Tierras en manos extranjeras: no importa si es el 15% o el 25%, sino más bien cómo protegemos los intereses estratégicos de la Nación

El debate sobre la propiedad extranjera de tierras rurales volvió a instalarse en Argentina a partir de la propuesta de modificar la Ley 26.737, que establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país. El gobierno propuso elevar ese porcentaje al 25%, pero el proyecto fue rechazado en el Senado.

La discusión no debería ser si el 15 % o el 25 %, sino cómo atraer inversiones defendiendo los intereses nacionales. Somos el octavo país en tamaño más grande del mundo, con tan solo una población de 46 millones de habitantes. Hay tierras de sobra; la cuestión radica más en proteger y limitar en aquellas zonas estratégicas para nuestra Nación.

La discusión suele plantearse en términos extremos: mantener la legislación actual como una cuestión de soberanía o, por el contrario, eliminar las restricciones para facilitar la llegada de inversiones. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que existe un amplio espacio intermedio.

Argentina podría incluso elevar el límite general del 15 % al 25 % sin que eso significara necesariamente poner en riesgo sus recursos estratégicos, siempre que mantenga restricciones especiales y límites territoriales mucho más estrictos en aquellas zonas donde estén involucrados intereses nacionales sensibles: fronteras, grandes reservas de agua dulce, nacientes y cuencas hídricas, minerales estratégicos, bosques, puertos y corredores logísticos.

Y hay un dato fundamental para comprender la verdadera dimensión de esta discusión: Argentina está hoy muy lejos de alcanzar siquiera el límite vigente.

Según los últimos datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 existen aproximadamente 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Esto representa alrededor del 5% de las tierras rurales del país. Es decir, con un máximo legal del 15%, actualmente se utiliza solamente alrededor de un tercio de ese cupo.

Por esa razón, aumentar el techo nacional no produciría por sí mismo una transformación inmediata de la estructura de propiedad de la tierra argentina. Entre el aproximadamente 5% actual y un eventual 25% existiría un margen enorme que difícilmente podría ocuparse de manera rápida.

El verdadero problema no es este, sino que está en otro lado. El 5% nacional esconde grandes concentraciones locales. Mirar exclusivamente el promedio nacional puede conducir a una conclusión equivocada.

Ninguna provincia argentina supera actualmente el 15 % de extranjerización. Las de mayor proporción son Salta, con aproximadamente 11,4 %; Misiones, con 11,3 %; y San Juan, con alrededor de 10,4%.

Sin embargo, cuando se observa el territorio, municipio por municipio, la situación cambia radicalmente.

Actualmente, existen 31 municipios que superan el 15 % de tierras rurales en manos extranjeras y 14 que incluso superan el 25%.

San Carlos, en Salta, alcanza aproximadamente el 59,8%; Molinos, también en Salta, 57,8%; General Lamadrid, en La Rioja, 56,7%; Lácar, en Neuquén, 54,2%; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, supera el 50%.

En Iguazú, Misiones, alrededor del 40% de la superficie rural está extranjerizada. Ituzaingó, Corrientes, llega aproximadamente al 34%.

Esto demuestra que el principal desafío argentino no necesariamente está en determinar si el límite nacional debe ser 15% o 25%, sino en impedir concentraciones excesivas en determinadas zonas estratégicas.

Brasil, un ejemplo interesante en Latinoamérica a seguir.

Brasil ofrece un buen punto de comparación porque es la mayor economía de América Latina, una potencia agroindustrial y, al mismo tiempo, un país particularmente cuidadoso respecto de la propiedad extranjera de sus tierras rurales.

La legislación brasileña no prohíbe la inversión extranjera en tierras, pero establece importantes restricciones.

Entre ellas, las propiedades rurales pertenecientes a extranjeros no pueden superar en conjunto el 25% de la superficie de cada municipio. Además, existen límites adicionales por nacionalidad: propietarios de una misma nacionalidad extranjera no pueden concentrar más del 40% de aquel cupo, equivalente al 10% de la superficie municipal.

Brasil demuestra así que fomentar la inversión extranjera y proteger la propiedad nacional de la tierra no son objetivos incompatibles.

Es perfectamente posible permitir la entrada de capital extranjero y simultáneamente establecer límites territoriales destinados a evitar una concentración excesiva. Argentina podría seguir una filosofía similar.

Los países desarrollados también protegen su tierra

La existencia de restricciones tampoco es una particularidad latinoamericana.

Australia permite importantes inversiones extranjeras en agricultura y aproximadamente el 13% de sus tierras agrícolas presenta algún grado de propiedad extranjera. Sin embargo, las adquisiciones relevantes están sometidas al sistema de revisión de inversiones extranjeras y pueden requerir aprobación estatal en función del interés nacional.

Nueva Zelanda considera determinadas tierras como “tierras sensibles”. Las adquisiciones extranjeras están sometidas a autorización y, en el caso de tierras agrícolas, existen mecanismos destinados a garantizar que los neozelandeses tengan oportunidad de adquirirlas.

Canadá presenta restricciones incluso más severas en algunas de sus principales provincias agrícolas, limitando a no más de 4 a 20 hectáreas, aunque existen procedimientos de excepción.

Estados Unidos no posee un límite federal general equivalente al argentino, pero numerosos estados han establecido restricciones a determinadas inversiones extranjeras, especialmente cuando se trata de tierras agrícolas o propiedades cercanas a instalaciones estratégicas. A nivel nacional, los extranjeros tienen intereses sobre aproximadamente el 3,6% de las tierras agrícolas privadas estadounidenses.

Por lo tanto, proteger determinados territorios no es una política incompatible con economías abiertas ni con países receptores de grandes cantidades de inversión extranjera.

Argentina necesita inversión, pero también criterios estratégicos. La inversión extranjera puede aportar capital, tecnología, infraestructura, producción, exportaciones y empleo.

Una empresa extranjera que compra un campo para producir vino, forestar, desarrollar agricultura, ganadería o instalar una industria no debería ser considerada automáticamente una amenaza para la soberanía nacional. Pero tampoco todas las hectáreas tienen el mismo valor estratégico.

Mil hectáreas productivas en una región agrícola no necesariamente representan el mismo interés nacional que mil hectáreas que controlan el entorno de un lago cordillerano, una naciente de agua, un paso fronterizo, una reserva mineral estratégica o un acceso logístico fundamental. Ahí debería estar el centro de una legislación moderna.

Argentina podría elevar el límite general de propiedad extranjera del 15% al 25%, siguiendo un criterio más abierto a la inversión, pero manteniendo, e incluso fortaleciendo, límites específicos en determinadas regiones.

Podrían establecerse categorías especialmente protegidas para zonas de frontera, reservas de agua dulce, glaciares y cuencas estratégicas, territorios con minerales críticos, determinados bosques nativos y áreas vinculadas a puertos o infraestructura esencial. Y, sobre todo, debería mantenerse algún tipo de límite a nivel provincial o municipal.

El último desglose amplio por nacionalidad mostró a Estados Unidos, Italia y España como los principales países de origen de los propietarios extranjeros de tierras argentinas.

Una legislación más abierta podría perfectamente estar acompañada de un registro público más transparente que permita conocer las transferencias de propiedad y monitorear las concentraciones territoriales en tiempo real.

La apertura y el control no son conceptos contradictorios. Ambos pueden ir de la mano para beneficio de nuestro país.

El debate entonces no debería reducirse a elegir entre “prohibir a los extranjeros” o “permitirles comprar la cantidad de tierras que quieran”.

Argentina tiene actualmente alrededor del 5% de sus tierras rurales en manos extranjeras, cuando la ley admite hasta el 15%. Hay, por lo tanto, un margen considerable para nuevas inversiones aun sin modificar la legislación.

Elevar ese máximo al 25% tampoco constituiría necesariamente una amenaza si se conservaran límites territoriales fuertes y una protección especial sobre recursos estratégicos.

Brasil, con su límite del 25% a nivel municipal, demuestra que una gran potencia agrícola puede recibir capital extranjero y simultáneamente proteger la propiedad de su territorio. Tal vez ese sea el equilibrio que Argentina debería buscar.

No se trata de cerrar las puertas al capital extranjero. Nuestro país necesita crecer, desarrollar minería, energía, agricultura, turismo e infraestructura. Necesitamos inversiones al igual que cualquier país.

Pero la tierra tiene una particularidad que la diferencia de una fábrica, una acción o un bono: no se puede trasladar y es un recurso finito.

Por eso una política inteligente debería permitir invertir, producir y generar empleo, pero reservar al Estado argentino la capacidad de establecer que determinadas tierras, por su ubicación, sus recursos naturales o su importancia estratégica, merecen una protección especial.

El verdadero debate no debería ser entonces si seguir con el 15% o aumentar al 25%. Debería ser cómo atraer más inversión sin perder el control sobre aquellos lugares que, por razones geográficas, ambientales, económicas o estratégicas, forman parte de los intereses permanentes de la Nación.