La tasa de los pozos: cobrar por caminos que no se pueden transitar

En algunos municipios, las boletas llegan con más regularidad que las máquinas. El productor paga por conservar el camino, rompe el vehículo al recorrerlo y, cuando llueve, puede quedar encerrado. La recaudación avanza; la producción se empantana. Pocas imágenes describen mejor la distancia entre el Estado que cobra y el Estado que cumple.

La tasa por conservación de caminos rurales tiene una finalidad comprensible y necesaria: sostener la infraestructura que permite trabajar, transportar y vivir en el campo. El problema aparece cuando esa finalidad queda reducida al nombre de una boleta. Si el servicio desaparece, la denominación del tributo no puede reemplazarlo.

Un caso de Colón, en la provincia de Buenos Aires, volvió a exponer esa contradicción. Según la información periodística publicada sobre la sentencia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino ordenó al municipio reparar, en un plazo de 60 días, los caminos de acceso al establecimiento La Querencia y mantenerlos con una periodicidad razonable. El reclamo judicial había comenzado en 2017.

El productor paga por conservar el camino, rompe el vehículo al recorrerlo y, cuando llueve, puede quedar encerrado

Las crónicas del fallo describen caminos deprimidos respecto de los terrenos vecinos, drenaje insuficiente y dificultades para circular. También señalan que el juzgado consideró que no se había acreditado la prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejorado respecto del establecimiento, pese al pago de la tasa.

Que un productor deba acudir a la Justicia para conseguir que se mantenga el acceso a su establecimiento muestra la profundidad del problema. El derecho a exigir el pago necesita una administración dispuesta a cumplir y a demostrar que cumple.

El tributo está extendido entre los municipios bonaerenses con actividad agropecuaria. Entre los distritos que lo cobran se encuentran Pergamino, Colón, Junín, Tandil, Azul, Balcarce y Rojas. Según la jurisdicción, aparece como Tasa de Red Vial o Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal. Son ejemplos representativos de su presencia territorial, sin que la enumeración implique equiparar la calidad del servicio que presta cada municipio.

Las modalidades de cálculo también difieren. Junín establece una tasa mensual por hectárea; Tandil liquida el tributo bimestralmente; y Colón utiliza una fórmula por hectárea que incorpora referencias al precio del gasoil y de la carne. Pergamino reglamentó para 2026 la opción de pago anual. Cambian las fórmulas y los vencimientos, pero la pregunta que debe responder cada administración es la misma: qué servicio concreto recibe quien paga.

Que un productor deba acudir a la Justicia para conseguir que se mantenga el acceso a su establecimiento muestra la profundidad del problema

El debate supera a un distrito. Una tasa es un tributo cuyo presupuesto incluye una actividad estatal vinculada con el obligado al pago. La jurisprudencia de la Corte Suprema exige una prestación concreta, efectiva e individualizada. La Suprema Corte bonaerense también ha recogido esa doctrina y la necesidad de que la administración, que dispone de los registros, acredite el servicio cuando su prestación está controvertida.

Esa exigencia debe aplicarse atendiendo a la naturaleza del mantenimiento vial. No significa que una máquina deba pasar diariamente por cada tranquera, ni que un bache aislado invalide automáticamente el cobro. Una red de tierra requiere planificación, drenajes, alcantarillas y conservación periódica; también enfrenta contingencias climáticas. Pero esas particularidades no justifican el abandono persistente ni convierten una estructura administrativa en prueba suficiente de trabajos realizados.

Cuando falta esa actividad estatal, la tasa pierde el fundamento que permite distinguirla de un impuesto. No alcanza con invocar la autonomía municipal, aprobar una ordenanza o mencionar necesidades presupuestarias. La potestad de recaudar viene acompañada por obligaciones que deben poder verificarse.

El perjuicio económico se acumula. Al pago del tributo se suman el mayor desgaste de los vehículos, los tiempos improductivos, las dificultades para ingresar insumos y las demoras para retirar la producción. Si el productor debe aportar combustible, materiales o maquinaria para recuperar la transitabilidad, termina financiando nuevamente una tarea por la que ya contribuyó.

En términos de competitividad, esa combinación funciona como una penalidad sobre el trabajo. Una parte del esfuerzo de producir se pierde antes de llegar a la ruta. Los costos evitables del deterioro pueden trasladarse a los fletes, reducir el margen del establecimiento o frustrar operaciones. La competitividad también se decide en los kilómetros que separan una tranquera del pavimento.

La jurisprudencia de la Corte Suprema exige una prestación concreta, efectiva e individualizada

Además, los caminos rurales tienen una función social que excede a la cosecha. Por ellos circulan trabajadores, familias, docentes y servicios de emergencia. Su conservación forma parte de las condiciones básicas para habitar el territorio. El barro que impide salir del campo también puede impedir llegar a una escuela o recibir asistencia.

La discusión sobre cuánto cobrar debe incluir cómo se calcula. La capacidad contributiva puede integrar el reparto del costo, y no se exige una equivalencia matemática entre cada pago y cada tarea. Pero esa flexibilidad requiere razonabilidad y un servicio existente: la superficie o el valor de un inmueble no pueden suplir la falta de mantenimiento.

La salida exige gestión verificable. Cada municipio debería publicar un inventario de su red, un diagnóstico técnico, un cronograma de obras y mantenimiento y un presupuesto identificable. La rendición debe mostrar cuánto se recauda, qué recursos adicionales se reciben y qué trabajos se ejecutan, con fechas, ubicación y costos. Las cifras globales no permiten saber si el camino por el que se cobra fue atendido.

También hacen falta canales de reclamo con plazos de respuesta, participación de productores y vecinos y controles sobre la ejecución. Los consorcios camineros pueden ser una alternativa donde resulten adecuados, con reglas claras y rendición de cuentas. Y deberían existir mecanismos legales ágiles para revisar liquidaciones y resolver reclamos cuando se compruebe la falta de prestación.

El caso de Colón deja una enseñanza que los municipios deberían incorporar antes de recibir una demanda: el contribuyente tiene derecho a exigir que se cumpla la tarea que justifica el cobro. Obligar a litigar durante años para obtener un camino transitable agrega al costo del deterioro el costo de conseguir una respuesta.

La tasa debe servir para reparar el camino. Cuando la boleta se actualiza y el pozo permanece, lo que necesita reparación también es la relación entre el Estado y el contribuyente.