Prevenir sin etiquetar: el desafío de investigar amenazas graves cuando hay adolescentes involucrados

La aparición de amenazas de ataques escolares, mensajes que glorifican masacres, referencias a ideologías violentas, búsquedas sobre armas o explosivos y publicaciones en comunidades digitales extremistas plantea un desafío concreto para fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, escuelas y familias.

Frente a una amenaza seria, el Estado no puede esperar a que ocurra una tragedia para intervenir. Cuando existen indicios de planificación, víctimas identificadas, acceso a armas, adquisición de materiales, reconocimiento de lugares o referencias temporales concretas, la prevención deja de ser una posibilidad y pasa a constituir una responsabilidad institucional.

La cuestión es cómo hacerlo.

En agosto de 2026, la Procuración General de la Nación aprobó la Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque, elaborada por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada. El documento responde precisamente a la necesidad de detectar tempranamente procesos que puedan evolucionar hacia hechos de extrema violencia.

La Guía parte de una idea central: los ataques terroristas no comienzan cuando se produce la explosión, el disparo o la agresión. Pueden existir antes señales de radicalización, propaganda, captación, preparación logística o movilización hacia la violencia. Por eso propone analizar indicadores ideológicos, conductuales, sociales y digitales, y clasificarlos según distintos niveles de riesgo.

Esta mirada preventiva representa una herramienta valiosa. Pero su aplicación exige especial prudencia cuando el investigado sea un adolescente.

La propia Procuración establece un límite que no debería perderse de vista: los indicadores de riesgo no son delitos, no atribuyen responsabilidad penal y no generan por sí mismos una presunción de culpabilidad. Ninguno, considerado aisladamente, justifica automáticamente una medida coercitiva. Su valoración debe ser contextual, proporcional y acumulativa.

Esa advertencia resulta particularmente importante en la infancia y la adolescencia.

No es lo mismo buscar información sobre una masacre que preparar una masacre. Tampoco es equivalente utilizar una determinada simbología, participar de un foro, compartir contenido violento, realizar una amenaza genérica o diseñar efectivamente un plan de ataque.

En una investigación seria, esas diferencias importan.

Un dibujo de un establecimiento escolar puede no significar nada o puede adquirir enorme relevancia si aparece acompañado por una lista de víctimas, una fecha, conocimiento de las rutinas del lugar y acceso efectivo a armas. Una búsqueda en Internet puede responder a curiosidad, fascinación, identificación o investigación preparatoria. El desafío consiste justamente en determinar qué función cumple cada elemento dentro del conjunto de evidencia.

Por eso, frente a adolescentes, debería distinguirse con especial claridad entre tres planos.

El primero es el de la identidad o el discurso: ideologías, símbolos, expresiones provocadoras o pertenencia a determinadas comunidades.

El segundo es el de la amenaza: manifestaciones concretas acerca de causar daño a determinadas personas o instituciones.

El tercero es el de la capacidad y la preparación operacional: acceso a armas, adquisición de materiales, selección de objetivos, vigilancia, ensayo, fijación de fechas o elaboración de un plan ejecutable.

Cuanto más se avanza hacia este último nivel, más intensa y urgente debe ser la respuesta estatal.

Pero esa gradación también permite evitar un error: transformar características personales o consumos culturales en sustitutos de una conducta criminal.

La adolescencia es, por definición, un período de construcción de identidad, búsqueda de pertenencia, exploración ideológica y cambios intensos en las relaciones familiares y sociales. Algunas de esas características también aparecen en las matrices utilizadas para estudiar procesos de radicalización. La propia Guía menciona aislamiento, sentimientos de injusticia, crisis identitaria, necesidad de pertenencia, irritabilidad o rechazo de figuras de autoridad como posibles factores de vulnerabilidad.

Por eso el dato no puede interpretarse del mismo modo en cualquier persona y en cualquier contexto.

La justicia juvenil argentina se ha construido precisamente sobre esa idea. La Corte Suprema sostuvo hace años que una persona adolescente no puede ser valorada como un adulto reducido y que su grado de desarrollo debe incidir en la manera en que se analiza su conducta. También ha sido especialmente crítica respecto de la utilización de la “peligrosidad” como fundamento para agravar la respuesta penal (fallo Maldonado, 2005).

Ese criterio conserva plena actualidad frente a los nuevos sistemas de perfilamiento.

Decir que una persona “amenazó con atacar una escuela” describe un hecho que puede probarse. Decir que esa persona posee un “alto grado de peligrosidad” constituye, en cambio, una predicción.

Una conclusión semejante puede ser útil para la prevención, pero debe explicar con claridad cómo se alcanzó: qué indicadores fueron considerados, qué relevancia se asignó a cada uno, qué factores protectores fueron evaluados, qué capacidad real tiene el adolescente para concretar el hecho y cuál es el horizonte temporal del riesgo.

También debería precisarse siempre algo elemental: riesgo de qué, respecto de quién y en qué plazo.

No se trata de elegir entre garantías y seguridad. La buena política criminal necesita ambas.

Una amenaza seria no debe minimizarse por el hecho de provenir de un adolescente. Las fiscalías tienen el deber de investigar, verificar la existencia de armas, preservar evidencia digital, identificar eventuales instigadores o captadores, evaluar la situación de la comunidad educativa y adoptar las medidas necesarias para impedir un hecho violento.

Pero prevenir no significa etiquetar.

La intervención estatal será más eficaz cuanto mejor pueda diferenciar entre una expresión perturbadora y una trayectoria concreta hacia la violencia.

La tecnología ha multiplicado la información disponible sobre la vida de las personas: búsquedas, mensajes, grupos, videojuegos, redes sociales, fotografías, historial de navegación. Esa enorme capacidad investigativa debe ir acompañada de una exigencia equivalente de rigor.

El objetivo no debería ser determinar qué clase de persona es el adolescente, sino qué está haciendo, qué capacidad de acción violenta posee y si existen elementos objetivos que indiquen una transición efectiva hacia la violencia.

Ese es el equilibrio que hoy debe buscar la política criminal: intervenir antes de que sea demasiado tarde, sin regresar —bajo nuevas palabras y nuevas tecnologías— a la antigua idea del “menor peligroso”.

La prevención más eficaz no es la que sospecha de todos.

Es la que logra identificar, con evidencia concreta y a tiempo, dónde existe realmente un riesgo que exige actuar.