
La justicia panameña condenó a 184 meses de prisión a una mujer de 27 años hallada culpable por el homicidio de su sobrina e hijastra, un caso ocurrido en la comunidad de Gasparillo, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe Buglé, que conmocionó a la población por la relación familiar existente entre la víctima y la agresora.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, integrado por las juezas Cristela Rodríguez, Alvinis Almengor y María De Gracia, luego de que un jurado de conciencia declarara culpable a la acusada por el delito de homicidio. Además, el tribunal la encontró responsable por violencia doméstica.
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Los jueces impusieron una pena de 160 meses de prisión por homicidio y otros 24 meses por violencia doméstica, para un total de 184 meses. Como sanción accesoria, la condenada también fue inhabilitada para ejercer funciones públicas durante dos años una vez cumpla la pena principal.
La decisión fue adoptada de manera unánime luego de valorar 18 pruebas entre testimonios, peritajes y documentación presentada durante el juicio por la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público.

La investigación se originó por hechos ocurridos el 16 de julio de 2024 en la comarca Ngäbe Buglé, donde falleció la menor que era sobrina e hijastra de la acusada.
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El caso se suma a otros procesos recientes relacionados con la violencia contra mujeres y niñas que actualmente son investigados por las autoridades judiciales panameñas.
Uno de ellos corresponde a la Operación Temis, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana en los sectores de Pedregal, Rana de Oro y San Miguelito, que permitió la captura de un hombre presuntamente vinculado al homicidio de una mujer de 37 años ocurrido el pasado 6 de marzo de 2026 en Costa del Este.
Según las investigaciones, la víctima transitaba en su vehículo por la Avenida Centenario cuando fue atacada. Durante los allanamientos realizados junto a la Dirección de Investigación Judicial se logró la aprehensión del sospechoso y la recopilación de indicios que serán incorporados al expediente.
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Paralelamente, la Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de un hombre acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones una medida de protección dictada a favor de su expareja sentimental.

De acuerdo con la investigación, el imputado había sido notificado desde noviembre de 2025 sobre restricciones judiciales que le impedían acercarse a la víctima. Sin embargo, presuntamente incumplió las medidas en varias ocasiones e incluso ingresó nuevamente a la residencia de la mujer, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar una medida cautelar más severa.
Las cifras detrás de la violencia
Los casos ocurren en un contexto de incremento de los delitos relacionados con la violencia de género. Datos del Centro de Estadísticas del Ministerio Público muestran que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 9 víctimas de femicidio, 13 tentativas de femicidio y 3 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios conforme a la Ley 82.
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Las cifras representan un aumento importante frente al mismo período de 2025. El informe señala que los femicidios pasaron de 4 casos a 9, lo que equivale a un incremento de 125%, mientras que las tentativas de femicidio aumentaron de 6 a 13 víctimas, un crecimiento de 117%. En contraste, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 6 a 3 casos.
El reporte también evidencia que Panamá Oeste concentra la mayor cantidad de femicidios registrados durante el año con tres víctimas, seguido por las provincias de Panamá y el distrito de San Miguelito con dos casos cada uno.
Además, la mayoría de las víctimas de femicidio tenían entre 18 y 39 años de edad, mientras que las armas de fuego fueron el principal mecanismo utilizado en estos delitos, presentes en cinco de los nueve casos reportados.
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Desafío para las autoridades Los expedientes que actualmente investigan las fiscalías especializadas reflejan distintos niveles de violencia contra las mujeres: desde incumplimientos de medidas de protección hasta homicidios consumados.
Para las autoridades, la detección temprana de conductas violentas, la aplicación efectiva de medidas cautelares y la respuesta rápida ante denuncias continúan siendo herramientas fundamentales para evitar que situaciones de riesgo evolucionen hacia agresiones más graves.
No obstantes, la sociedad pide más medidas para prevenir actos violentos, ante la violación de las medidas de restricción por parte de los denunciados.
La Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará impulsando las investigaciones y acciones penales necesarias para sancionar a los responsables de delitos contra la vida y la integridad personal, especialmente aquellos que afectan a mujeres, adolescentes y niñas.
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Mientras la condena emitida en Chiriquí representa el cierre judicial de un caso ocurrido hace casi dos años, las nuevas investigaciones y estadísticas oficiales reflejan que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los desafíos más complejos para el sistema de justicia panameño.
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