La inteligencia artificial no reemplaza al abogado: pone a prueba su criterio

El 9 de julio de 2026, la University of Chicago Law School publicó un documento institucional que probablemente marque un punto de inflexión en la enseñanza del Derecho. Bajo el título “AI Strategy Statement: Rethinking Legal Education in the AI Era”, una de las facultades de Derecho más prestigiosas del mundo anunció una profunda revisión de su modelo educativo frente al avance de la inteligencia artificial.

Lo más llamativo no fue lo que decidió prohibir, sino lo que decidió preservar.

Mientras gran parte del debate público gira alrededor de si la inteligencia artificial reemplazará o no a los abogados, la Universidad de Chicago planteó una pregunta mucho más importante: ¿cómo formar profesionales capaces de pensar por sí mismos cuando una máquina puede producir respuestas jurídicamente plausibles en cuestión de segundos?

La respuesta no fue eliminar la inteligencia artificial de las aulas. Tampoco convertirla en el eje de la enseñanza. Su propuesta fue más exigente: enseñar a los futuros abogados a pensar con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial y sobre la inteligencia artificial.

Durante décadas, buena parte de la formación jurídica consistió en aprender a buscar información, interpretar normas, redactar escritos y construir argumentos. Hoy, una herramienta de inteligencia artificial puede realizar muchas de esas tareas con una velocidad y una calidad impensadas hace pocos años.

Pero existe una diferencia decisiva entre producir una respuesta y comprenderla.

Un escrito impecablemente redactado no garantiza que quien lo presenta haya desarrollado el razonamiento que lo sustenta. Una argumentación jurídicamente correcta tampoco demuestra que exista criterio para advertir cuándo esa misma inteligencia artificial omite un precedente relevante, interpreta erróneamente una norma o construye una conclusión convincente, aunque equivocada.

Ese es, probablemente, el mayor desafío que enfrenta hoy la educación jurídica.

La Universidad de Chicago parte de una premisa tan simple como profunda: el verdadero riesgo no consiste en que los estudiantes utilicen inteligencia artificial. El riesgo aparece cuando dejan de desarrollar las capacidades necesarias para controlar, cuestionar y, si es necesario, corregir aquello que la inteligencia artificial produce.

Por eso decidió fortalecer métodos que exigen presencia, razonamiento y exposición personal. En las materias fundamentales del primer año se privilegiará nuevamente el debate en el aula, el método socrático, los exámenes presenciales sin acceso a internet y la limitación del uso de dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, reconoce que los abogados utilizarán inteligencia artificial en el ejercicio profesional, por lo que incorpora formación específica sobre su utilización responsable, eficaz y ética.

Ese cambio de perspectiva tiene consecuencias que trascienden el ámbito universitario.

El verdadero diferencial profesional ya no estará únicamente en redactar mejor que una máquina, sino en ejercer aquello que ninguna herramienta puede asumir por sí sola: el juicio estratégico, la comprensión del conflicto, la evaluación de riesgos, la decisión entre alternativas posibles, la responsabilidad ética y profesional y la capacidad de explicar y defender una posición frente a un juez, un cliente o una contraparte.

La inteligencia artificial puede asistir el análisis. No puede asumir la responsabilidad por una decisión.

Cada escrito judicial, cada estrategia procesal, cada negociación y cada opinión profesional producen consecuencias concretas sobre derechos, patrimonio, libertad y reputación de las personas. La decisión final siempre tendrá un responsable humano.

La verdadera pregunta ya no es si la inteligencia artificial reemplazará a los abogados.

La verdadera pregunta es si estamos formando profesionales capaces de ejercer criterio cuando las respuestas parecen venir ya elaboradas.

La decisión adoptada por la University of Chicago Law School invita a replantear esa cuestión desde una perspectiva institucional. No propone enfrentar la tecnología. Tampoco idealizarla. Propone preservar aquello que constituye la esencia de la profesión jurídica mientras incorpora las herramientas que transformarán su ejercicio.

La inteligencia artificial seguirá evolucionando. Los programas cambiarán y aparecerán nuevas plataformas. Lo que no debería cambiar es la capacidad del abogado para pensar de manera independiente, cuestionar una respuesta aparentemente perfecta y asumir personalmente las consecuencias de la decisión que finalmente adopte.

Porque la inteligencia artificial podrá redactar escritos cada vez mejores.

El criterio para decidir cuándo esos escritos son correctos seguirá siendo, al menos por ahora, una responsabilidad exclusivamente humana.

Jorge Monastersky

Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (U.M.S.A.).

Posgrado en Derecho Procesal Penal.

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