la concesión adquirieron relevancia en 2025, cuando el contralor Anel Flores sostuvo que el Estado había dejado de percibir 1.337 millones de dólares durante la administración de ambos puertos.
Flores también cuestionó la información financiera presentada por la compañía y la subcontratación de empresas para prestar servicios dentro de las terminales, por cuyos ingresos el Estado presuntamente no recibió las participaciones económicas correspondientes.
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Una denuncia presentada originalmente en 2021 fue reabierta por el Ministerio Público en junio de 2025, tras conocerse los resultados de la auditoría, y posteriormente fue declarada una investigación de alta complejidad, bajo reserva del sumario.
El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato con Panama Ports Company, así como la prórroga otorgada en 2021.
El fallo fue publicado el 23 de febrero en la Gaceta Oficial, fecha en que el Gobierno de José Raúl Mulino ordenó la ocupación temporal de bienes de la compañía para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.
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La transición fue coordinada por el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, mientras que la Autoridad Marítima asumió el control de las instalaciones y estableció contratos transitorios con dos operadores portuarios internacionales.
El puerto de Balboa, situado en la entrada del Pacífico del Canal, quedó bajo la administración de APM Terminals Panamá, perteneciente al grupo danés Maersk, mediante una concesión temporal de hasta 18 meses.
En el extremo atlántico, la operación del puerto de Cristóbal fue asignada a TIL Panamá, vinculada al grupo naviero Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo condiciones similares y mientras se prepara una nueva licitación pública.
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Panama Ports Company y su matriz, el conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, rechazaron las actuaciones del Gobierno, al considerar que la terminación de la concesión y la ocupación de sus instalaciones vulneraron sus derechos contractuales.
PPC inició en febrero un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuyas reclamaciones fueron ampliadas posteriormente hasta superar los 2.000 millones de dólares, por la pérdida de la concesión y la ocupación de sus activos.
En agosto, CK Hutchison promovió un procedimiento arbitral independiente contra Panamá, reclamando más de 1.500 millones de dólares por la presunta vulneración de las garantías establecidas en un tratado de protección de inversiones.
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Para enfrentar ambos procedimientos, el Gobierno autorizó la contratación de la firma internacional Hogan Lovells Cadwalader, por 4,3 millones de dólares para el caso de PPC y otros 3,88 millones de dólares para el de CK Hutchison.
La nueva denuncia penal abre otro frente judicial en la controversia portuaria, aunque corresponderá al Ministerio Público establecer si las irregularidades detectadas por la Contraloría constituyen delitos e identificar a los eventuales responsables.
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