
Murió en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Domingo F. Sarmiento fue senador nacional, gobernador de San Juan, embajador ante los Estados Unidos, ministro del Interior y presidente de la República. Ese recorrido no es el de un pedagogo que se asomó a la política. Es el de un hombre de Estado que ubicó a la escuela dentro del diseño institucional, y no a un costado.
Integró la Generación del 37, junto a Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre y Esteban Echeverría, entre otros, esa generación de jóvenes que se propusieron algo bastante más ambicioso que ganar la guerra civil que tenían enfrente: saltar la grieta entre unitarios y federales constituyendo un país.
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De esa ambición hay una prueba temprana en Argirópolis, imaginó una confederación en la cuenca del Plata, integrada por las actuales Argentina, Uruguay y Paraguay, con capital en la Isla Martín García. Tomaba como modelo de organización la Constitución norteamericana y proponía atraer inmigración, desarrollar la agricultura y abrir el país a los capitales extranjeros. El plan puede discutirse. La escala del razonamiento, no: pensaba en clave de organización regional cuando la Argentina todavía no tenía Constitución.
Los cruces con los políticos y escritores de su tiempo fueron ásperos, sobre todo con Alberdi, la disputa se dio donde correspondía: en los libros. Dos adversarios discutiendo por escrito, en público, el diseño de un Estado. Alberdi escribió Complicidad de la prensa en las guerras civiles de la República Argentina y las Cartas quillotanas; Sarmiento respondió con Las ciento y una, Época preconstitucional y los Comentarios de la Constitución.
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En esa última obra se detuvo en la fórmula “afianzar la justicia”: “…Para tan altos fines la Constitución argentina se propone afianzar la justicia; aunque no se nos alcanza el motivo de la sustitución de la palabra afianzar, sustituida a ‘establecer’ que expresaba mejor la idea, ya de dar seguridad a la administración de justicia, ya de fundar el edificio del poder que debe ejercerla pues si bien la justicia ha existido antes entre nosotros, como en todos los países, el establecimiento del poder, es lo que incumbe solo a la constitución”.
La observación conserva todo su peso. Como sostiene buena parte de la doctrina constitucional, una de las miras centrales del plan de la Constitución es exactamente esa: dar sustento al poder que administra justicia, algo que solo se concreta en la ley de leyes. Sarmiento no discutía una palabra por prurito de estilo, discutía qué es lo que una Constitución funda.
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Enseguida advirtió que el texto constitucional no llega a todos del mismo modo: “La constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican, y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una constitución que asegure las libertades, de acción y de pensamiento; la prensa, la tribuna, la propiedad, etc., y no es difícil que estas comprendan el juego de las instituciones que adoptan”. Leída hoy, la frase incomoda, pero la conclusión que Sarmiento arriba era la de no resignarse a esa desigualdad. La forma de removerla, era por medio de la escuela pública, como respuesta política a ese problema político, y por eso la educación ocupa en su programa el lugar que ocupa: no como obra de beneficencia, sino como condición de funcionamiento del gobierno republicano.
De la república decía que “es, en efecto, un gobierno conocido desde los tiempos más remotos, y que ha venido modificándose con los progresos de la humanidad”. Así, la república no es una forma cerrada que se recibe hecha: se modifica, y se modifica al ritmo de lo que la humanidad va conquistando. Ahí queda ubicada la persona humana, en el centro del proceso constitucional.
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Defendió el sistema representativo con un argumento práctico, porque sabía que era imposible reunir en asamblea a todos los habitantes. Sostenía que estos “…nombran representantes, que van, uno por cada cierto número de habitantes, a expresar en una asamblea la voluntad de sus representados, mediante su ciencia y conciencia propia de los intereses generales”. El representante no vale por el mandato que trae, sino por lo que sabe y por cómo responde. Sin formación, la representación se vuelve un trámite.
Parte de esas ideas terminó cristalizando en el texto constitucional de 1860, y de ahí en adelante en las decisiones que tomó con responsabilidad de gobierno. No fue un pensador que dejó apuntes: fue alguien que gobernó con lo que había escrito.
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Por ello, el homenaje no se agota en el maestro, Sarmiento se agiganta en el debate público, en las ideas de la libertad, en el respeto a la Constitución y, sobre todo, en el progreso. Sus ideas mejoraron la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Hoy, como ayer, debemos seguir el camino que trazó: la “educación” es la polea del progreso, el sustento de la libertad, la herramienta para el desarrollo y el crecimiento.
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