
Poco después de la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, aparecieron decenas de ensayos académicos sobre las causas políticas y económicas que condujeron al final de la Unión Soviética. La mayoría sostenía que las ansias de libertad y de transparencia democrática, contenidas durante décadas, confluyeron con las consecuencias negativas de una economía centralizada que dependía casi por completo de la exportación de petróleo.
En ese sentido, la fuerte caída de los precios del crudo durante la segunda mitad de la década de 1980 dejó a las arcas soviéticas sin divisas suficientes para subsidiar a sus países satélites de Europa Oriental. Como consecuencia, el gasto militar necesario para seguir desafiando a los Estados Unidos, como lo venían haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se volvió insostenible.
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Pocos meses antes de la caída del muro, el estadounidense Francis Fukuyama, que por entonces se desempeñaba como subdirector de planificación política del Departamento de Estado, había publicado en la revista The National Interest un artículo titulado “¿El fin de la historia?”. Desde comienzos de 1990, el texto dividió las aguas en el debate sobre economía política.
Fukuyama sostenía que el derrumbe de la Unión Soviética demostraba que la democracia liberal occidental y el capitalismo de mercado eran la forma final e insuperable de organización humana. Con ello, según él, quedaba claro que la batalla ideológica de la Guerra Fría tenía a los Estados Unidos como ganador inobjetable.
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En ese escenario de radicales cambios políticos y económicos, el profesor de Harvard Michael Porter publicó en 1990 el ensayo “La ventaja competitiva de las naciones”, un texto que sigue siendo utilizado como fuente de estudio y análisis en las principales universidades del mundo.
Porter sostiene que la visión de la economía clásica, según la cual cada país debería especializarse en producir aquello para lo cual posee una ventaja natural, ya no puede explicar por sí sola por qué ciertos países generan más riqueza que otros. Lo sintetiza con una idea central: la prosperidad de una nación se crea, no se hereda. La productividad y la capacidad de las empresas para innovar constituyen, para Porter, la fórmula básica del crecimiento.
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En este orden, el catedrático, que dirige el Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard, establece una distinción clave entre factores básicos —recursos naturales, ubicación geográfica y mano de obra no calificada— y factores avanzados, como investigadores especializados, infraestructura tecnológica y conocimiento técnico sofisticado.
Asigna a los gobiernos un rol de catalizador y soporte de las empresas, mediante la mejora de la educación y la investigación científica, en paralelo con el desarrollo de la infraestructura pública. El académico enfatiza que el desarrollo sostenible no consiste en devaluar la moneda, abaratar el trabajo o subsidiar sectores, sino en hacer que las empresas produzcan bienes y servicios de mayor valor.
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Los postulados centrales de Porter fueron objeto de críticas, entre las cuales destacan las formuladas por el académico de la Universidad de Yale Paul Krugman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus aportes al análisis de los patrones de comercio y la localización de la actividad económica.
Para el economista doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), más allá del concepto de “competitividad”, lo que realmente importa para el nivel de vida de una nación es el crecimiento de la productividad interna, no la conquista de cuotas de mercado externas ni la obtención de una balanza comercial superavitaria.
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Porter pareciera tener razón al señalar que las ventajas duraderas proceden de clusters locales de conocimiento, talento y confianza; Krugman, al advertir que no todo desarrollo económico puede atribuirse al comercio exterior.

Más allá de ambas posiciones, surge un interrogante central: si la prosperidad se concentra en pocos polos de innovación estratégica, ¿qué ocurre con las regiones, los trabajadores y los sectores que quedan fuera del crecimiento económico? Tema de tesis doctorales: El caso del conurbano bonaerense.
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El desafío, entonces, consiste en perfeccionar la gestión de una burocracia pública capaz de renovar su capacidad para diseñar normas de vanguardia frente al imparable avance de la inteligencia artificial. Una política industrial diseñada sin instituciones fuertes no crea competitividad: crea subsidios ineficaces que pueden alimentar la inflación y distorsionar la asignación de recursos.
En la actualidad, China pareciera sintetizar las posiciones de Porter y Krugman: una política industrial agresiva puede crear industrias globales, pero hacerlo mediante subsidios masivos también puede exportar al mundo sus costos, en forma de competencia desleal, sobreoferta y tensiones geopolíticas.
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El economista francés Pascal Lamy, exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre 2005 y 2013, señala que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las empresas con sede en China recibieron entre 2005 y 2024 entre tres y ocho veces más ayudas estatales, en relación con su volumen de negocio, que las empresas de los países de la OCDE.
Según Lamy, el apoyo público explica el 60 por ciento del aumento de la participación de mercado mundial de las empresas chinas desde 2005. A su vez, el Fondo Monetario Internacional estima que el gasto presupuestario de China en política industrial asciende aproximadamente al 4 por ciento de su producto bruto interno anual.
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